Se prevé para el lunes 18 de abril el inicio de un segundo juicio en el que está como acusado también José Sigler, el esposo de la mujer acusada de estafa, además de otros posteriores
En el marco del caso denominado “estafa millonaria”, contra Patricia Romero Pacello, en el que todas las investigaciones determinaron que hay suficientes elementos que acreditan su culpabilidad, se instaló un juicio que concluyó con una sentencia de cinco años. Para el lunes 18 de abril se prevé que se instale otro, un tercero para el 25 de este mes y otros restantes con fechas por confirmar, de un total de más de una decena de causas abiertas.
En pasados días, la acusada, hermana de la actual delegada de la Defensoría del Pueblo, accedió someterse a un procedimiento abreviado reconociendo su participación en el delito, esto en el primer juicio en su contra, por lo que las autoridades jurisdiccionales determinaron una condena de cinco años de privación de libertad, a fin de que pueda posteriormente solicitar una salida alternativa, que sería inviable porque quedan otras posibles sentencias.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, confirmó que el segundo juicio es el que se tenía previsto para instalarse este jueves por la mañana en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital.
Sin embargo, el abogado de las víctimas, Santiago Tumoine, señaló que tuvo que suspenderse en virtud a que la fiscal asignada a la causa tenía otras actuaciones programadas.
Además, tanto Romero como su esposo, José Sigler, habrían presentado un incidente para retrasar la causa.
Para el 25 de abril se tiene programado un tercer juicio, esto en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital. El abogado de este grupo de víctimas, Fernando Aguilera, afirmó que se espera obtener la pena máxima de ocho años.
Antecedentes
Tras una denuncia pública y una protesta en puertas del domicilio de los padres de Romero Pacello por parte de decenas de víctimas, el 15 de diciembre del 2020 se procedió a realizar el allanamiento a este inmueble para ejecutar el mandamiento de aprehensión en su contra y trasladarla a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Una vez instalada la audiencia de medidas cautelares de manera virtual, se dictó su detención preventiva en el penal de Morros Blancos, donde permanece hasta la fecha. Mientras tanto, Sigler accedió a la detención domiciliaria.
El modus operandi de esta estafa piramidal consistía en que Patricia Romero, quien trabajaba en la empresa importadora Aidisa, ofrecía supuestas inversiones con jugosas ganancias a sus víctimas, que caían atraídas por las altas comisiones.
Al hacerse público el caso, se llegó a establecer que en total existirían más de 200 víctimas, a las que se habría afectado con una suma superior a los 4 millones de bolivianos, algunos de ellos en Tarija y otros en el resto del país e incluso en el exterior.
Al revelarse los testimonios de las víctimas, en las que se inculpaba a otros miembros de la familia de Romero, la sindicada redactó una carta liberando de culpa a sus allegados.
Fuente/elpais.bo
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