Fiscalía pide 30 años de cárcel para Añez por los casos Senkata y Sacaba en un proceso en la vía ordinaria

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la acusación es en el marco de un juicio ordinario que alcanzará a otras 17 personas bajo la figura penal de “genocidio”.

La Fiscalía General del Estado pide 30 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Añez por las muertes en Senkata y Sacaba durante la crisis de 2019 en un juicio ordinario que tiene base en la figura penal de “genocidio”.

En una conferencia de prensa que brindó desde la capital del país, Sucre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la acusación es en el marco de un juicio ordinario que alcanzará a otras 17 personas.

“Es de esta manera que se ha formulado la acusación fiscal en contra de 18 personas, entre ellas Jeanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, indicó Lanchipa.

También mencionó a Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa; Carlos Arturo Murillo Príjic, exministro de Gobierno; Sergio Carlos Orellana Centellas, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia; Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; y Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Además, se cita en la acusación a Oscar Armando Cava Hurtado, excomandante de la Segunda Brigada Aérea; Boris Cristian Pastor Paz, excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Franz Linyan Vargas González, exsubcomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Dani Osvaldo Cuadros Rojas, excomandante del Regimiento de Fuerzas Comando Aéreo Transportados 18 Victoria; e Israel Rojas Valverde, exjefe del equipo del Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita.

También están procesados los exjefes policiales Rodolfo Antonio Montero Torricos, excomandante general de la Policía Boliviana y Jaime Edwin Zurita Trujillo, excomandante departamental de la fuerza del orden en Cochabamba.

Senkata

Por el caso Senkata, además de Murillo y López, se menciona a Víctor Hugo Zamora Castedo, exministro de Hidrocarburos y a Luis Fernando Valverde Ferrufino, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

También están procesados Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor; Aldo Bravo Méndez, exinspector general de las Fuerzas Armadas; Moisés Orlando Mejía Heredia; excomandante de la Armada Boliviana; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana e Iván Patricio Inchaustes Rioja, excomandante del Ejército Boliviano.

Pero además son acusados Franco Orlando Suárez González, excomandante de la Mecanizada 1; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento 3º Logística; Miguel Eduardo Santisteban Estruebel, exsubcomandante del Regimiento de Satinadores 1 Germán Busch Challapata; Alfredo Mario Irazabal Guzmán y al excomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia, Yacuiba

También están mencionados Rodolfo Antonio Montero Torrico, excomandante general de la Policía Boliviana; Julio William Cordero Alborta, excomandante departamental de La Paz de la Policía y Eloy Iván Rojas del Carpio, excomandante regional de la Policía del Alto

Lanchipa puntualizó que “todos ellos” son procesados “por la comisión del delito de genocidio, previsto en la sanción del artículo 138 del Código Penal”.

“Para quienes, en virtud de la grave vulneración de derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y la integridad personal, a la conclusión del juicio oral se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad”, anunció el fiscal general.

Decreto

Añez cumple 10 años de cárcel en el penal de Miraflores de La Paz por el caso golpe II referido precisamente a la crisis de 2019. Además, enfrenta otro proceso por el caso “golpe I” y la designación “irregular” de una funcionara de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

Añez es investigada entre otros aspectos por la firma del decreto que autorizó la salida de los militares para contener las protestas contra su Gobierno y en favor del expresidente Evo Morales, que renunció al cargo en medio de protestas que derivaron de las denuncias de fraude electoral en los comicios de ese año que lo daban como ganador.

Según el fiscal, los operativos de los uniformados “dejaron como saldo el fallecimiento de 20 ciudadanos bolivianos y varios heridos, todos ellos por impacto de proyectil de armas de fuego”.

“Constituyéndose estos hechos en graves violaciones a los derechos humanos, calificado en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ejecuciones sumarias. Esto conforme se evidencia en el contenido del informe sobre hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos en el país emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Derechos Humanos, GIE”.

Fuente/unitel.bo