Los profesores realizaron ayer una marcha por el centro paceño en demanda de la libertad de sus cuatro dirigentes. El sector anunció manifestaciones escalonadas. El de Salud analiza nuevas medidas.
Maestros y médicos dan pelea al Gobierno por sus demandas. Además de sus solicitudes, los galenos se suman al pedido de que el censo se realice en 2023.
“Continuamos en emergencia. El mensaje es claro para el sector del magisterio: las medidas de presión se profundizan”, dijo a Página Siete el representante de la Federación del Magisterio Urbano de la ciudad de El Alto, Álex Morales.
Ayer, este sector marchó por el centro paceño en demanda de la libertad de sus cuatro dirigentes: José Luis Álvarez, Leandro Mamani, Felipe Loza y Teodora Álvarez, quienes fueron aprehendidos supuestamente por destrozar la puerta del Ministerio de Trabajo, luego de una movilización que exigía el reconocimiento a su dirigencia.
La audiencia cautelar de los dirigentes debía realizarse a las 14:30, pero se suspendió en dos oportunidades. Finalmente, se instaló a las 21:00 de ayer y casi a la media noche un juez determinó liberar a los cuatro maestros detenidos.
Antes de conocerse la resolución judicial ya hubo advertencias: “Vamos a entrar en paro escalonado si ellos no salen con libertad pura y simple”, adelantó el dirigente de la federación, René Pardo.
Morales agregó que “salgan o no salgan en libertad, el sector continuará movilizado”. “Estamos recibiendo el apoyo del magisterio de otros departamentos del país. Esto se masifica”.
De acuerdo con el abogado de los maestros, Franz Bustos, la fiscalía los imputó por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado.
“Dicen que han abierto a patadas la puerta del Ministerio de Trabajo y rompieron la madera de donde se sostiene la chapa”, dijo el jurista. Indicó que eso es imposible de probar porque los videos que circulan muestran cómo una “señora golpea con una botella pet y la gente entra”.
El abogado aclaró que antes de esa audiencia se realizó otra acción de libertad porque el viernes los dirigentes fueron detenidos desde las 15:30 y la Policía tenía máximo ocho horas para poner en conocimiento de la Fiscalía. Como no hizo eso, la norma indica que ellos debían estar puestos en libertad. “Extrañamente, la Fiscalía abrió su competencia”, dijo.
El dirigente Morales relató que ayer, después del mediodía, los maestros fueron trasladados enmanillados hasta la audiencia “como si fuesen delincuentes”. “Lo único que piden es que el Ministerio de Trabajo reconozca a la dirigencia, algo que no hace desde hace seis meses”.
El Ministerio de Trabajo expresó –a través de un comunicado– que el profesor Álvarez no rindió cuentas por más de siete millones de bolivianos y uno de los requisitos exige esa acción.
Luego de las movilizaciones, el ministerio solicitó a la Confederación de Maestros y a la COB una reunión para que se pueda explicar sobre la falta de esa documentación. En esa cita se decidió dar un plazo de 60 días a Álvarez, quien deberá resolver esa observación y presentar los documentos. Esta determinación no se comunicó al sector por las movilizaciones.
El Magisterio no es el único sector que se declaró en emergencia. El Consejo Nacional de Salud (Conasa) está movilizado.
La vicepresidenta del Colegio Médico, María Virginia Velazco, explicó que el sector “se mantiene en estado de emergencia ante la posible aprobación de normas que afectan al sector al igual que la creación de un viceministerio de investigación de tecnologías en salud y talento humano”.
Velazco advirtió de que si ocurre aquello a las cero horas del día siguiente, el sector se declarará en paro nacional.
La vicepresidenta del Colegio Médico explicó que exigen la creación de ítems para profesionales en salud de acuerdo con el crecimiento vegetativo y la realidad situacional de la salud. “Para eso exigimos la realización del censo 2023”, aseguró.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, resaltó que el sector también exige un censo para 2023. “Queremos saber cuántos hospitales y dónde debemos construir porque estos no se edifican en espacios donde hay poca gente, tal como algunos grupos dirigenciales demandan. Esto se hace de acuerdo con la cantidad de población”, sostuvo.
Fuente/paginasiete.bo
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