Los grupos más vulnerables son las niñas y adolescentes mujeres, quienes son agredidas casi siempre por hombres de su entorno. Para las víctimas se debe garantizar acceso a una atención terapéutica
Problemas emocionales, funcionales, de relación, adaptación y sexuales son algunas de las consecuencias que traen consigo las agresiones sexuales para las víctimas menores de edad, quienes tienen el derecho, además del acceso a la justicia, a que el Estado les garantice un tratamiento terapéutico especializado, sin embargo, al menos un 15 por ciento no llega a concluir este ciclo de atención.
Un total de 120 casos de violencia sexual en contra de menores de edad solamente en Cercado de enero a inicios de octubre, lo que indica que por mes hay más de 12 denuncias, es decir, que la estadística daría cuenta que día por medio una niña o adolescente es vejada.
El Estado tiene entre sus competencias garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, pero también de proveer la terapia y el acompañamiento que ayuden a superar el daño emocional de este tipo de agresiones. En Tarija esta competencia está a cargo del Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT), que depende del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
El procedimiento indica que cuando la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de un municipio toma conocimiento de un hecho de violencia sexual a menores, debe hacer una evaluación preliminar y luego derivar a la víctima al CEPAT.
La jefa del Sedeges, María Esther Valencia, informó que desde enero hasta el 15 de octubre fueron 138 los niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos por el personal del CEPAT en Cercado. Destacó que en el 85 por ciento de los casos los menores concluyen la terapia, pero queda un 15 por ciento que lo abandona, por razones diversas.
La jefa de la DNA del municipio, María Eugenia Gareca, explicó que en 120 casos se abarca delitos de violación, abuso sexual, que refiere a toques en las partes íntimas, y estupro, que consiste en el enamoramiento de una persona mayor de edad a una menor.
En el desglose de datos hizo hincapié al hecho de que el 90 por ciento de las denuncias atendidas tiene como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. El delito más grave que es la violación tiene como el grupo etario más vulnerable el de las niñas entre los 5 y los 12 años, que suma 39 hechos, casi la totalidad tiene como agresores a varones que forman parte del entorno cercano de las menores.
“Estos casos ocurren casi siempre dentro del seno familiar, resulta que son el papá, el padrastro, los primos, tíos. Tenemos que tomar en cuenta que a veces las niñas se quedan solas mucho tiempo dentro de los hogares y ahí es donde ocurren este tipo de agresiones, que nos dan tan altas estadísticas”, dijo.
En una suma global de todos los delitos, se tiene como la población más vulnerable a menores entre los 13 y 17 años, el CEPAT atendió 83 pacientes entre esas edades. Le sigue el grupo entre 7 y 12 con 47 víctimas y finalmente de 0 a 6 con nueve personas.
Al hacer una diferencia por el sexo, el grupo contra el que se registran más agresiones es el de las adolescentes mujeres con 79 casos, los adolescentes varones fueron 7. Por otra parte, las niñas suman 38 y los niños 14.
Por el riesgo que enfrentan los menores de edad, el principal consejo de las autoridades es que los padres de familia hagan el mayor seguimiento posible a sus hijos, conocer cómo realizan sus actividades diarias, con quiénes se relacionan y si existe algún cambio en su conducta que pueda significar que ha sido víctima de alguna agresión, para presentar la denuncia lo antes posible.
Atención
En lo que va de la gestión el CEPAT atendió a 138 víctimas de agresión sexual en la provincia Cercado
Procedimiento para las víctimas de agresión sexual
Cuando un menor de edad sufre una agresión sexual, lo más importante es que lo reporte a las autoridades. La psicóloga de la DNA, Mónica Núñez, dijo que es esta unidad la que debe realizar el primer acercamiento con la víctima.
A requerimiento fiscal se procede con la entrevista en Cámara Gesell, un psicólogo toma la declaración de la víctima y este procedimiento es observado por el apoderado, un abogado y alguien de la Defensoría. Dicha declaración debe ser transcrita y el documento ya cuenta como prueba para el proceso penal.
Aseveró que luego se hace otra evaluación para abordar el estado psicológico de la víctima luego de tener que relatar la agresión, este es el informe que se remite al CEPAT.
Fuente/elpais.bo
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