El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó hoy que el Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal en contra del exministro de Gobierno, Arturo M. P y Philip L.G., este último intermediario para la compra de agentes químicos en la gestión 2019, por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, debido a que estarían involucrados en legitimar recursos del presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, por parte de la empresa Bravo Tactical Solutions.
“Estamos esperando el señalamiento de audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional quién, en el marco de sus funciones, nos hará conocer día y hora de audiencia, donde, además, se solicitará la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro, toda vez que se notificó los actos investigativos mediante edictos, con el fin de precautelar sus derechos y garantías constitucionales”, dijo Alave.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Eddy Flores, explicó que los hechos habrían sucedido entre el 13 de noviembre de 2019 y el 06 de noviembre de 2020, cuando Arturo M. P., ejercía como Ministro de Gobierno. Según un reporte rápido financiero y patrimonial de la Unidad de Investigaciones Forenses y el informe financiero de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Murillo habría obtenido cuentas bancarias y cuatro cajas fuertes, en las que habría realizado movimientos bancarios sospechosos de altas sumas de dineros. “Existiría un deposito por parte de un funcionario policial Víctor G.A., por presunta instrucción de Carlos B.P., oficial de seguridad y ayudante personal del exministro, por un monto de 100.000 Bs., entre otros depósitos que habría realizado Daniel L.A.P, cuñado de Murillo”, explicó Flores.
“El cuñado del exministro de Gobierno, Daniel L.A.P., hubiese ingresado a las bóvedas de una entidad financiera en la ciudad de Cochabamba, en cuatro oportunidades, entre noviembre de 2020 y abril de 2021, para presuntamente extraer dinero y objetos de la caja fuerte, cuando Murillo se encontraría fuera del país”, dijo el Fiscal de caso.
En cuanto a la presunta participación de Philip L.G., quien habría sido intermediario para la compra de agentes químicos en la gestión 2019, que junto a los representantes legales la empresa Bravo Tactical Solutions, habrían sobornado al exministro y otros funcionarios públicos para concretar la venta de los gases lacrimógenos. Además, el imputado es socio mayoritario de la empresa “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, que registra cinco depósitos bancarios sospechosos de los cuales dos son de la empresa Bravo Tactical Solutions, que se presume sea recursos del daño económico causado al Estado en la compra de los Gases Lacrimógenos.
En el marco de la imputación también se amplió la investigación contra otros 11 involucrados del entorno familiar y laboral del exministro de Gobierno por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, según se estableció su presunta participación de acuerdo al informe financiero emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Redacción/etob
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