Exdirigentes universitarios dejaron la cárcel de San Pedro tras beneficiarse con detención domiciliaria

Álvaro Quelali, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) y Max Mendoza, expresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), son investigados en distintos procesos.

Álvaro Quelali y Max Mendoza, exdirigentes universitarios, dejan la cárcel de San Pedro tras beneficiarse con la detención domiciliaria. Ambas personas fueron encarceladas acusados de manejos, irregularidades de fondos universitarios.

En un primer caso, Quelali fue denunciado por usar recursos económicos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en viáticos y pasajes a Cuba, y que además efectuó otros gastos para sus allegados.

En septiembre de 2022, el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz ordenó detención preventiva para Quelali, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Es investigado por el tipo penal de conducta antieconómica.

Tras cumplir tres meses de ser encarcelado, fue beneficiado con medidas sustitutivas. Su abogada confirmó que dejó la cárcel de San Pedro y pagó una fianza de 60 mil bolivianos como requisito para dejar prisión.

“El pasado viernes ya se encuentra en su domicilio, todavía estamos en etapa de investigación. Se le está sindicando un delito de conducta antieconómica contra el Estado. Este es un tema político bajo un pretexto de que viajó a Cuba en compañía de sus abogados, pero esto es falso”, dijo su abogada, Irusta a UNITEL.

En el caso del exdirigente universitario Max Mendoza, quien permaneció en la universidad más de 30 años sin concluir alguna carrera profesional y que fue dirigente estudiantil por más de 20 años; la justicia le otorgo las medidas sustitutivas con el pago de una fianza de 40 mil bolivianos.

Mediante una audiencia de cesación a la detención, el expresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Fernando Mendoza Parra, dejó la cárcel de San Pedro para retornar a su casa.

En las denuncias se apuntan alrededor de 10 delitos: enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica; peculado, uso indebido de Influencias, beneficios en razón del cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas Ilegítimas del servidor público, uso Indebido de bienes y servicios públicos.

Mediante el cargo, Mendoza recibió un salario mensual de Bs 21.870. Según señala la denuncia penal en su contra, en los cuatro años que llevó en el cargo recibió Bs 1.849.770.

Además, este cargo le permitió acceder a otros privilegios como vehículos y el pago de viáticos, solo por esto percibió más de 160 mil bolivianos en ocho años. Además, realizó viajes por todo el país y al exterior, según consigan los documentos presentados por los denunciantes.

Ahora, ambos investigados por las irregularidades señaladas deberán cumplir una detención domiciliaria.

Fuente/unitel.bo