Vocero presidencial dice que justicia debe actuar con celeridad contra líderes del paro en Santa Cruz

“Hay demandas que se han presentado contra Camacho, Calvo y Cuellar, por los daños a Santa Cruz durante 36 días de paro y que ellos a eso le llaman persecución política”, dijo Jorge Richter

Tras la denuncia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de que el Gobierno estaba preparando una nueva arremetida contra el departamento y su dirigencia, este sábado por la mañana el vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que la justicia debe trabajar con celeridad en los procesos contra los líderes del paro en Santa Cruz, a los que responsabiliza por las muertes ocurridas y por un daño económico de 1.200 millones de dólares por la medida de presión que en principio exigía la realización del Censo y posteriormente, la aplicación de sus resultados en la redistribución de recursos y en las elecciones del 2025.

“Vamos a insistir en esto, es decir, que la justicia tiene que ser más rápida, más diligente, actuar con celeridad porque hay una población que está esperando y aguardando pacientemente, con angustia en otros momentos, de que aquellos que han hecho o que quieren hacer de ese espacio territorial un espacio sin justicia, pues, decirles de que esto no va a suceder”, señaló este sábado Richter en Kawsachun Coca.

El vocero señaló que se han presentado demandas contra el gobernador de Santa Cruz, contra el presidente cívico, Rómulo Calvo y contra el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por “los daños durante 36 días de paro”. “Ellos a eso le llaman persecución política porque quieren un espacio de impunidad”, señaló Richter.

Mediante un pronunciamiento público, el Comité pro Santa Cruz denunció este sábado que el Gobierno de Luis Arce “utiliza” a la justicia como un “brazo represor” contra los líderes de esa región “en el afán de revanchismo y odio” por las movilizaciones por el Censo.

A decir del vocero presidencial, denuncias como las que surgen desde los cívicos cruceños, son “un arco de defensa” que “llaman persecución política para tratar de preservar su impunidad”.

“Se movilizan y se camuflan diciendo que se está atacando a Santa Cruz -decía el gobernador con toda la desfachatez que lo caracteriza- como si fuéramos una sociedad violenta, y no es la sociedad cruceña, es esta dirigencia que ha cooptado y que ha imaginado que pueden hacer absolutamente lo que quieren sin que no les ocurra nada”, dijo.

En su análisis, el vocero se refirió a los alcances de la protestas cruceña y aseguró que tenía los mismos argumentos que se usaron durante las protestas por la anulada ley de ganancias ilícitas y la crisis de 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

“Quieren libre ejercicio por fuera de la ley de todo lo que a ellos les parece, disfrazada de libertad, democracia, igualdad, justicia para poder tratar de cambiar un gobierno, de alcanzar el poder y de instalar algo que para ellos pueda ser manejable”, señaló Richter.

La Fiscalía General del Estado confirmó el jueves que admitió tres denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar por el paro.

En ese contexto, los cívicos cruceños se declararon en “estado de emergencia y alerta permanente” para exigir “el cese de la persecución política” y pidieron al “pueblo cruceño” estar atentos al llamado para “defender en las calles” a su dirigencia.

“Por eso les gusta el estado federal o la independencia de Santa Cruz como algunos dicen, poderse manejar entre ellos y marginar de nuevo con jerarquías al resto de la población y eso no va ocurrir, el Estado Plurinacional está fuertemente asentado en el país y la conciencia del movimiento social y popular tendrá la fuerza de superar inclusive cualquier situación de tensionamientos internos también”, sostuvo.

Como en anteriores oportunidades, y para reforzar sus argumentos, Richter también se refirió a las pérdidas económicas que el gobierno cifró por el paro en $us 1.200 millones.

“Ese daño económico, el primero de esta magnitud en la historia de nuestro país, tiene que tener responsabilidad. Y esto, más pronto que tarde, vamos a encontrar de que la justicia tendrá que dar una respuesta a la gente”, señaló.

En ese contexto, advirtió que “no habrá un tiempo de impunidad infinito para las personas que generaron la ruptura de 2019, este intento también de ruptura y de golpe de Estado en 2022 y estas muertes que cada vez que ellos intervienen y aparecen, acto seguido, a colación de sus acciones”.

El gobernador cruceño también enfrenta un proceso por la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, en la crisis del 2019.

Fuente/unitel.bo