Violación en la Uagrm destapa falta de mecanismos para denunciar acoso sexual

Un solo caso ha llegado a la justicia y revela la impunidad de los acosadores y la desprotección de las víctimas en la universidad pública. Las estudiantes lidian con el acoso sin vías de denuncia y con miedo.

Las estudiantes lidian con el acoso sexual en la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz en silencio, sin mecanismos de denuncia y con miedo. Un solo caso que llegó a la justicia revela que la impunidad puede escalar hasta crímenes violentos.

Eso “no fue acoso sexual…, fue una conversación por chat donde yo no le exigía nada, solo le manifestaba a la muchacha una propuesta que ella rechazó de plano, y yo pedí disculpas”, dice el docente Walter B.P. como descargo escrito dirigido a la dirección de carrera de Trabajo Social de la Uagrm el 5 de febrero de 2021. En su perfil de Linkedin aparece como profesor en otras dos universidades privadas.

En esa misma carta, la propuesta que admite haber hecho a una estudiante convaleciente de Covid-19 es: “Cuando sane, podíamos vernos y tener relaciones en un alojamiento” (sic). Y otra oferta enlazada: subir su calificación de 66 puntos a 70.

Rodrigo Olmos, dirigente estudiantil de la carrera, denunció el hecho y pidió intervención de la dirección, cuya respuesta fue que no tenía atribuciones para actuar. En el mismo sentido se pronunció el Consejo Facultativo al que acudió posteriormente.

“Así llegué al Tribunal de Justicia Universitaria. Me dijeron que la compañera tenía que ir personalmente. Yo dije que lo estaba llevando de oficio. Admitieron (la denuncia). Notificaron al docente. Vinieron las elecciones y suspendieron a los vocales. Todo se paralizó hasta hoy. La compañera, que era de primer año, se cansó”, dice Olmos. También acudió a la Defensoría Universitaria y la respuesta fue que no recibían esas denuncias.

La mayoría de las instituciones universitarias en el país no cuenta con protocolos de atención para casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual, dice la Agenda 2021-2025 de la Red Universitaria de Lucha Contra la Violencia Contra las Mujeres.

“Es importante resaltar la cultura de NO denuncia de las estudiantes…, lo que tiende a encubrir la realidad de las universidades”, documenta la red. Y no tiene que ver con que ellas sean minoría, los datos oficiales muestran que las mujeres son el 51% y los hombres el 49% en el estudiantado. Entre los docentes, los hombres son más (67%) que las mujeres (33%).

El director jurídico de la Uagrm, Jaime Saldías, explica que no existen casos por acoso sexual, al margen del conocido en junio pasado con dos universitarias de Yapacaní. “Conocimiento oficial de otros casos no tenemos porque, por la característica de estos delitos, cuesta que las víctimas sienten denuncia formal”, comenta.

Pero el hecho es frecuente en la Uagrm, al punto que entre 2018 y 2019 un grupo de universitarias realizaron performances y pintaron murales para exponer esa violencia que viene principalmente, no únicamente, de los docentes varones.

La campaña “trapitos al sol” interpeló a la comunidad universitaria con tendederos de ropa de mujer junto a frases impresas que escuchan decir a los docentes: “una alumna debería vestir decentemente”, “una mujer tiene que darse a respetar”, entre otras. A la vez había una fuerte crítica: “El docente encuentra gracioso pedirme que me vaya de minifalda frente a mis compañeros”, “El docente cree que fuera de la universidad no es delito”.

María José Yaveta, de la Colectiva Feminista Universitaria que impulsó esta actividad, dice que el acoso sexual es un secreto a voces, pero las autoridades lo niegan y no existen registros ni se procesan las denuncias. “La gran mayoría de casos no llega a denunciarse, las compañeras tienen miedo justificado porque, en el caso por el que se formó la colectiva, el docente de Humanidades denunciado, en vez de ser retirado, fue cambiado a Ciencias de la Salud”, dice.

Stefany Pinto, auxiliar de docencia y activista del colectivo Marea Morada, explica que “en la universidad todo se maneja políticamente”. Los docentes y estudiantes eligen a sus respectivas autoridades, quienes cogobiernan sobre todos los aspectos internos, y “si los docentes (acosadores) están bajo su línea política, los protegen”.

El decano de la Faichi

En la web de “la Gabriel” se lee que es la universidad más grande del país, con más de 100 mil estudiantes en sus 18 facultades que funcionan en 16 localidades del departamento de Santa Cruz.

En una de esas localidades, en mayo, se originó el crimen contra dos universitarias de la Facultad Integral Chiquitana (Faichi) que derivó en la detención preventiva del decano Carlos V.C. y el docente Rider C.M. Ambos ahora en Palmasola imputados por “violación agravada en estado de inconsciencia y lesiones leves y graves”.

Las estudiantes son de la unidad de Yapacaní, provincia Ichilo, pero ambas fueron convocadas por el decano y el docente a un domicilio en el barrio Los Lotes, en la capital cruceña, supuestamente para recoger una documentación. “Una de ellas tenía cinco laceraciones en la cabeza. Las han agredido, han usado violencia, y tiene coincidencia con el relato de otras estudiantes de San Ignacio de Velasco”, dice la abogada Patricia Patiño, en referencia a una adhesión al proceso penal, del pasado 3 de agosto, de otras víctimas de Carlos V.C.

“Ellos no son solo sospechosos…, son probablemente autores”, dice el abogado Romel Ípamo Saravia, representante de ambas estudiantes.

La dirección jurídica de la Uagrm es parte coadyuvante en este proceso, ha designado a dos abogados para hacer seguimiento y ha dispuesto apoyo psicológico para las universitarias, que hasta ahora no se concreta. “Les cuesta recibir ayuda o terapia psicológica, les cuesta volver a su vida normal, su asistencia (a clases) es irregular por vergüenza y otros factores”, dice Ípamo.

Tanto con las estudiantes de Yapacaní como con las de San Ignacio de Velasco, las denunciantes ante la justicia son docentes. Las estudiantes tienen miedo y su abogada Patiño considera que carecen de respaldo de las autoridades internas.

El departamento jurídico de la Uagrm permitió a Página Siete el acceso a parte del archivo de Carlos V.C. Hace ocho años fue sometido a un proceso por incumplir horas académicas y por denuncias de acoso sexual, incluso con docentes de testigos, hechas en diciembre de 2012, enero de 2013 y julio de 2013.

La denuncia de la estudiante, de enero de 2013, dice que el hostigamiento comenzó cuando ella viajó a trabajar en vacaciones a Santa Cruz de la Sierra. Carlos V. C. acudió casualmente al lugar la primera vez, explica ella en una carta, “invitándome a salir… a cambio de verme favorecida con buenas calificaciones en todas las materias… no veo cómo deshacerme de su asqueroso asedio”. En la denuncia de julio de 2013, las afectadas comunicaron que el susodicho las invitaba a su hotel “si querían arreglar sus notas”.

El 10 de julio de 2013, el Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Contaduría Pública resolvió “remover de su cargo” a Carlos V.C. porque solo pasó 18 horas de clases de un total de 96 programadas. El documento no menciona en los considerandos las denuncias de acoso sexual, es como si no hubieran sido parte del proceso interno.

Un año más tarde, él solicitó reponer su carga horaria y el “daño económico ocasionado a mi hogar”. En 2019, la Faichi recategoriza y promueve a Carlos V.C. como docente “titular A”, y para hacerlo toma en cuenta su antigüedad desde marzo de 2012, lo que implica que cuando fue removido de su cargo no perdió antigüedad.

Con la pandemia, las clases presenciales disminuyeron y aún están vigentes las sesiones virtuales. Y el hostigamiento persiste porque algunos docentes piden a las estudiantes colocar foto de cuerpo entero en su WhatsApp, ex-plica Rodrigo Olmos. O contactan a las que están en las sesiones de Zoom, dice Stefany Pinto, como le sucedió a una estudiante que apoya, cuyo docente ensalzó la decoración de su habitación y avanzó a decirle que en cualquier problema podía contar con él y otras insinuaciones.

“La gran mayoría de casos de acoso sexual en la Gabriel no llegan a denunciarse, las compañeras tienen miedo justificado”.

María José Yaveta, Colectiva

“Conocimiento oficial de otros casos no tenemos, por la característica de estos delitos, cuesta que las víctimas sienten denuncia”.

Jaime Saldías, Uagrm

Fuente/paginasiete.bo