Piden respeto a la protesta y Gobierno avisa que bajarán transferencias por el paro

Santa Cruz realizó 14 cumbres de la Comisión Interinstitucional, cinco marchas universitarias, tres paros y dos cabildos para exigir el censo. El Gobierno emitió tres decretos con fechas diferentes para el censo, que generaron incertidumbre

La Fiscalía investigará a tres de los líderes cruceños que promovieron el paro de los 36 días. Uno de ellos es Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), quien demandó el respeto a la protesta y, por tanto, “evitar que ese derecho se judicialice”.

Entre tanto, el Ministerio de Economía, a través de un comunicado, avisó que las asignaciones mensuales correspondientes a la transferencia de los recursos de coparticipación tributaria bajarán por efecto del paro. El reporte gubernamental llegó tras la alerta de la universidad sobre  la falta de recursos para cerrar el presupuesto de fin de año.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía se informó sobre uno de los efectos del paro, vinculado con la reducción de recursos de transferencias de recursos a universidades y municipios.

“Cada vez que se detiene la actividad económica, como el paro realizado en Santa Cruz, encabezado por autoridades de la Uagrm y el Comité Cívico pro Santa Cruz, hay pérdidas económicas provocando menor transferencia de recursos a los municipios y universidades, así como la atención de servicios en beneficios de la población”, señala el reporte.

Poco antes el director administrativo de la Universidad, Oscar Nogales, expresó su preocupación por estas reducciones y la ausencia de desembolsos para que esta entidad pueda cerrar el año.

“Hemos llegado a diciembre y no tenemos para cubrir los sueldos. Esta situación se debe a situaciones externas a la Universidad. Tenemos una disminución de los ingresos por coparticipación tributaria correspondientes al mes de noviembre”, apuntó Nogales en una rueda de prensa.

También expresó su preocupación por el “no desembolso” de estos recursos para los meses de octubre y noviembre. “Ahora ya hemos hecho la solicitud para diciembre”, apuntó la autoridad.

El Gobierno evita referirse al origen del conflicto. Entre julio de 2021 y noviembre de 2022 emitió tres decretos supremos con diferentes fechas para la realización del Censo de Población y Vivienda que permita la redistribución de recursos a las regiones y la reasignación de escaños parlamentarios en función a la población. El último, el 4824, emitido el pasado 14 de noviembre por el presidente Luis Arce, contempla la gran encuesta nacional para el 23 de marzo del 2024. El decreto fue elevado a rango de ley, a pedido del multitudinario cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre.

Para que se definiera la fecha del censo, la redistribución de recursos y la reasignación de escaños parlamentarios la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz (conformada por la Uagrm, el Comité Cívico, la Gobernación y alcaldías) realizó 14 cumbres para exigir información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y al Gobierno, tres paros ciudadanos y dos cabildos, mencionó el abogado constitucionalista y asesor jurídico de la Comisión, José Luis Santistevan.

Por su lado, el rector de la Uagrm anunció que evaluará, en el curso de los próximos días, con el Comité Interinstitucional la estrategia jurídica de defensa y las tensiones que aún permanecen tras el conflicto por el censo.

“Esperamos que la justicia actúe de forma imparcial. Ha existido un pueblo que ha cumplido un paro indefinido, producto del mandato de un cabildo. Ha habido un cabildo paralelo, organizado por los movimientos sociales que respetamos y también ha existido un cerco a Santa Cruz que le ha privado de tener acceso a la alimentación a muchos ciudadanos, no solamente de este departamento”, afirmó.

En ese contexto, Cuéllar también llamó la atención sobre las agresiones a periodistas y las denuncias de abuso policial. “A la hora de hablar de procesos se tiene que hacer una valoración objetiva. Obviamente, no es el poder Ejecutivo quien tiene que hacer esta valoración objetiva de algunos delitos, si se hubieran cometido. El llamado a hacerlo es el Órgano Judicial, que debe demostrar su imparcialidad”, apuntó para insistir sobre el “contrasentido de judicializar las protestas”.

El presidente, Luis Arce, promulgó, finalmente el viernes, la Ley 1492 de Aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, la norma que fue exigida en el cabildo del 13 de noviembre, el más multitudinario de la historia de Santa Cruz.

La norma, si bien establece la fecha de la encuesta para el 23 de marzo de 2024, refleja las promesas gubernamentales de la redistribución de recursos desde septiembre de 2024, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) presente los resultados de población. Más dinero para los municipios con más habitantes.

Estos mismos datos deben ser entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la reasignación de escaños en el Legislativa, siendo esta la segunda promesa del Ejecutivo y que no estuvo incorporada en el Decreto 4824, en el que se basó la nueva ley que puso un punto final al conflicto.

Arce dijo que no se aprobó “una ley de la derecha” y fustigó a quienes lideraron la protesta por supuestos delitos cometidos en ese contexto. “Por supuesto que los delitos que se han cometido no pueden quedar en la impunidad”, remarcó en el mensaje emitido el viernes por televisión

La Fiscalía General del Estado informó admitió la pasada semana tres denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector Cuéllar, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, “por la violencia de los 36 días de paro por el censo”.

“Estas denuncias van a ser procesadas. Se los trasladará a La Paz o se recibirá sus declaraciones en Santa Cruz”, informó Lanchipa.

“Queremos justicia por los cuatro fallecidos. Esa vulneración de derechos no puede quedar impune. No vamos a claudicar en este caso; vamos a pedir justicia. Estos señores que han querido desestabilizar a nuestro Presidente tienen que estar bajo la justicia”, anunció la senadora Virginia Velasco (MAS), una de las legisladoras que impulsó la Ley del Censo a pesar de la oposición de los parlamentarios de la llamada ‘ala Evista’.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, estuvo en Santa Cruz este fin de semana. “Lo único que ha generado este paro es la pérdida de vidas humanas y cientos y miles de heridos en el departamento de Santa Cruz. Ningún delito que se haya cometido en los 36 días de paro, de este paro forzado va a quedar en la impunidad y seguiremos investigando conforme a la normativa legal vigente”, afirmó la autoridad.

Los alfiles en el conflicto por el censo:

Luis Fernando Camacho

Gobernador de Santa Cruz

Es el gobernador de la oposición política al Gobierno del MAS. Durante el prolongado paro cruceño defendió las decisiones asumidas en los cabildos y es uno de los promotores de proyecto federalista. Está en el punto de mira del Gobierno por su gestión y acumula unas siete causas judiciales en su contra.

Vicente Cuéllar

Rector de la Uagrm

Fue el líder más notorio del Comité Interinstitucional. Viabilizó la Ley del Censo con legisladores del MAS. Defendió el derecho a la protesta que fue cuestionado desde por el Gobierno y luego fue acusado por el paro. La acusación en su contra está en la Fiscalía. Lideró el grupo de expertos que defendía realizar el censo en 2023.

Rómulo Calvo

Presidente del Comité pro Santa Cruz

Estuvo durante todo el tiempo que duró el paro en su casa por restricciones judiciales. Allí se instaló un punto de prensa desde donde emitió pronunciamientos diarios y recibió el apoyo de alcaldes y organizaciones sociales del resto del país. El próximo año concluirá su gestión cívica. Su domicilio fue atacado tras el paro.

Stello Cochamanidis

Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz

Junto a Fernando Larach, el primer vicepresidente de los cívicos coordinó con los vecinos las medidas de presión y la instalación de las ollas comunes. Tuvo un duro cruce de palabras con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz en un intento de diálogo. El diputado Rolando Cuellar (MAS) dijo que el cívico es extranjero.

José Luis Santistevan

Asesor del Comité Interinstitucional

Fue parte de la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí hizo planteamientos al presidente Luis Arce, pero no fueron atendidos. Pasó luego al municipio de Porongo y apoyó al Comité Interinstitucional. En octubre anticipó que, si el calendario del censo no se reajustaba antes noviembre, el censo 2023 ya no era posible.

Reinerio Vargas

Vicerrector de la Uagrm

La autoridad académica formó parte activa del Comité de Movilizaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y promovió movilizaciones para respaldar la medida. Reclamó y se movilizó para que se levante el bloqueo al vertedero por los riesgos a la salud. Reclamó ser consultado cuando terminó el paro.

Manuel Saavedra

Concejal por Demócratas

Junto con varios de sus colegas de oposición, hizo varias denuncias contra el alcalde Jhonny Fernández y contra los efectivos de la Policía que trasladaban gases lacrimógenos o que se alojaron en escuelas ediles. Por su lado, la concejal Lola Terrazas (C-A) cuestionó a Arce por los argumentos que usó para postergar el censo.

Jorge Richter

Portavoz de la Presidencia

El primer interlocutor del Gobierno. En abril de 2022 aseguró que el censo estaba garantizado para este año; incluso afirmó que la actualización cartográfica estadística se terminaría en agosto. Tras la postergación del censo, exigió a la Uagrm una propuesta técnica. Al final del conflicto, ya no era una voz en el diálogo con Santa Cruz.

Jhonny Omar Chávez

Comandante de la Policía de Santa Cruz

No fue visible durante los días del conflicto, excepto cuando leyó un comunicado a raíz de la denuncia de una mujer que sufrió por un gas lacrimógeno que afectó a su niña. La Policía fue cuestionada por reprimir a los que acataban el paro y bloqueaban, pero las críticas hablan de que los uniformados protegieron a grupos de choque del MAS.

Álvaro Ruiz

Viceministro de Autonomías

Formó parte del equipo técnico que defendió el calendario del censo en 2024. Fue parte activa del proceso que se prolongó por más de cuatro meses con las mesas técnicas y demandó a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que presente la propuesta para acortar los tiempos. Aseguró desde agosto el censo en 2024.

Jhonny Fernández

Alcalde de Santa Cruz de la Sierra

Apoyó el primer paro por el censo, pero para el segundo (48 horas) se desmarcó y rompió lanzas con el Comité interinstitucional. Lo acusaron de amparar a grupos de choque en el edificio municipal. Intentó ser interlocutor de Santa Cruz con el Gobierno, pero hubo críticas a su gestión. No estuvo en el cabildo del 13 de noviembre.

Luis Arce

Presdidente de Bolivia

Fue arropado por una marcha que promovió Evo Morales el 29 de agosto, tras los dos primeros paros. Cuando promulgó la ley, la ruptura en el MAS ya era irreconciliable. Dijo que iba a defender “en las calles” lo que consiguió con el voto y hasta el final del conflicto vio afanes golpistas. Desde Santa Cruz ven los suyos como “discursos de odio”.​

Sergio Cusicanqui

Ministro de Planificación

Defendió las “mesas técnicas” y, ante la ausencia de un director en el INE, respondió por el plan censal que puso en marcha el Gobierno. El 11 de octubre se reveló que los resultados de la encuesta iban a ser entregados en 2025 y 2026. El ministro prometió, ante la protesta, entregar los resultados durante 2024.

María Nela Prada

Ministra de la Presidencia

Encabezó la misión gubernamental que intentó desactivar el paro por el censo. El 10 de noviembre emitió un encendido discurso con el que cuestionó la protesta de Santa Cruz, denunció vejámenes y anunció que “ya no nos callarán”. Al día siguiente, personas violentas y ajenas a la protesta atacaron a los vecinos en la capital cruceña.

Fuente/eldeber.com.bo