Considera que Choquehuanca se aplazó por promover acuerdos que garanticen las elecciones judiciales.
Las elecciones judiciales tendrían que haberse llevado a cabo el año pasado y, en este momento, el Órgano Judicial debería tener a sus nuevos magistrados en las altas cortes de justicia. Ello no ocurrió, porque la Asamblea Legislativa no pudo consensuar este proceso que inicia con la preselección de los candidatos a este poder del Estado Plurinacional de Bolivia.
Vanos fueron los intentos de concertación entre las tres fuerzas con representación parlamentaria. Las dos alas del Movimiento al Socialismo y la oposición también fragmentada no tuvieron la capacidad de viabilizar el proceso fundamental para precautelar la institucionalidad del Órgano Judicial. Para Álvaro García LInera hay un responsable: su sucesor, David Choquehuanca.
“¿Cómo se ha llegado a esto? Por una ineptitud a nivel de articulación política desde la vicepresidencia, me da pena porque yo estimo mucho al vicepresidente, considero a David Choquehuanca un compañero, pero tengo que admitir que él se aplazó en esta capacidad de lograr acuerdos políticos hace un año atrás”, enfatizó.
El exvicepresidente estima que, debido a esa falta de capacidad para lograr consensos, el Tribunal Constitucional Plurinacional cometió una “aberración jurídica” al emitir la Sentencia Constitucional 0049/2023, que “dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
García Linera asegura que la determinación va contra la Carta Magna, que no estipula en ningún artículo que los órganos del Estado tengan la facultad de autoprorrogarse. “No son un poder que se funda en sí mismo, son un poder que deriva del parlamento, de la asamblea y del voto, por esas circunstancias estructurales no podrían autoprorrogarse”, sentenció.
Fuente/eju.tv
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