Los periodistas Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez, Andrés Rojas, Adriana G., Pablo Llano y el politólogo Diego Ayo son acusados penalmente por la Fiscalía por supuestas contrataciones de personal con montos elevados.
El investigador de Human Rights Watch para América Latina, César Muñoz, dijo que “llama la atención” el interés demostrado por la Fiscalía en investigar aceleradamente algunos casos, como el de los periodistas acusados de BTV, y olvide otros.
“Llama la atención el empeño de la fiscalía en ciertos casos, incluyendo mediante imputaciones aparentemente excesivas, y su falta de interés en investigar otros”, dijo Muñoz a Brújula Digital.
Muñoz dijo que, por ejemplo, “el propio GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de los abusos ocurridos en 2019 e instó a la Fiscalía General del Estado a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. A la fecha, no ha habido justicia para las víctimas de las masacres, violencia y torturas ocurridas a finales de 2019”.
En contraste, el representante de HRW mencionó los casos de periodistas que trabajaron en la red BTV y a los que la Fiscalía acusa penalmente por temas administrativos, como haber pagado más a personal contratado de lo que supuestamente establecen algunas escalas.
En ese sentido, criticó la “desproporcionalidad” entre las acusaciones realizadas contra esos periodistas y el tipo penal utilizado, que implican entre cinco y 10 años de cárcel.
“Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez”, agregó.
Explicó que “una de las prioridades de la Fiscalía debería ser llevar a cabo investigaciones completas e imparciales, sin importar las opiniones políticas de las víctimas ni de los señalados como victimarios, con pleno respeto para el debido proceso y que resulten en juicios de los responsables de los actos de violencia cometidos en 2019”.
Los periodistas Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez, Andrés Rojas, Adriana G., Pablo Llano y el politólogo Diego Ayo son acusados penalmente por la Fiscalía por supuestas contrataciones de personal con montos elevados.
Una decena de exfuncionarios administrativos también son acusados por haber participado en el proceso de realización de esos contratos.
El periodista Gonzalo Rivera dijo que él y su colega Gutiérrez hicieron “todo bajo norma” cuando trabajaron en el canal estatal.
“De lo que se trata aquí es de una campaña de acoso y de persecución contra la libertad de expresión y de prensa”, dijo Rivera en su programa
Las asociaciones de periodistas se han solidarizado con sus colegas y han denunciado que el gobierno intenta acallar las voces críticas del país.
Fuente/brujuladigital.net
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