EEUU ve violación, corrupción y represalias en penales de Bolivia

El informe sobre derechos humanos muestra una realidad de superpoblación, malas  condiciones y fondos insuficientes, además de violencia generalizada por falta de seguridad.

Estados Unidos, en su “Informe por países sobre prácticas de derechos humanos para 2021”, mostró una realidad carcelaria dura y potencialmente mortal debido a la superpoblación, fondos insuficientes y malas condiciones, además de la violencia generalizada debido a la falta de seguridad interna. 

En el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos también se hizo una relación de los problemas significativos como la tortura, trato o castigo cruel, inhumano o denigrante por parte de funcionarios de gobierno; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; y restricciones a la libertad de expresión, de prensa y por otros medios, incluida la violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y censura. Sumó una “corrupción gubernamental grave”; falta de investigación y rendición de cuentas por actos de violencia contra la mujer; delitos que involucran violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, e intersexuales; y algunas de las peores formas de trabajo infantil.

Concluye que, si bien se tomaron medidas, “hubo una aplicación desigual e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto condujeron a la impunidad”.

LA SITUACIÓN Un problema reiterativo en las instalaciones penitenciarias es el hacinamiento. 

La capacidad se sobrepasó con casi el triple, es decir, según la dirección de Régimen Penitenciario, debían haber 6.765 reclusos, pero hasta septiembre del año pasado se reportaron 17.833.

A partir de esta situación se hacen cada vez más comunes enfermedades de la piel y tuberculosis. Un médico atiende a los presos dos veces al mes, pero no cuentan con medicamentos y las mujeres embarazadas carecen de acceso a servicios obstétricos. 

LA VIOLENCIA En algunos penales, los privados de libertad, hombres y mujeres, tuvieron que compartir espacios, lo que derivó en agresiones sexuales y acoso. 

Reportan que hubo reclusas que tuvieron que pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas. 

Esto sucedió en los penales de Tarija, Santa Cruz, Beni y Oruro, donde ambos sexos comparten dormitorios. En estos lugares prima la cultura del silencio ante la violencia de género por temor a las represalias.

En el informe se concluye que la violencia se debe a una inadecuada seguridad interna, siendo los mismos funcionarios penitenciarios los que provocan los maltratos traducidos en intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura y amenazas de muerte.

“Hubo denuncias de violaciones y agresiones sexuales cometidas por las autoridades y por otros reclusos”, se lee.

Continúa señalando que, en general, las autoridades no investigaron las denuncias creíbles de malos tratos y, en algunos casos, prefirieron no hacerlo por temor a represalias.

CORRUPCIÓN Según EEUU, la corrupción fue generalizada. Develó que hubo reclusos que compraron su traslado de un centro de rehabilitación a otro recién construido y con mejores condiciones de vida. 

A esto se suma, que según su capacidad económica puede pagar sobornos para garantizar su seguridad física, tamaño de su celda, privilegios de visita, su capacidad de asistir a audiencias judiciales, su elegibilidad para salidas por el día y el lugar y la duración de su encierro.

“Tanto los reclusos como las ONG alegaron que no hubo suficientes policías para escoltarlos a sus audiencias. Los directores de prisiones, a menudo, no tomaron medidas para garantizar que los reclusos asistieran a sus audiencias, lo que exacerbó la retardación”, continúa.

A su vez, señala que, en ocasiones, policías exigieron sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho a asistir a sus propias audiencias. 

OTRAS DEFICIENCIAS EEUU también observa la presencia de niños en las cárceles, a pesar de las condiciones inseguras, debido a la pobreza o limitaciones familiares. También se refiere a la presencia de adolescentes mayores de 16 años en centros de detención juvenil, cuando la ley no lo permite, y los escasos programas de rehabilitación. A partir de esto, se revela que policías y reclusos adultos maltrataron a los menores. 

En cuanto a la pandemia de la COVID-19, que prohibió casi totalmente las visitas, alertaron de una restricción a la supervisión independiente de las condiciones carcelarias. Asimismo, reportaron que la falta de acceso a la información, transparencia y justicia se vieron afectados.

‘Tortura’ contra RJC y en FFAA 

Con referencia a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o denigrantes, EEUU hace referencia a dos casos específicos relacionados a los conflictos de 2020 y uno de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y contra un soldado en las Fuerzas Armadas (FFAA).

El documento indica que se tienen informes de que funcionarios del Gobierno emplearon estos delitos que están prohibidos.

Señala que el 21 de julio de 2021, Mario Bascopé, de la RJC fue arrestado por cargos de asociación delictuosa, destrucción de propiedad estatal y posesión ilegal de armas relacionadas con las protestas realizadas en octubre de 2020 frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, exigiendo la renuncia de su titular, Juan Lanchipa.

“Bascopé afirmó que la policía lo golpeó brutalmente cuando lo arrestaron y una junta médica informó que las lesiones requerían hospitalización, sin embargo, fue llevado a juicio”, dice el documento.

También recoge su declaración sobre que recibió golpes en la cabeza y estuvo siete días sin comer ni tomar agua, lo que fue considerado como “trato inhumano”. En esa oportunidad, el entonces viceministro Nelson Cox “declaró que la culpabilidad de Bascopé estaba probada antes de que un juez lo sentenciara, el 27 de octubre, a 10 años de prisión por tráfico de sustancias controladas en otro juicio”.

Para EEUU, dentro del ejército, la tortura y el maltrato ocurren para castigar e intimidar a los reclusos para someterlos. 

Utiliza el informe de la Defensoría del Pueblo sobre 45 casos de abusos contra los derechos humanos en las FFAA entre enero de 2020 y junio de 2021, la mayoría contra reclutas, y la muerte de al menos dos soldados que quedaron en la impunidad.

Recuerda que el 30 de junio, el recluta de la armada Mauricio Apaza murió luego de ser sometido a una serie de ejercicios físicos y malos tratos como castigo por fugarse de su guarnición en Pando. En este caso hubo un detenido.

Fuente/opinion.com.bo