El laudo arbitral equivale a una sentencia y son de cumplimiento obligatorio, explicó el abogado constitucionalista, William Herrera.
En caso de que la Procuraduría de Bolivia impugne el fallo que obliga a Bolivia a pagar $us 105 millones por “retrasos injustificados” en la nacionalización del sistema de pensiones, el abogado constitucionalista, William Herrera, considera remota la posibilidad de que haya un cambio en la resolución.
Herrera explicó que los procesos arbitrales son consensuados y hay un acuerdo entre ambas partes por lo que no se tratan por la vía ordinaria.
«Es verdad que hay una pequeña posibilidad de revisar algo, pero no es nada trascendente, así hubiera algún recurso de por medio. Lo ha dispuesto un tribunal altamente especializado y lo más probable es que ese monto se va a pagar, ahora o en un tiempo relativamente corto», advirtió.
El abogado constitucionalista también remarca que se crean instancias voluntarias para que se llegue eventualmente a hacer una revisión, «pero que esta se da de manera muy superficial y en casos muy extremos» por lo que en el procedimiento, «si hubiera alguna impugnación, que es muy remota, estimaría que no va a cambiar».
“El arbitraje es un acuerdo, uno crea un tribunal previo acuerdo entre las partes y por lo tanto se somete a su cumplimiento y en principio todos los laudos son de cumplimiento obligatorio, que siempre hay la posibilidad de hacer observaciones, pero pronosticaría que no cambiará el resultado final. El resultado es que se debe pagar al banco», apuntó.
Se conoce que son 16 los procesos de nacionalización que ha encarado Bolivia y que le han costado $us 1.090 millones, ya sea fruto de acuerdos a los que se llegó o como resultado de arbitrajes en los que el Estado boliviano ha sido demandado. Cinco de las indemnizaciones suman cerca más de 800 millones de dólares, de esas, tres son del rubro de los hidrocarburos.
La indemnización más alta ha sido la que se pagó a Pan American Energy a la que se desembolsó $us 357 millones como parte de un acuerdo, tras el pedido de arbitraje por la nacionalización de la petrolera Chaco.
Fuente/unitel.bo
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