En junio pasado Yolanda Orozco falleció de sobredosis por una pérdida de una de las cápsulas que llevaba en su estómago. La defensora oficial Clarisa Galán invitó a replantear la persecución del tráfico de drogas.
El nombre de Yolanda Orozco ya no resuena en la vida pública salteña, pasado el impacto inicial del hallazgo de su cuerpo, el 21 de junio último, abandonado entre unos pastos al costado de la ruta provincial 26 a minutos de la ciudad de Salta, en el departamento Cerrillos, zona de valles.
La investigación determinó rápidamente que transportaba 78 cápsulas de cocaína en su estómago y la pérdida de una de ellas le provocó la muerte por sobredosis. Además, llevaba casi un kilo de la misma droga adosada a su cuerpo. También se comprobó que tenía antecedentes de “capsulera”, “mula”, correo humano para el transporte de estupefacientes.
La fiscal provincial de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mónica Poma, que intervino inmediatamente tras el hallazgo del cuerpo, dio participación al Ministerio Público Fiscal federal por la cuestión de la droga. Aunque el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que Poma continúa investigando lo atinente a la muerte, a la o las personas que la abandonaron en la ruta. Pero como la fiscala provincial decretó el secreto de las actuaciones, no hay más información sobre la investigación.
Se sabe muy poco de Yolanda, como si la muerte la hubiera querido llevar como vivió, tratando de pasar desapercibida, para poder ejercer la actividad que finalmente la mató: oficiar de correo humano para el transporte de drogas.
Yolanda, de 32 años, había nacido en la frontera. Era oriunda de Yacuiba en el paso internacional que une a Bolivia con Argentina. Por una hermana que vino a buscar su cuerpo se supo que tenía tres hijos y que la mayor habló con una mujer que llamó a la familia para avisar que la joven estaba muy mal, y luego no tuvieron más comunicaciones. La familia apunta a una mujer de Yacuiba.
Aún adolescente, Yolanda fue detenida por las autoridades argentinas el 24 de octubre de 2007, cuando transportaba 154 cápsulas de cocaína y se manejaba con un documento de identidad adulterado. Como era menor de edad la declararon responsable y la eximieron de la pena.
Luego, cuando ya era mayor de edad, fue detenida otra vez, en Tucumán, y fue condenada a cuatro años de prisión. Cuando murió llevaba apenas tres meses fuera de la cárcel, donde había conocido a su pareja.
Cápsulas otra vez
La modalidad de transporte de estupefacientes en cápsulas había caído antes de la covid-19, pero la pandemia también incidió en el narcotráfico y una vez liberado el tránsito y las fronteras internacionales, se retomó esta práctica, explicó a Salta/12 Clarisa Galán, coordinadora de la defensa oficial federal en Salta y Jujuy.
La defensora aclaró que no es “una especialista en la lucha contra el narcotráfico”, pero por su función está en condiciones de afirmar que hubo “un incremento de este tipo de modalidad de transporte de estupefacientes o de cómo se está moviendo el estupefaciente, sobre todo con la utilización de gente realmente de condiciones sociales, culturales, familiares, personales de extrema vulnerabilidad”.
Galán especuló con que el aumento de esta modalidad “tiene mucho que ver con que durante mucho tiempo (…) estuvieron cerradas las fronteras y debe haber habido una acumulación si se quiere de estupefaciente que quedó como quieto”, y ahora que se reabrieron las fronteras “están mandando yo creo que toda la droga que estuvo frenada todo este tiempo sin poder moverse y entonces están captando mujeres para hacer estos traslados”. Entonces “el gran narcotráfico lo que está haciendo es agarrarse de cualquier cosa, digo cosa en términos casi literales porque para ellos las personas, los humanos, sobre todo las personas que son utilizadas como correos humanos, son claramente cosificadas para hacer este traslado”.
Otra característica que se notó en este último tiempo es la gran cantidad de mujeres detectadas transportando drogas a pequeña escala, adosada a su cuerpo o en su interior. La defensora lo explicó: “por definición, por su condición de género, conforme lo establecen las Reglas de Brasilia, donde se dan pautas de cuáles son las personas con mayores características de vulnerabilidad, las mujeres ya parten de una situación de mayor vulnerabilidad”, porque “tienen generalmente los deberes de cuidado a su cargo”, que abarcan “el cuidado de sus hijos, de los familiares enfermos, cuidado de padres”.
Con la experiencia de su defensoría, Galán calculó que el 90% de las mujeres en conflicto con la ley penal es por droga. Salta tiene desfederalizado el microtráfico, pero la justicia provincial no discrimina los datos de las personas detenidas por género. La defensora federal describió que por lo general las mujeres son usadas como correos o para acompañar a un hombre, utilizadas en este caso “para evitar los controles”.
Galán destacó que como defensora trata de visibilizar esta situación. Pero, opinó que “no hay lucha contra el narcotráfico real en tanto que nos quedemos solo con los correos humanos, (mientras) se reaccione con posterioridad y se castigue a estas personas cuya dignidad humana está prácticamente conculcada, y además, con esta situación de pobreza que se agravó muchísimo también por el covid”. “En rigor de verdad quienes deben ser perseguidos para desestructurar el narcotráfico son aquellos que las cooptan”.
Estado de necesidad
El deber de cuidado que recae sobre las mujeres les dificulta el acceso a trabajos formales e informales y en la pandemia “las mujeres son aquellas que tienen que terminar saliendo a cubrir esas necesidades, y es ese estado de necesidad el que es aprovechado por el narcotraficante”.
La defensora puso como ejemplo a seis mujeres detenidas en días cercanos a la muerte de Yolanda Orozco, cuando viajaban en un ómnibus de un tour de compras desde la ciudad de Orán a Buenos Aires. Cinco llevaban cocaína adosada a sus cuerpos o en sus calzados y la sexta fue señalada como la organizadora del grupo. Sus historias son “una más triste que la otra”, destacó la defensora. El marido de una de ellas “murió por covid y ella quedó a cargo de sus hijos”, otra con “hijos que han fallecido también, o familiares enfermos, es casi un patrón personal y de situación social y cultural que se va a repitiendo”.
E insistió en que sobre todo las mujeres “salen a responder con las necesidades básicas insatisfechas”, como “la alimentación, ya ni siquiera hablamos de la educación, directamente la alimentación” y ante la necesidad reciben “ofrecimientos paupérrimos de dinero” por el transporte de drogas. “Son el último eslabón, son las que están más expuestas, y en condiciones además ultra precarias inclusive para la distribución de la droga”.
Destacó que la desvalorización de estas vidas es tal que en el caso que usó de ejemplo “utilizaron cinco, seis mujeres para transportar 5 kilos de cocaína”, que “si bien no es poco, para las cantidades que estamos acostumbrados acá a ver en el norte de ingreso por la frontera de droga, realmente la utilización de cinco mujeres para esta cantidad es demostrativa de lo poco que vale la libertad y la vida de estas mujeres”. Porque “las penas para ellas son altísimas y van a estar posiblemente muchos años presas, con sus familias en una situación mucho peor de la que ellas dijeron tratar de mitigar”.
La defensora señaló que generalmente el narcotráfico contacta a estas mujeres en lugares de trabajo precarizados, como ferias de trueque, puestos de venta de frutas, comidas o jugos. O las buscan en los hospitales, porque los narcos van “adonde está la gente desesperada”. “El narcotráfico funciona, así como lo peor del capitalismo también, o sea, toman las reglas del mercado legal, se vale también de mano de obra más barata, porque ante la desesperación, gente que no sabe leer, que no fueron al colegio, que jamás van a poder alcanzar otro trabajo, también son mucho más vulnerables, mucho más fáciles de captar y oponer resistencia también”.
NOTA DE APOYO
La perspectiva de género es dfinitiva
La breve vida y la muerte de Yolanda Orozco exhibe las falencias de la persecución del delito en Argentina. Dos veces el sistema puso sus ojos sobre ella y hasta la encerró, pero la devolvió a la misma vida que la había llevado a la cárcel. “Qué pasó que esta chica, estuvo presa y la cárcel no sirvió para… al contrario, lejos de servirle para resocializarla, la hundió más todavía en la desesperación que la llevó a hacer lo mismo que finalmente terminó con su vida”, reflexionó Clarisa Galán.
Asimismo, la defensora sostuvo que “tiene que existir una perspectiva de género para poder visibilizar cuáles son las reales dificultades o vallas que se tienen en las mujeres no solo por su contexto social, sino por ser mujer”, porque entre una mujer pobre y un hombre pobre, “el hombre tiene muchas más herramientas para poder manejarse aunque sea dentro de ese sistema de pobreza”.
Consideró que hace falta instruir sobre esto “y visibilizar criterios, y usar y tomar decisiones con perspectiva de género que puedan visibilizar esas diferencias”. Y dado que en el derecho penal “la pena se construye con la culpabilidad y con la libertad que uno tiene de elegir una conducta alternativa de derecho, entre dos personas que están en la misma situación de pobreza, por ejemplo, cuánto menos libertad para elegir una conducta alternativa de derecho tiene la mujer desde el momento en que por lo pronto para paliar esas necesidades básicas insatisfechas tiene muchos recursos. Y eso lo sabe el narcotráfico por eso se aprovecha de eso”.
“Si no se visibilizan estas cuestiones la lucha contra el narcotráfico cae en saco vacío”. La solución “no va” por la detención de las correos porque “atrás de esas mujeres, además de lo injusto que podría ser, hay miles de personas en esa situación que van a ser utilizadas por quien las endosó de una manera totalmente inhumana”. Es decir que “no valen nada la vida de esas mujeres, la libertad, y la vida porque en definitiva van a quedar acá presas cuatro años sin poder ver” a sus hijos. “Semejantes valores, la vida, la dignidad humana, se pierden o se ponen en riesgo por un kilo de droga que para el narcotraficante no es nada”.
“Estas mujeres son totalmente despersonalizadas, para ellos no es una mujer con nombre y apellido, es un correo humano, es una mula, más allá de que no sea capsulera, es una mula porque el cuerpo de esa mujer es utilizado de una manera totalmente despersonalizada, por quizás 200 dólares que para el narcotráfico no vale nada”.
Hablando de desprecio por la vida, la defensora volvió a Yolanda Orozco: “El mensaje, lo que comunica, la tiraron como a un perro en la ruta, es la despersonalización, la indignidad absoluta de su cuerpo, es como, obviamente que las capsuleras son la peor expresión de las mulas, de tener el cuerpo como mero traslado”. Su situación económica es tan precaria que solo tienen defensas oficiales, y “si (los narcotraficantes) les ponen un abogado generalmente es para controlar que no manden al frente a nadie”. “Entonces las dejan así, a la deriva, casi que tiradas en la ruta, lo que pasó con esa chica es obviamente la expresión más cruenta pero en definitiva simbólicamente es lo mismo con estas chicas, totalmente abandonadas a su suerte”.
“En el mundo hay que plantear la lucha contra el narcotráfico, a quién vamos a perseguir, si la elevación de penas tiene algún sentido, porque acá se elevaron las penas, se sacaron las libertades condicionales, ya nadie puede acceder, un homicida puede tener libertades condicionales o a beneficios de la progresividad de la pena en términos de la reinserción social, pero si sos mula, no”. Y con esto se logró que las penas de drogas sean “altísimas pero las únicas que están expuestas a eso son este tipo de personas, son a las que mandan con el contacto con la droga”, sostuvo la defensora.
Otra vez sobre Yolanda, dijo que siente tristeza por “la imposibilidad de salir de ese círculo, porque la modalidad de las cápsulas es meterte una bomba adentro”. “Cada cápsula que se traga es como una ruleta rusa”. Y se preguntó “cuánto poder de decisión tuvo realmente como para volver y asumir una conducta que le llevó la vida”.
Bolivia replica modelo punitivo sin respuestas
Los mismos sesgos evidenciados en el sistema judicial argentino y el planteamiento de persecución al narcotráfico se replica en Bolivia, donde jóvenes de apenas 27 años pueden ser enviados a prisión 10 años por transportar un kilo de marihuana, que es legal en muchos países del entorno, mientras algunos de los grandes capos del narcotráfico nacional, perfectamente identificados, se mantienen en libertad en diferentes litigios.
Por lo general, las causas contra algunos de los más importantes operadores del mercado ni siquiera se abren por narcotráfico, sino por legitimación de ganancias ilícitas o alzamiento de bienes. Hacer ostentación en las redes puede salir más caro que afectar a las familias.
La Ley 1008, con sus penas y su tipificación, sigue vigente a todos los efectos en el país aun con las reformas edulcoradas. La realidad es que se sanciona más al transportista que al productor. Es recurrente escuchar al líder de la oposición, Carlos Mesa, hablar sobre abrir un debate sobre la penalización de las drogas, sin embargo, la propuesta no madura.
Fuente/elpais.bo
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