En 12 años, el monto de recursos destinado para el pago de sueldos y jornales en el Órgano Ejecutivo se triplicó. Subió de 3.800 millones de bolivianos en 2010, a 10.191 millones de bolivianos presupuestados para 2022. El monto no contempla aportes a la seguridad social, beneficios sociales, bonificaciones y otros.
Los datos fueron extraidos del Presupuesto General del Estado (PGE), que se encuentra en el Sistema de Gestión Pública (Sigep). Este sector comprende a los 17 ministerios, la vicepresidencia, el Tesoro General del Estado y el Consejo Supremo de Defensa Nacional.
Este incremento acelerado del gasto público implica riesgos para el Estado. “En un escenario de menor crecimiento y dinámica externa e interna, una planilla tan abultada y con un carga fiscal tan grande es muy difícil de llevar, sobre todo, considerando que el 80% de la fuerza laboral de Bolivia pertenece al sector informal. Del otro 20%, casi la mitad son empleados públicos, lo que plantea una realidad muy asimétrica en términos de sostenibilidad fiscal. Muy pocos sostienen la abultada planilla”, manifestó el analista Gabriel Espinoza.
Pero, no solo subió el gasto en sueldos del Ejecutivo, el grupo de Empresas Nacionales, que aglutina a 34 como YPFB, BoA, Lacteosbol, Cartonbol, Papelbol, EBA, ENDE o Misicuni, entre otras. El costo de los sueldos para sus trabajadores subió de 882 millones de bolivianos en 2010 a 2.390 millones en 2022.
Mientras que en los casos del Ejecutivo y las empresas estatales el costo se triplicó, en el caso del Órgano Legislativo -que contempla a los dependientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)- el monto destinado a ese ítem, en esos 12 años, subió de 100,2 millones de bolivianos a 171 millones. Este es el órgano que menor incremento presentó.
Cabe aclarar que las cifras corresponden sólo a estas tres instancias del Estado y no a todo el aparato público. Tampoco suma los aportes a la seguridad social, beneficios, bonos y otros. Es decir que son apenas una parte del costo total que implica la planilla del sector público.
Los funcionarios y el Ejecutivo
El aparato estatal comprende: la administración central, departamental y regional, municipal e indígena, las universidades, las instituciones descentralizadas, las entidades de seguridad social, el personal del servicio público de salud, de las financieras del Estado, de educación, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Además, están las empresas nacionales.
Hasta inicio de 2020 (última cifra pública), todo este grupo tenía, al menos 526.955 dependientes, de los que 35.095 eran empleados de las empresas. Para entonces se calculaba que el crecimiento anual de la planilla era de un 10%, lo que representa uno de los gastos más onerosos de la administración pública.
“Evidentemente la planilla del sector público ha crecido de una manera extraordinaria en los últimos años. Esto demuestra, también, una falta de eficiencia administrativa”, dijo Espinoza.
Explicó que si bien es cierto que el Estado creció, que las empresas públicas han generado una mayor carga administrativa y que las obligaciones del Gobierno demandan más ítems para la cobertura en salud y en educación, en líneas generales lo que más ha crecido es el personal administrativo.
“Este sector no debería crecer tanto. En un Gobierno eficiente y con tecnología, el sector administrativo debía reducirse o irse transformando en operativo”, manifestó el analista.
Según datos del INE, el salario medio nominal del Sector Público, para marzo de 2022, alcanzó 4.148 bolivianos. Esto representa una variación porcentual negativa de 0,38% con respecto a diciembre de 2021, cuando se registró un salario medio de 4.164 de bolivianos.
Los asalariados que trabajan en instituciones financieras estatales percibieron en promedio el mayor salario medio nominal, 11.604 bolivianos/mes; las universidades, 10.525 bolivianos; las empresas públicas, 8.797 bolivianos; y la administración descentralizada, 8.540 bolivianos.
Los grupos institucionales que presentaron menores niveles salariales fueron: administración central con un promedio de 3.120 bolivianos; Gobiernos Autónomos Departamentales, 5.284 bolivianos; y Gobiernos Municipales con 5.332 bolivianos.
En los casos mencionados, la media fue obtenida sobre el haber básico, sin contar ninguna remuneración extra. Si se toma el total de remuneración, el personal que recibió una mayor remuneración media nominal fue el de las universidades. Alcanzó a recibir un promedio de 12.617 bolivianos/mes.
Le sigue el personal de las instituciones financieras con 12.047 bolivianos y empresas públicas con 10.150 bolivianos. Los promedios más bajos se registraron en las Gobernaciones con 5.524 bolivianos, la administración central con 5.531 bolivianos y las Alcaldías con 5.895 bolivianos.
El FMI y la recomendación
Hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno realizar varios recortes. Aconsejó restringir o eliminar el bono salarial de fin de año y limitar el crecimiento de los salarios del sector público y de la planilla.
“La recomendación del FMI no tiene que ver tanto con este excesivo crecimiento del sector público. Sino, con tratar de limitar los efectos negativos de un escenario en el que el financiamiento externo será más caro y difícil de obtener”, sostuvo Espinoza.
Señaló que con las fuentes de recursos agotadas para sostener una planilla abultada, el Gobierno tendría que empezar a generar una mayor presión impositiva o tratar de ampliar la base impositiva, algo que “políticamente no es viable”.
“La recomendación del FMI, antes que tratar de reducir al sector público, tiene un enfoque de protección de las estabilidades y equilibrios para la economía en general”, añadió.
Crecimiento en año electoral
En noviembre de 2020, sectores afines al MAS presionaron a Luis Arce para tomar el control de 12 de los 17 ministerios, para asegurar la inserción laboral de quienes apoyaron al partido azul para ganar las elecciones. Las peticiones eran tantas que Arce calculó que necesitaría 149 carteras de estado para cubrir la demanda.
“Nosotros vamos a ser muy austeros, no creo que tengamos el físico para tener 149 ministerios y satisfacer a todas las organizaciones”, expresó en entrevista con Gigavisión, sin ahondar en el tema de fondo, la demanda de cupos laborales en el sector público.
En miras a las elecciones nacionales de 2025 y las subnacionales de 2026, se estima un escenario similar en el que habrá una gran demanda de empleos en la administración estatal.
“Tenemos a futuro en un periodo electoral que parece va a ser muy reñido. Evidentemente, en este contexto, de debilidad institucional que estamos enfrentando el país (que se exacerbó en los últimos años), la generación de empleo público será lo que siempre ha sido una actividad casi proselitista”, añadió el analista.
Manifestó que aquellos actores que quieren ganar los comicios son los que empiezan a generar espacios de empleo público para obtener los votos.
Pago a la fidelidad
Prebenda: Para las elecciones de 2020, luego de los conflictos poselectorales, el pago por el apoyo ya no podían ser obras o recursos. Desde la confirmación de la victoria del partido azul, diferentes sectores afines pasaron factura por ser “leales en tiempos difíciles” y exigieron espacios en el gabinete.
Cupos: La dirección regional de El Alto pidió los ministerios de Trabajo, Justicia, Agua, Cultura y Relaciones Exteriores; la COB aspiró a Trabajo, Hidrocarburos, Minería y Salud; las Bartolinas y los gremiales pidieron crear las carteras de la Mujer y del Gremial para ellas.
Poder: En ese momento, el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de los Interculturales, Henry Nina, lamentó la actitud de estos dirigentes y los llamó “buscapegas”. Sin embargo, semanas después fue posesionado como presidente de la ABC que ahora está en el ojo de la tormenta.
El legislativo, con un menor incremento en el pago de sueldos
Entre el 2010 y el 2022 los recursos destinados para el pago de sueldos subieron de 100,2 millones de bolivianos a 171 millones. Al contener solo a la ALP, el aumento de funcionarios fue mucho menor que en el Órgano Ejecutivo.
La ALP está conformada por la Cámara de Senadores, con 36 legisladores titulares y 36 suplentes, y la Cámara de Diputados, que tiene 130 titulares y 130 suplentes, incluyendo a los Supraestatales. Además de las autoridades electas, cada instancia tiene un determinado número de empleados públicos para su funcionamiento.
De acuerdo a las estadísticas publicadas en el portal del Senado, hasta 2021, esta cámara tenía 368 funcionarios. De ellos, 153 (34,77%) era personal permanente y 176 (40%) era eventual. Adicionalmente, otras 39 personas trabajaron como eventuales en comisiones mixtas y brigadas.
En 2021, de acuerdo a la escala salarial de esa gestión, última publicada en su portal, para el pago a los senadores y al personal de planta (sin contar con los eventuales) se destinó alrededor de 29 millones de bolivianos.
En el caso de Diputados no hay un detalle del total del personal que trabaja en dicha cámara. Su escala salarial toma en cuenta 273 ítems que no incluyen a los eventuales ni a los diputados. Solo en este personal de planta, el costo anual asciende a otros 29 millones de bolivianos.
Según una planilla salarial de 2021, los diputados tienen un salario de 22.632 bolivianos y los suplentes de 7.544. Esto suma cerca de cuatro millones de bolivianos anuales. Más los empleados de planta llegan a 33 millones de bolivianos.
Entre ambas cámaras se tiene un total de 62 millones de bolivianos, que no contemplan a los trabajadores eventuales ni aguinaldos u otros beneficios. Cabe aclarar que por estos faltantes la cifra no llega ni al 50% del total reportado en el PGE.
¿Qué pasa con las empresas estatales?
En agosto, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, anunció una inversión de 2.076 millones de bolivianos, para la creación de 20 nuevos proyectos de industrialización en diferentes puntos del país.
Con esta medida, también se pretende crear nuevas fuentes de empleo y con ello incrementar la cantidad de dependientes del Estado.
Entre los nuevos proyectos se encuentran las plantas de almacenamiento de granos de Emapa en Pailón; de Bioinsumos, en Pampa Grande y de transformación de subproductos de soya, en San Julián, en Santa Cruz.
Para 2022, el monto destinado al pago de salarios y jornales de 37 empresas nacionales es de 2.390 millones de bolivianos. La cifra es el triple del monto destinado en 2010, cuando alcanzó a 881 millones.
El año en el que se destinó mayor cantidad de recursos fue el 2018, cuando se tuvo un egreso de 2.556 millones de bolivianos. Desde esa gestión el monto fue reduciendo, siendo la presente gestión el punto más bajo.
Según un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) dependiente del Ministerio de la Presidencia realizado en 2019, nueve empresas estatales acumularon una pérdida de 475,26 millones de bolivianos hasta ese año. El estudio, que fue elaborado durante la gestión del entonces presidente Evo Morales, no fue publicado.
Las estatales que registran altas pérdidas son: Empresa Azucarera San Buenaventura, Empresa de Textiles Yacana, Empresa de Industrialización de Hidrocarburos, Quipus, la Siderúrgica del Mutún, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia, Yacimientos de Litio Bolivianos, Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y Empresa Naviera Boliviana.
Fuente/paginasiete.bo
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