Detención preventiva por un lapso de dos meses es la resolución de la audiencia de medidas cautelares que concluyó pasadas las 21:00 horas de este martes. Queda pendiente la audiencia de los demás investigados.
Luego de una audiencia que duró más de cinco horas en el Juzgado Anticorrupción Segundo de la Capital, pasadas las 21:30 de este martes se determinó la detención preventiva por dos meses en el penal de Morros Blancos para el representante legal de la empresa Convisa, David H.T., uno de los imputados en el proceso que investiga presuntas irregularidades en la construcción del puente 4 de Julio.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, señaló que se logró demostrar riesgos procesales como la obstaculización del proceso, y la probabilidad de autoría de los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Tras la presentación de los argumentos de la Fiscalía y luego de la defensa del sindicado, la autoridad jurisdiccional estableció un lapso de dos meses para la reclusión de este ciudadano, tiempo en el que debe avanzar la investigación que enfrenta.
Inicialmente esta audiencia estaba programada para el 27 de diciembre, sin embargo, la misma fue suspendida en virtud a que la defensa del imputado presentó un certificado médico que establecía que el mismo tenía un cuadro de covid-19.
En diciembre Gutiérrez hizo conocer que la imputación estipulaba la individualización de cargos en contra de seis personas, que a David H. T. se le sumaban los exalcaldes Rodrigo Paz Pereira, Alfonso Lema Grosz, el actual ejecutivo municipal, Johnny Torres Terzo, además de otros ex funcionarios, Ángel I. C. y Ramiro B. R. Sin embargo, solamente para el representante de la constructora se solicitaba la detención preventiva.
La autoridad detalló que para Torres la imputación era por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; para Paz por los mismos y también por contratos lesivos al Estado; Lema por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. por incumplimiento de deberes.
Por un recurso de nulidad presentado en su audiencia del martes 27 de diciembre, la fiscal aclaró que para este grupo de ciudadanos queda pendiente que se fije una nueva fecha. Aunque para todos ellos el Ministerio Público solicita medidas menos gravosas que la reclusión.
Antecedentes
Esta segunda causa se abrió a raíz de una denuncia presentada en 2022 por el abogado Tamer Medina y a la fecha ya se ejecutó la retención de maquinaria de Convisa a fin de garantizar un resarcimiento de daños por las fallas en la obra.
El primer proceso fue gestionado por el Viceministerio de Transparencia por supuestas irregularidades en la licitación, ya existe una acusación y se espera la fecha de juicio.
Este proyecto fue licitado en 2017 durante la gestión de Paz Pereira y se asignó el contrato a Convisa por un monto de 73 millones de bolivianos.
Fuente/elpais.bo
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