Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenaron la aplicación de una medida cautelar que frena el tratamiento de la ley de elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa hasta que se reconozca su prórroga.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó la aplicación de una medida cautelar en la que condiciona la aprobación de la ley de las elecciones judiciales a que ésta no contradiga la prórroga de los magistrados, y que se respeten los plazos de un mínimo de 80 días por cada proceso de preselección, situación que para el abogado y periodista Andrés Gómez denota un alto “cinismo” desde una instancia tan importante como es el Órgano Judicial.
“Ha presentado el presidente de la Corte Suprema solicitando medidas cautelares porque siente que algún derecho suyo está siendo violado. ¿Cuáles son esos derechos, según él, que estarían siendo violados? Por ejemplo, ser usurpador de funciones, autoprorrogarse, tener derecho a violar la Constitución, a usurpar el derecho del pueblo a elegir magistrados. Esos no son derechos, son delitos”, cuestionó Gómez en entrevista con La revista de UNITEL.
Para Gómez, con la determinación de los magistrados, de condicionar el tratamiento de la ley, han rebasado los límites que marca la Constitución “y cuando un gobernante, una autoridad rebasa esos límites, obviamente se está convirtiendo en una autoridad ilegítima, de hecho que ya son ilegítimos”.
Pero ¿cuáles son los objetivos políticos de esta decisión? Para el analista esto responde a que “el Gobierno no quiere elecciones (…) el Poder Judicial, actúa en coordinación o bajo órdenes del Gobierno”.
“El Gobierno no quiere… ¿Por qué? Porque no tiene mayoría en el Legislativo y no va a poder poner, si vale el término, a sus candidatos. No va a poder que sus candidatos sean precandidatos y luego candidatos. Entonces, teme perder el control del Poder Judicial y con esta medida bloquea toda posibilidad de consenso”, sostuvo.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenaron la aplicación de una medida cautelar que frena el tratamiento de la ley de elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa “hasta que no se cumpla con lo dispuesto en la Declaración Constitucional 049/2023”, que establece la prórroga de sus mandatos hasta que se tenga a nuevas autoridades.
Fuente/unitel.bo
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