Se dará freno a los viáticos, uso de imprenta y hasta compra de inmuebles con miras a “precautelar la sostenibilidad financiera” estatal, según el Ministerio de Economía.
A través de un comunicado difundido la noche de este martes por el Ministerio de Economía, se ordena a instituciones estatales, aplicar una política de austeridad. En el documento se hace un desglose de los ajustes a los que deben apegarse las diferentes instancias del aparato central del Estado.
“En el marco de la Política de Austeridad, que precautela la sostenibilidad financiera, se dispone que las entidades públicas deben racionalizar y/o reducir gastos, sin afectar su funcionamiento, servicios brindados a la población ni inversión pública”, reza el reporte ministerial.
De acuerdo con el reporte, se busca “precautelar la sostenibilidad financiera”, realizar un manejo apropiado de los bienes del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos, por lo que se contempla reducir el gasto en tema de viáticos, uso de imprenta y vehículos, entre otros.
Las disposiciones aplican para los siguientes apartados::
1.- Se prevé reducir viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo, como publicidad y difusión; renovación de vehículos a lo estrictamente necesario, según el reporte.
2.- Servicios de imprenta, optando para la difusión de sus publicaciones, memorias institucionales y otros, medios electrónicos y pagina web institucional. Queda prohibida la impresión de agendas.
3.- Pasajes y viáticos, por reuniones u otros, procurando el uso de tecnologías de información para su efectiva comunicación.
4.- Activos fijos, como equipos de oficina y de computación, precautelando que su adquisición sea de prioridad institucional.
Asimismo, las entidades y empresas del nivel central del Estado, deberán dar cumplimiento al Decreto Supremo N* 27327 de 31 de enero de 2004, que establece lo siguiente:
1.- Los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades establecidas (ahorro del consumo de combustible), quedando prohibida la asignación a otros servidores públicos no consignados en la referida norma.
2.- La compra o alquiler de bienes inmuebles sólo será posible en casos de extrema necesidad, y previo análisis del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado y cumplimiento de la normativa vigente.
3.- El servicio de telefonía celular queda autorizado únicamente a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico dela administración central, cualquier excepción deberá estar autorizada por la máxima autoridad ejecutiva (MAE), a través de resolución expresa, bajo su responsabilidad.
Fuente/unitel.bo
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