En la gestión de Arce nepotismo, coimas y corrupción salpicaron a 6 ministerios

LOS CASOS MÁS POLÉMICOS FUERON DENUNCIADOS POR EL MAS. En un año y nueve meses, tres ministros dejaron sus funciones por estos casos, al igual que otras autoridades de alto rango. Obras Públicas y Desarrollo Rural y Tierras fueron los ministerios más observados.

Al menos seis ministerios se vieron salpicados en denuncias de corrupción, coimas y nepotismo, durante el año y nueve meses del gobierno de Luis Arce. Por estos casos, tres ministros dejaron sus funciones, al igual que otras autoridades de alto rango.

Los ministerios cuestionados fueron: Obras Públicas, Educación, Desarrollo Rural y Tierras, Salud, Gobierno y Minería. En los últimos tres casos, por instituciones dependientes de estas carteras de Estado como la Caja Nacional de Salud (CNS), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), respectivamente.

Dos de los casos más polémicos fueron denunciados por el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Cuando les conviene se interesan por la corrupción y cuando no, la tapan. En este caso es una conveniencia definida por Evo Morales”, señaló el diputado José Gutiérrez, de Creemos.

Tres coimas en dos ministerios

El 26 de agosto pasado, el diputado Héctor Arce, del MAS, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por el presunto cobro de una coima millonaria en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

El cobro tenía el fin de favorecer a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) con la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. El monto fue de 18,6 millones de bolivianos, equivalente al 4% del costo de la obra.

Hasta el momento, entre denuncias y contradenuncias, ya son 11 los funcionarios implicados. La Fiscalía imputó sólo a dos e investiga a otros tres. Entre los procesados no figura el presidente de la ABC, Henry Nina, pese a que fue acusado directamente por el testigo protegido del caso. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, tampoco es investigado.

Aunque es la más polémica, no es la primera vez que hay una denuncia de sobornos dentro de esta cartera de Estado. En enero de 2021, Montaño hizo público que tres personas “se hicieron pasar” por asesores de “altas autoridades” de este ministerio, con el fin de realizar “cobros irregulares” a la empresa constructora del tren metropolitano de Cochabamba.

Montaño explicó que estos ciudadanos exigieron a la empresa seis millones de bolivianos de la planilla a cambio de agilizar su pago. Afirmó que no se permitiría más corrupción.

Sin embargo, el informe del caso revela que no eran tres los implicados sino cinco. Dos fueron omitidos por el ministro en su informe a la prensa y ambos eran funcionarios de alto rango: Pablo del Granado Jiménez, viceministro de Transportes, y Luis Fernando Cavero, director de Planificación del ministerio.

Pero los sobornos no sólo salpican a Obras Públicas. La noche del 13 de abril de 2021, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue encontrado “in fraganti” cuando recibía 20.000 dólares como soborno para dar vía libre al saneamiento, titulación y entrega de tierras en Santa Cruz. Según informó la Policía, dicho monto sólo era una parte del dinero solicitado que ascendía a 380 mil dólares.

Se presume que de este monto 80.000 dólares eran para pagar a una comisión, 200 mil para pagar a funcionarios del INRA y 100 mil para él.

El juicio oral contra Characayo comenzó el pasado martes 9 de agosto en el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz. Al ingresar a la audiencia, la exautoridad insistió en su inocencia y, pese a las pruebas en su contra, aseguró que la demostraría.

Hace un par de semanas, la defensa de Characayo solicitó la cesación de su detención preventiva. El pedido fue rechazado, por lo que la exautoridad debe permanecer en Chonchocoro hasta que finalice el juicio con una sentencia o una absolución.

Mal inicio de Desarrollo Rural

Characayo fue el segundo titular de la cartera en menos de cinco meses. También fue la segunda autoridad destituida por corrupción en la gestión.

Cuando el presidente Arce posesionó a su primer gabinete, el ministerio tenía como cabeza a Wilson Cáceres. Su posesión se realizó el 9 de noviembre y su gestión duró apenas 20 días.

Cáceres estuvo envuelto en un escándalo por designar como jefa de gabinete a su pareja, Fabiola Gutiérrez, a quien antes de su designación, cuando era dirigente de los Interculturales, identificó como su esposa ante los medios de comunicación, luego de un incidente con la Policía el 14 de agosto de 2020.

Las denuncias de nepotismo surgieron desde el INRA, luego de que Gutiérrez, en su calidad de funcionaria, emitiera el instructivo MDRYT/ INST/JG/041-2020. En el documento pedía a todo el personal del ministerio poner sus cargos a disposición.

La primera reacción de Cáceres fue negar el vínculo. Afirmó que no se trataba de un caso de nepotismo, ya que Gutiérrez no era su esposa como había declarado antes. Presentó pruebas de que su esposa era otra persona. Las indagaciones no se detuvieron hasta que Cáceres admitió que Gutiérrez era una expareja.

Aunque Fabiola Gutiérrez fue destituida de su cargo el 29 de noviembre de 2020, en la Contraloría General del Estado figura una declaración jurada pública que data del 2 de diciembre de ese mismo año. En el documento aún figuraba como funcionaria del ministerio.

Tráfico en Educación

El 12 de noviembre de 2021, Adrián Quelca fue el tercer ministro de Luis Arce en dejar sus funciones en medio de denuncias de corrupción. Aunque en su caso, fue él quien renunció.

El caso salió a la luz en junio de 2021, cuando funcionarios del Ministerio de Educación detectaron que el director de Educación Superior, Agustín Tarifa, dejó abierta su cuenta de WhatsApp en una de las computadoras de la institución.

Según la denuncia hecha por la entonces viceministra Áurea Balderrama, el delito ocurrió entre enero y mayo de 2021, durante el proceso de institucionalización a cargos en Educación. El hecho fue revelado por Página Siete y, en un momento de la investigación, Tarifa fue detenido acusado de participar en el ilícito.

Presuntamente, Quelca era quien enviaba instrucciones a Tarifa vía WhatsApp. Por medio de esa plataforma se distribuían requisitos y exámenes a determinados postulantes (a cargos directivos departamentales, decanos, rectores de institutos y otros) que eran afines a Quelca. En su mayoría pertenecían al Partido Comunista, en el que la exautoridad milita.

La renuncia de Quelca se dio meses después de lanzada la denuncia. Sin embargo, y pese a las pruebas, en julio pasado se dio a conocer que el exministro fue sobreseído en el caso.

En Minería y Salud

El 2 de junio de 2021, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, presentó una denuncia formal por nepotismo en contra del ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio. El principal implicado era el presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún, Gustavo Choque.

Según la investigación, Choque designó y posesionó, de forma ilegal, a su yerno Luis Enrique Loredo como jefe de comercialización de la ESM. El ministerio instruyó la investigación del caso, pero deslindó de la responsabilidad a Villavicencio al indicar que la ESM era una entidad autónoma y que recaía en su presidente la responsabilidad de las contrataciones.

La situación de la Caja Nacional de Salud (CNS) es uno de los puntos flacos del Ministerio de Salud. Entre denuncias de corrupción o mala administración, ya han pasado tres gerentes nacionales.

En medio de denuncias de nepotismo, irregularidades en las adquisiciones, falta de insumos y pugnas internas, la crisis en la Caja se profundizó en julio de 2021. Entonces, autoridades y trabajadores pidieron una investigación imparcial del ente gestor de salud.

En ese tiempo había al menos 13 casos de familiares de los dirigentes sindicales que cumplían funciones dentro de la misma institución. Además de varios contratos con presuntos sobreprecios.

Vuelosen Chimoré

Denuncia:En marzo de 2021, trabajadores de Aasana revelaron que el 10 de dicho mes se realizaron 36 operaciones de aterrizajes y despegue en el aeropuerto de Chimoré.

Irregular: La cifra era casi el doble de las que se hacían cada día en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, que en ese tiempo no superaba las 20 debido a la pandemia.

Destitución: Tras la denuncia, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, deslindó responsabilidad indicando desconocer los hechos. Como medida decidió destituir al director nacional de Aasana, Ronny Balderrama.

Respuesta: Balderrama convocó a una conferencia de prensa e indicó que Montaño estaba “mal asesorado” y que fue él quien autorizó la reapertura del aeropuerto. Aseguró que no fueron 36, sino 17 vuelos del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil.

“Cuando al MAS le conviene, se interesan por investigar la corrupción, pero cuando no, la tapan”.

José Gutiérrez, diputado

Felcn y Ministerio de Gobierno, en la mira por “narcoaudios”

El denominado caso narcoaudios fue denunciado por el expresidente Evo Morales y puso en la mira al Ministerio de Gobierno y en especial a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn).

En una conferencia de prensa, Morales presentó una serie de audios como pruebas de un presunto encubrimiento al narcotráfico por parte de la Policía Boliviana. Según explicó, el 25 de marzo, en un operativo en el Valle Sajta del trópico cochabambino, se halló un megalaboratorio y cuatro fábricas de droga.

Sin embargo, éstos no fueron destruidos, debido a que uno de los efectivos antidrogas informó sobre la situación a un coronel de la Felcn. Pero, según la denuncia, en lugar de recibir directrices para el operativo, el uniformado fue conminado a abandonar la zona, dejando los predios intactos.

Pronto se identificó a la persona que dio esa orden: el entonces director nacional de la Felcn, José María Velasco. No pasó mucho para que fuera destituido y se presente una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Cochabamba imputó de manera formal a Velasco y al exdirector nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, por uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Por este caso, el titular de la cartera de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó un informe oral ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.

Legisladores de oficialismo y oposición pidieron el cambio del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

De acuerdo con las declaraciones y audios recabados por la Fiscalía, al menos dos miembros de Umopar declararon que Mamani fue uno de los que ordenó a la patrulla abandonar el operativo sin destruir las fábricas de droga. La autoridad no figura en la lista de involucrados o investigados en este caso.

Familiares y allegados de algunas autoridades que fueron contratadas en el aparato estatal

La Ley 2027, en su art. 11, establece que los funcionarios de carrera no podrán ejercer funciones en la misma entidad cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, considerando a esto nepotismo.

En este entendido, no es algo ilegal cuando se trata de la contratación de familiares de las autoridades en entidades distintas de las que dirigen. Aunque no es un delito, queda un tema ético cuestionable y criticable.

Tal es el caso del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Desde el inicio de su gestión, en 2020, su esposa es parte de la función pública como dependiente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, entidad ajena a dicha cartera de Estado.

En diciembre de 2020, apenas a un mes de la gestión de Luis Arce, la senadora Andrea Barrientos (CC) denunció que la ministra de Trabajo, Verónica Patricia Navia Tejada, avaló que el director general de Servicio Civil de la cartera que dirige contratara a su hermano en la misma unidad. Apenas salió la denuncia, uno de ellos renunció.

No sólo se dio con familiares. En diciembre de 2020 se denunció que el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca, había designado a su pareja Marisol N.P.Z. como directora general de Formación de Maestros. La autoridad dijo que no tenía ningún vínculo con esta persona, pero aceptó que fue su pareja.

En enero pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda, fue denunciado por daño económico al Estado, debido a que al menos cuatro de sus familiares trabajaban en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus subsidiarias.

El hijo del presidente, Luis Arce, trabajó en YPFB como consultor.

Fuente/paginasiete.bo