Imputan a militares por genocidio, delito que fue descartado por el GIEI

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) respecto al conflicto en Sacaba y Senkata descartaron la figura de genocidio, junto con el delito de lesa humanidad, porque los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Bolivia “no reúnen las condiciones” para ello.

El Ministerio Público amplió la imputación por el presunto delito de genocidio en el caso Huallyani-Sacaba, donde fallecieron 12 personas por armas de fuego y otras 125 resultaron heridas, durante las intervenciones combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Giomar Ávila, abogada del general Pablo Guerra, uno de los militares imputados, lamentó que se haya presentado esta nueva ampliación sólo por el hecho de que su cliente haya sido parte del Estado Mayor, durante la crisis política de 2019, tras las elecciones nacionales.

“Les han ampliado (la imputación) por el delito de genocidio, supuestamente porque hay una comunidad que se ha exterminado. Es la segunda imputación que se le hace (a mi cliente) sobre la misma base”, dijo Ávila, luego de la suspensión de la audiencia cautelar de la jornada pasada en Sacaba.

El GIEI

Sin embargo, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) respecto al conflicto en Sacaba y Senkata descartaron la figura de genocidio, junto con el delito de lesa humanidad, porque los hechos ocurridos en noviembre de 2019 “no reúnen las condiciones” para ello, indicó en agosto de 2021, Patricia Tappatá, integrante del GIEI.

“Nosotros no usamos la figura de genocidio, de crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”, dijo Tappatá.

Asimismo, Juan Méndez, también integrante del GIEI, señaló: “Genocidio requiere la intención de destruir todo o parte de una comunidad étnica, religiosa o racial. Nosotros hablamos de racismo, discriminación y violencia de género”.

Los seis militares imputados por este caso son Pablo Arturo Guerra Camacho, Aldo Bravo Méndez, Moisés Orlando Mejía Heredia, Iván Patricio Inchauste Rioja, Oscar Armando Caba Hurtado y Boris Cristian Pastor Paz.

Los presuntos delitos por los cuales se los imputa son: asesinato, tentativa de asesinato y genocidio en Sacaba, en el puente Huayllani de ese municipio.

Civiles

Tras la suspensión de la audiencia cautelar, ayer la hermana de Guerra, uno de los imputados, María Teresa Guerra, señaló que se debe investigar también a algunas personas civiles que participaron en los hechos ocurridos en 2019.

“Como familia, pedimos que se haga una aplicación objetiva de la ley, que los verdaderos responsables estén en la cárcel, pero los responsables que son autores mediatos e inmediatos; una cosa es dar la orden y otra cosa es apretar el gatillo. Aquí no hubo autores mediatos ni inmediatos, aquí hubo actos dañados por la política”, dijo Guerra.

Añadió: “Se debe dar con los verdaderos responsables, porque aquí la responsabilidad no es de los militares; hubo civiles incriminados y las pericias tienen que dar curso a eso”, dijo Guerra.

Suspenden audiencia hasta el 30 de junio

La audiencia cautelar contra los seis militares que son imputados por tres presuntos delitos el caso Huayllani-Sacaba se suspendió ayer hasta el 30 de junio (9:30), por la ausencia de dos acusados.

El abogado de las víctimas, Vladimir Pérez, señaló que “la audiencia ha girado en torno a la presencia y ausencia de los imputados y el juez ha determinado que, garantizando la igualdad de parte, corresponde una audiencia cautelar de manera presencial”.

En tanto, la abogada de uno de los imputados, Giomar Ávila, solicitó que la próxima audiencia sea de forma virtual, considerando que existen riesgos para la salud del general Pablo Guerra, pero esta solicitud fue descartada.

Los seis militares son imputados por los delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en Sacaba.

Fuente/lostiempos.com