Otras casas de estudios superiores se declaran en emergencia ante la conminatoria. Se solicitó los nombres de quienes participaron en las movilizaciones de 2019 en Bolivia.
Una comisión jurídica de la Universidad Autónoma Tomás Frías emitirá una respuesta al requerimiento que la Fiscalía de Potosí realizó sobre los nombres de los estudiantes y docentes que ocupaban cargos jerárquicos durante las movilizaciones de 2019. Mientras tanto, universidades del sistema público también se han declarado en emergencia.
El martes se instaló una reunión de Consejo Universitario en la que se comenzó a evaluar la conminatoria, disponiendo un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se recibirá el informe de la instancia que analizará la pertinencia legal del pedido del Ministerio Público.
“Al tratarse de una información en la que la universidad debe tener una posición, se ha convocado a un consejo universitario, y una vez analizada la participación de todos los involucrados, se ha declarado un cuarto intermedio”, explicó el rector Pedro López.
Al respecto, otras casas de estudios superiores se declaran en emergencia, tal el caso de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que emitió un pronunciamiento en el que condena la violación de derechos, expresa solidaridad y dispone una alerta ante cualquier medida que pretenda vulnerar los derechos amparados en la Constitución.
El martes se conoció que la Fiscalía de Potosí solicitó a la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) los nombres completos y documentación de los estudiantes y docentes que participaron de las movilizaciones de 2019.
“Se ha derivado este requerimiento fiscal para su análisis a la comisión jurídica, el lunes evaluaremos las conclusiones y tomaremos las acciones y recomendaciones que emita el ente colegiado de nuestra universidad”, acotó el rector.
Fuente/eldeber.com.bo
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