La Policía pinta y matricula avionetas incautadas a narcos ignorando a la FAB

El presupuesto para la logística en la lucha contra el narcotráfico debe ser asumida por el Ministerio de Gobierno, pero debe coordinar con las Fuerza Armadas

Varias avionetas confiscadas al narcotráfico fueron repintadas y matriculadas con el código PB (Papa Bravo) por agentes de la Unidad de Servicios Aéreos Policiales (USAP) que opera en dos hangares en el aeropuerto de El Trompillo. Ellos exhibieron la Ley 264 de Seguridad Ciudadana para justificar esa acción, pero con ello apartaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de esa responsabilidad.

Este año, por ejemplo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautó de 83 avionetas y tres helicópteros. De estos, 66 aparatos corresponden a la intervención al aeródromo La Cruceña, en Cotoca, de las cuales 25 tenían rastros de cocaína, según la investigación. En los dos hangares (106 y 5052) de la USAP en El Trompillo hay naves confiscadas. Unas ocho avionetas y tres helicópteros están en el 106, mientras que en el 5052 hay cuatro naves. El resto permanece en La Cruceña, pero bajo custodia policial porque existe una investigación en marcha.

La ley 264 creó el servicio de patrullaje aéreo de la Policía “para desarrollar exclusivamente tareas integrales de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana”. Establece, de este modo, que “el manejo y mantenimiento de las aeronaves del Servicio Aéreo de Seguridad, será efectuados por la FAB, un costo que será cubierto por el Ministerio de Gobierno”, que tiene bajo su responsabilidad la seguridad interna y la política de la lucha antidroga que fue “nacionalizada”.

Informes recogidos por EL DEBER señalan preocupación en las esferas de la FAB por “el manejo y las operaciones en la lucha antidroga” que ejecuta la Policía “casi sin la coordinación necesaria” con los militares. Estos testimonios señalan que en las operaciones de interdicción “la Policía está tomando su propio camino ignorando normas y atribuciones que son de exclusiva responsabilidad de la FAB”.

La fuente, en reserva, recordó que el pintado de avionetas es una atribución de la FAB porque es parte del control del espacio aéreo nacional, establecido en la Constitución Política del Estado, y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que tiene bajo su tuición administrativa el control civil de esas operaciones áreas.

El diputado Saúl Lara (CC), quien fue ministro de Gobierno, señaló que “el cambio de matrícula y el repintado es algo ilegal”. Recordó que, a la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, de la que él es parte, llegaron reportes que indican “que varias de las avionetas secuestradas en el país ya tenían una matrícula adulterada en Paraguay. Este es un caso muy delicado y vamos a pedir un informe al Ministerio de Gobierno”, apuntó el legislador opositor.

EL DEBER se contactó con el Ministerio de Gobierno y con la dirección nacional de la Felcc, pero no hubo respuesta. Eso sí, desde esa repartición explicaron que la logística para la lucha antidroga es manejada por la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcom), una entidad que está a cargo de la provisión de combustible para las aeronaves y la logística para la lucha contra el narcotráfico.

Hugo Siles, exministro del gabinete de Evo Morales, recordó que la Ley 264 del Sistema de Seguridad Ciudadana-Para una vida segura (2012) efectivamente creó un servicio aéreo policial con dos helicópteros Robinson que fueron matriculados como PB01 y PB02. Ambas aeronaves, precisó, “tienen tuición para hacer patrullajes aéreos de seguridad ciudadana.

Ante este escenario, policías de la Felcn se han apoyado en USAP para ejecutar acciones contra el narcotráfico y administrar directamente las naves. De hecho, en los patrullajes que se realizaron la semana pasada en San Matías intervino un pequeño helicóptero Robinson de esa unidad policial y no así los SuperPuma, los helicópteros europeos que adquirió el país para enfrentar al narco.

Esa operación se hizo porque hace una semana fueron ejecutados tres personas por sicarios del Comando Vermelho de Brasil. Por eso, la FAB también observó que la USAP contrató pilotos civiles para trasladar personal a las áreas de interdicción del narcotráfico.

Por ejemplo, desde enero, la Policía contrató los servicios del piloto civil Marco Antonio Sardán D. y se le impuso el grado de teniente coronel. Esta decisión pudo ser avalada por el general Johnny Aguilera, quien fue comandante de la Policía hasta julio de este año.

El reglamento de la Ley 264 y la resolución ministerial 248/2019 establece la categoría de “beneficiario” para “el personal de la Policía y la FAB” que sea parte de los patrullajes aéreos. A ellos se les asigna una retribución adicional “acorde con los riesgos”, pero no establece que sea personal civil debido a la “sensibilidad” en el manejo de la seguridad estatal.

Este medio también tuvo conocimiento que el actual jefe de USAP es el mayor José Antonio Beltrán Villegas y es él quien tiene a su cargo los hangares 106 y 5052.

Tiene antecedentes, según registros de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía.

El 11 de octubre de 2012, Beltrán fue aprehendido en una investigación por su participación en la balacera que tuvo lugar en el surtidor de Warnes. Allí murió el informante Wálter Rojas Tejerina y el exteniente de Policía Mario Alejandro Rojas Flores. El fiscal Rolando Salvatierra ordenó su aprehensión por considerar que, estando de vacaciones y fuera de servicio, actuó de manera irregular en un operativo de rescate de un secuestrado. Según informes, en ese lugar se debía entregar la droga, pero al mismo tiempo fue secuestrado un hombre por el que pedían $us 20.000 de rescate. Esa vez la Fiscalía informó que Beltrán tenía que recibir una camioneta del exteniente Rojas Flores, que fue dado de baja y que murió en la balacera. “Me iba a dar entre $us 6.500 y 7.000 y estábamos negociando”, dijo esa vez Beltrán. La investigación quedó abierta.

Avioneta con 369 kilos

El 31 de agosto, una avioneta Cessna, cargada con 369 kilos de cocaína en una pista por la zona de Charagua, fue intervenida por la Felcn. La cocaína tenía que ser enviada a Paraguay, pero la Felcn lo evitó. La avioneta fue trasladada hasta El Trompillo por pilotos de la FAB.

EL DEBER conoció que surgieron diferencias porque la nave llegó a El Trompillo y estacionada en espacio de la FAB. Luego, jefes policiales insistieron para su traslado al hangar106 para la presentación. La Fiscalía ordenó que la nave quede en custodia de la FAB, pero ante la insistencia fue trasladada al hangar policial con el compromiso de que regrese. Concluida la presentación, efectivos de la FAB acudieron al hangar, pero los policías impidieron el ingreso. Un juez dispuso que la nave quede en el 106 y derivada a Dircabi.

Repuestos y combustibles

El 10 de septiembre, la Felcn se incautó de 55.000 litros de acetato de etilo en el interior del garaje de la quinta Bolivianita. Lo novedoso del caso es que utilizaban un camión de lácteos para transportar la sustancia líquida hasta el centro de acopio. Esta cantidad y en muchos casos los químicos ahora son de dominio policial. Fuentes policiales y de la FAB señalan que la Policía viene disponiendo de los repuestos de las naves, situación que debe ser manejada, según las normas de aviación, por la Fuerza Aérea Boliviana, igual que el pintado y el matriculado de las naves.

Dato
En 2012 se creó una unidad aérea policial, pero con pilotos de la FAB

Preocupación
Desde el Legislativo están pidiendo informes sobre estas denuncias

Fuente/eldeber.com.bo