Las entidades de prensa de Bolivia creen que “detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas no por las funciones que cumplieron sino por razones políticas”
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz rechazaron mediante un comunicado la acusación contra los periodistas Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez, del programa radial Encontrados, y el politólogo Diego Ayo.
Esos casos, más las anteriores acusaciones contra los periodistas Andrés Rojas, Adriana G. y Pablo Llano, conforman un “cuadro de persecución”, dijo la Asociación de Periodistas de La Paz.
Rivera y Gutiérrez son acusados de haber contratado a Diego Ayo, que es un reconocido analista e intelectual, cuando se desempeñaban como ejecutivos de BTV, el canal estatal. Ayo conducía el programa Afuera de la Caverna, que se emitía de lunes a jueves en horario nocturno.
La acusación de la Fiscalía, que fue dada a conocer por la agencia ANF, señala que la contratación a Ayo fue irregular, y señala entre otros el precio pagado a Ayo por la producción del programa, aunque el monto era bajo: unos 190 dólares por programa, que incluía todos los gastos y subcontrataciones. El monto mensual era de 20.880 bolivianos.
El fiscal José Rodríguez es quien presenta la acusación contra los tres, además de personal administrativo que trabajaba en el canal durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
El fiscal Junior Flores hizo una acusación paralela, pero similar, contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., que también fueron ejecutivos de BTV durante el gobierno transitorio. En ese caso, los acusan de haber contratado a un tercer periodista, Pablo Llano, pagándole un salario mayor al que establece una supuesta escala salarial para empresas estatales.
El comunicado de las asociaciones de periodistas “consideran desproporcionada y fuera de norma la acusación por la firma de un contrato, que debe ser tramitado por la vía administrativa pero que sin embargo la Fiscalía interpreta como un acto lesivo al Estado, tipificado como un delito sancionado con cinco a 10 años de cárcel”.
Las entidades creen que “detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas no por las funciones que cumplieron sino por razones políticas” y por ello demandan “el cese del acoso judicial contra los periodistas que lo único que hicieron fue ponerse al servicio de un medio estatal en un momento de aguda crisis democrática en el país”.
La imputación es además contra una decena de otros exfuncionarios de las unidades legal, administrativa, de personal y otros que tuvieron que ver con la aprobación de los contratos. La denuncia fue interpuesta por BTV, que dirige la periodista Rocío Molina.
Fuente/brujuladigital.net
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