Este viernes, a través de un pronunciamiento, los exministros del gobierno de Evo Morales, saludaron la determinación de una reestructuración de la Policía Boliviana y criticaron la lucha contra la corrupción y otros delitos por parte del Ministerio de Gobierno.
«El reciente anuncio que nuestro Presidente, Luis Ace Catacora, hiciera en torno a la necesidad de reestructurar la Policía Boliviana motiva este pronunciamiento público para expresar nuestro total apoyo a ese objetivo que consideramos imperativo ya que vemos con profunda preocupación la desafortunada gestión en la política de seguridad pública y la conducción por parte del Ministerio de Gobierno de cuya autoridad depende la Policía Boliviana.
Los innumerables y permanentes escándalos de corrupción de policías en sus variadas jerarquías han tocado fondo y se ha llegado a un límite insostenible hasta el extremo de que la sociedad en general reclama, coincidiendo con la posición presidencial, una urgente e inmediata reestructuración de la institución policial.
La profunda y extendida corrosión en la ética y la función profesional policial, develada de manera incuestionable durante los sucesos de noviembre de 2019 y la gestión de facto de 2020, constituye un severo riesgo para la seguridad de los ciudadanos, para el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y el orden constitucional.
El desprestigio diario de la Policía Boliviana y la falta de un mando político enérgico, eficiente y transparente socava la confianza ciudadana en el gobierno, en el Estado Plurinacional y en el Proceso de Cambio por el que millones de bolivianos lucharon durante décadas.
El Informe del GIEI en el que se retrata sin ambigüedad alguna la práctica policial sediciosa, violenta, racista, machista y habituada a prácticas ilegales de tortura y ejecuciones sumarias, además del uso desproporcionado de la fuerza, guarda
relación con una cultura corrupta y despótica caracterizada por el abuso de la autoridad policial.
A estas alturas, resulta insostenible los aberrantes actos de corrupción denunciados diariamente por ciudadanos y la prensa nacional: vinculación y protección al narcotráfico, control del delito desde centros penitenciarios, sistema extorsivo y de recaudación para los altos mandos, robo, posesión y comercialización de vehículos robados en países vecinos, pago por cargos jerárquicos y estratégicos, encubrimiento y manipulación de delitos mediante chantaje e intimidación en complicidad con jueces y fiscales, violaciones sexuales y muchos otros hechos ilegales que muestran una institución severamente descompuesta.
A todo ello se suma la protección política selectiva de algunos niveles jerárquicos del Ministerio de
Gobierno contra los responsables del golpe de Estado y la impunidad en la que se desenvuelven aquellos policías que forman parte de la órbita de protección, recaudaciones ilegales y privilegios que se concede desde algunos mandos policiales.
La presentación ilegal de presuntos delincuentes para demostrar una aparente capacidad policial investigativa, violando flagrantemente derechos constitucionales de ciudadanas y ciudadanos es apoyada por algunos niveles del Ministerio de Gobierno, hecho que constituye la prueba más evidente de la incapacidad de esta cartera de Estado para gobernar esta área vital de la seguridad ciudadana.
Parecería que, como en los viejos tiempos del neoliberalismo, se ha producido un pacto de silencio y complicidad entre altos funcionarios del Ministerio de Gobierno y mandos policiales en torno a escandalosos casos de corrupción y encubrimiento de delitos que dañan no solo la seguridad del país, la reputación del Estado Plurinacional en el contexto internacional, la imagen del gobierno actual sino, también, todo lo que se ha logrado desde el año 2006, que ya es patrimonio de nuestro pueblo.
En tal sentido, saludamos como una señal inicial la decisión de nuestro gobierno de cambiar los altos mandos policiales como una buena señal hacia la reforma que se impulsará.
Al mismo tiempo, condenamos la maniobra política de comités cívicos, especialmente de Santa Cruz, algún empresariado, partidos políticos de derecha, diputados y senadores de la oposición, ciertos medios de comunicación y otros actores que se
opusieron, movilizaron y le mintieron al país logrando vetar la aprobación de la ley destinada a la investigación de fortunas ilícitas (Proyecto de Ley 1386 del 16 de agosto del 2021 llamada Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de
Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo).
Coincidimos plenamente con nuestro hermano Presidente, Luis Arce, en torno a que la falta de este instrumento normativo facilita, permite y fomenta la ilicitud en la que se mueve la policía, crea entornos financieros volátiles para lavar activos, encubre las 3
actividades ilegales de supuestos empresarios prósperos, corporaciones y gremios, así como evita que se investigue a funcionarios públicos corruptos y/o familiares, que de la noche a la mañana aparecen con fortunas insólitas.
Los esfuerzos que emprenda nuestro gobierno para reformar la institución policial y devolver la confianza de la población en ella contarán siempre con el incondicional apoyo militante de ex ministras y ex ministros de nuestro Estado Plurinacional», señala el pronunciamiento.
Fuente/Detrás de la Vedad
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