Más de 200 mil vendedores piden el libre comercio de la ropa usada

Los empresarios privados de Tarija piden al Gobierno nacional generar políticas de empleo para disminuir el comercio informal, que está causando daño a la producción local

Más de 200 mil vendedores de todo el país piden el libre comercio de la ropa usada. La jornada del lunes 21 de marzo, representantes de los nueve departamentos han dado inicio a un congreso nacional en Tarija, adelantaron que van a pedir al Gobierno nacional la abrogación del Decreto Supremo 28761, que regula esta actividad. En este marco, desde la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de Tarija (Fedemype) advierten que esto puede ser lapidario para el rubro textil formal de Bolivia.

El presidente de la Comisión Nacional de Ropa y Prendería a Medio Uso, Wily Mollercanqui, manifestó que el DS 28761, que regula la importación y comercialización de prendería usada, es atentatorio contra el sector, que después de la pandemia se ha triplicado en afiliados.

“Nuestro sector tiene como 260.000 afiliados a nivel nacional. Es por eso que nos encontramos en la ciudad de Tarija para tomar nuevas determinaciones y acciones en contra del Gobierno, pese a que nosotros habíamos tenido varias reuniones con los diferentes ministerios y el presidente de la Aduana Nacional y no hemos llegado a nada”, señaló.

Mollercanqui indicó que la demanda es la derogación o modificación del DS 28761, más aún cuando no existe una política de reactivación económica para este sector.

“Nosotros hemos creado este trabajo y hoy por hoy la gente se sigue dedicando, hay mucha gente que se está dedicando al rubro y nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Yo quisiera que hoy puedan hacer extensiva esta inquietud tan grande de este sector”, expuso.

El dirigente de los comerciantes remarcó que la falta de empleos formales ha obligado a miles de personas a optar por el rubro informal. Recalcó, que hay quienes empiezan invirtiendo desde los 100 dólares, y cuando el Gobierno hace decomisos “a veces deja familias sin comer”.

Mollercanqui reconoce que en todos los departamentos ha sido incontenible el crecimiento de ropavejeros, que se ha establecido en mercados de abasto, en mercados centrales, en aceras y calles. “Después de la pandemia hemos perdido el control, es por eso nuestra preocupación y que le pidió al Gobierno mediante cartas de forma pacífica para poder dialogar, pero no hemos sido atendidos”, dijo.

Proliferación de ferias y tiendas

A nivel nacional es evidente el incremento de la venta de ropa usada. En el caso de Tarija, esto se ha visto reflejado en el aumento de los días de feria donde se vende este tipo de prendería, en actividades que arrancan desde el martes a domingo en las zonas de Senac, Villa Abaroa, San Bernardo, Florida, Villa Fátima y Gamoneda, consecutivamente. A esto se suma el sin número de tiendas ubicadas dentro del casco viejo de la ciudad.

Consultado al dirigente Mollercanqui si son conscientes de la afectación a los productores locales, éste reconoció el daño que se hace, empero, argumentó que han buscado reunirse con el Gobierno en busca de una solución a este tema. Además, reclamó que a nivel nacional no hay una política que genere trabajo, entonces por eso la gente se dedica a la venta de ropa usada, que la mayoría de las veces es de calidad e incluso se vende en boutiques, a buenos precios.

Para la diseñadora de moda tarijeña y miembro activa de la Fedemype, Valeria Angelo, el apoyar a un sector masivo informal, va en desmedro de un sector constituido legalmente y puede incluso derivar en el cierre de empresas ya establecidas en el país.

“Son años que estamos luchando contra el tema del contrabando, lamentablemente no se puede dar solución, porque son muchas las personas las que trabajan en este rubro. Considero que el Gobierno tiene que crear políticas para garantizar las condiciones de trabajo y frenar el comercio de la ropa usada”, reclamó.

Ven injerencia política en los sectores informales

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Romero, reconoce el difícil momento económico por el que atraviesan miles de familias en el país, lo que les obliga a ser parte de lo informal. Sin embargo, advierte que estos sectores masivos están siendo manejados bajo cierta injerencia “política” que viene a aprovecharse de la necesidad de la gente.

“Yo creo que primero hay que respetar a las personas, la necesidad de las personas, porque esto se trata de necesidad. Lastimosamente nuestro país está hecho a esa medida y todo lo que sea informal e ilegal hoy en día campea y tiene la posibilidad de ser algo que genere recursos económicos y por ser este un tema de extrema necesidad para muchas familias yo prefiero ser muy cauto al emitir un criterio con este sector”, indicó.

Romero manifestó que al margen de existir empresas que quiebran a consecuencia de lo informal, el Gobierno en vez de emitir una voz de repudio y de alerta a que se maneja algo que es lesivo para la economía, está absorbiendo a estas organizaciones sociales con fines políticos, para a futuro “cobrarles factura” en tiempos electorales.

“En Bolivia se quiere legalizar lo que no es legal, se quiere formalizar lo que no es formal, en todo momento queremos buscarle la vuelta a todo aquello que le hace daño a la economía formal”, reclamó Romero.

En complemento, la empresaria y miembro de la Fedemype, Valeria Angelo, instó al Gobierno a apoyar la producción local, flexibilizando las medidas impositivas y coercitivas. Argumentó que el tratar de subir los salarios, como ya se viene anunciando, y “formalizar lo informal” puede llevar a la quiebra a varios emprendedores y empresas textileras.

Fuente/elpais.bo