Empresas de seguridad: El Gobierno detecta 1.500 compañías ilegales en el país

Hay 414 que cuentan con licencia para operar de forma regular.

El Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, detectó la existencia de 1.500 empresas ilegales de seguridad privada en todo el país. Ante esta situación, las autoridades realizan continuos operativos para que esos negocios no sigan operando.

Además, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, explicó a LA RAZÓN que en el territorio nacional hay registradas 414 compañías que operan de forma regular y que otras 100, actualmente, tramitan la renovación de sus licencias de funcionamiento.

Según la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su respectivo reglamento, estas entidades de seguridad privada deben renovar sus licencias de funcionamiento cada tres años, a partir de la fecha de la resolución administrativa que entrega la Policía.

Este relevamiento de datos fue hecho por el Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), dependiente de la Policía, en coordinación con las Jefaturas Departamentales de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev).

“En ese marco, se han detectado al menos 1.500 empresas ilegales en todo el país (…). Son ilegales porque no han cumplido con las exigencias establecidas en la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, lo que representa un riesgo tanto para las personas como para las empresas que requieren estos servicios”, explicó el viceministro.

Ante ese escenario, Ríos afirmó que se activaron controles permanentes en el país, sobre todo en el eje troncal, donde se detectó la proliferación de esos negocios.

CONTROL

“Una vez identificada a la empresa ilegal, se procede al llenado del acta de clausura correspondiente, se entrega la respectiva notificación al propietario, gerente, socio, administrador, representante legal de la empresa y se procede al precintado”, detalló la autoridad.

Indicó que estas labores se realizan en coordinación entre el Comando de la Policía Departamental de la jurisdicción correspondiente y las Jedecev.

En caso de que la empresa ilegal sea clausurada y continúe prestando servicios de vigilancia, se realiza una nueva clausura y se remite el caso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público, para solicitar el secuestro de bienes muebles de esas entidades.

En ese marco, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana proyecta, en el corto plazo, un informe de la cantidad de empresas clausuradas y de los procesos iniciados en el país, para sentar un precedente y así evitar la proliferación de estos negocios ilegales.

“El asesor jurídico de la Jedecev brindará apoyo legal en los procedimientos de clausura de la empresa y la inhabilitación del dueño o propietario, así como el seguimiento permanente, coadyuvando la labor del fiscal y de la FELCC para investigar los delitos”, explicó Ríos.

En cuanto a las empresas que funcionan de manera regular, el viceministro ponderó los mecanismos de coordinación establecidos con la Policía, para fortalecer las labores de prevención, pues las privadas implementaron medidas de vigilancia, como sistemas cerrados de seguridad y cámaras que coadyuvan a resolver ilícitos.

Además, “son los guardias de seguridad los que, mediante información, ayudan a la Policía a la detención de delincuentes, pues muchas veces son los primeros en intervenir en esos hechos”, añadió.

En ese marco, de forma constante se realizan actividades de actualización e intercambio de experiencias con otras organizaciones, en el ámbito nacional e internacional, a fin de fortalecer el trabajo de esas entidades privadas.

Viceministro trabaja en un nuevo reglamento

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana trabaja en un nuevo reglamento para normar el funcionamiento y la emisión de autorizaciones para las empresas privadas de vigilancia que, entre otras cosas, establece la simplificación y modernización de trámites, para que puedan brindar sus servicios a la población en general y a las entidades que las contratan.

El reglamento “establece los procedimientos y los requisitos, la emisión de una resolución del Comando de la Policía, por el cual se autoriza el funcionamiento, que luego se remite al Ministerio Gobierno, para que entreguemos la homologación y otros documentos, para que la empresa pueda empezar sus actividades”, explicó el viceministro del área, Roberto Ríos.

La autoridad señaló que el actual reglamento data de 2013, por lo que urge una actualización. Si bien se establecerán más controles, también se simplificarán plazos. Por ejemplo, ahora el trámite para abrir una empresa de seguridad dura más de 90 días, lo que se prevé reducir a un mes, además que las gestiones serán virtuales.

Guardias de seguridad no pueden usar armas letales

Los guardias de seguridad privada están restringidos de realizar tres acciones, entre ellas usar armas letales, pues su labor es básicamente prevenir el delito.

Un informe del Viceministerio de Seguridad Ciudadana señala que estos efectivos tampoco pueden realizar detenciones ni pueden ejecutar intervenciones directas en el lugar del delito.

El informe de esa repartición estatal es enfático en establecer que los guardias están restringidos de “usar cualquier tipo de armamento ya sea letal o no letal”.

Además, establece cinco atribuciones que tienen los guardias de seguridad privada.

FACULTAD.

La primera está referida a la vigilancia y custodia de locales comerciales, bienes inmuebles, instituciones bancarias. En ese marco, este elemento de seguridad tiene la obligación de informar a la Policía sobre cualquier hecho para prevenir, mantener o restablecer el orden público.

En segundo lugar, deben controlar la identidad en el acceso a determinados inmuebles; evitar la comisión de actos delictivos brindando información veraz y oportuna. Asimismo, deben proteger el almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores u objetos valiosos.

Por último, estas personas deben responder a las alarmas que se activen y que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En cuanto a las prohibiciones que establece la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los guardias de seguridad privada quedan prohibidos de utilizar cualquier tipo de arma, macana garrote, torito, paralizador eléctricos u otros que puedan ser considerado armas blancas o instrumentos contundentes.

Asimismo, la norma restringe la fabricación, importación, exportación, el tránsito, el transporte nacional e internacional, comercialización y uso de armas de fuego, municiones, explosivos, sus partes, componentes y otros materiales relacionados al uso militar y/o policial.

Según la norma y la reglamentación vigente, para abrir una empresa de seguridad privada, se deben cumplir varios requisitos, que están divididos en dos áreas.

REQUISITOS.

El primero es el “expediente empresarial”, que consta de 19 cláusulas que deben ser cumplidas, entre ellas, la presentación de un memorial de solicitud de autorización; el NIT; licencia de funcionamiento municipal; registro a la Caja Nacional de Salud (CNS) u otra institución similar; además de las constancias documentales de que todo el personal cuenta con un seguro de vida, con un capital mínimo de $us 3.000.

Asimismo, debe contar con un Seguro de Responsabilidad Civil, a favor de todos sus contratantes y/o terceros que pudieran ser afectados por el desarrollo de actividades; además, tiene que contar con un Seguro de Transporte de Valores caudales y monedas, en el que conste la ampliación de cobertura de todo riesgo de pérdida y/o daño como consecuencia de robo, atraco y/o asalto.

La segunda área de requisitos es el “Expediente de recursos humanos y materiales”, que es la relación nominal del personal en el cual detalla los antecedentes de los guardias de la FELCN, FELCC, Tránsito, Interpol, y Certificado de No Violencia vigente; asimismo, deben hacer constar sus documentos que avalan su respectiva capacitación, emitida por la Unipol, y otros datos personales de los elementos de seguridad.

Congreso de empresas privadas identifica 3 prioridades

En el marco del Congreso Panamericano de Seguridad Privada 2022, que se desarrolló el 11 y 12 de agosto, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana identificó tres tareas prioritarias que se deben consolidar con las empresas privadas de vigilancia, que se deben consolidar a corto y mediano plazo.

“Se trata de tareas fundamentales: la coordinación operativa de las actividades de las empresas de vigilancia junto con la Policía; sistemas de comunicación oportuna ante algún suceso de delitos o violencia; y la captura de información estadística de hechos de inseguridad, que son atendidos por vigilantes”, explicó a LA RAZÓN el viceministro del área, Roberto Ríos.

La autoridad manifestó que estas empresas han adquirido notoriedad y relevancia en los últimos años, no solo por el aporte a la reactivación económica del país, sino también por el impacto social al bienestar y “a la seguridad de la comunidad y la búsqueda de una convivencia pacífica”.

Asimismo, Ríos enfatizó que con una coordinación adecuada “se puede mejorar las condiciones de vida y aportar al desarrollo”.

En ese marco, destacó la realización del Congreso Panamericano, en el que se conoció la labor que realizan empresas de seguridad de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, entre otros, con los que se intercambió experiencias y se tomaron en cuenta una serie de sugerencias para establecer las tres tareas prioritarias a ser asumidas en el país. En el evento participó personal de la Policía y de las Jefaturas Departamentales de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev).

Fuente/la-razon.com