En 2018 Max Mendoza ocupó el cargo de presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), puesto que le llevó en 2018 a ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. En ese cargo solo debía estar 30 días, pero ya está cuatro años y recibe un salario de 21.870 bolivianos cada mes.
Docentes adelantan la denuncia penal contra el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por los delitos penales de percepción indebida de recursos, conducta antieconómica, entre otros, independiente de la auditoría anunciada al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
“Como docente vinculado a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), así sea tiempo horario, tenemos la obligación de hacer conocer al Ministerio Público estos delitos (percepciones indebidas, actividad económica contraria al Estado y otros) y que el Ministerio Público ojalá nos admita esta denuncia, la tramite y aplique las medidas cautelares que corresponden, en este caso, que es la detención preventiva contra este sujeto (Max Mendoza)”, afirmó el legista, politólogo y economista Víctor Hugo Chávez Serrano.
Agregó que esta demanda debe llevarse adelante, independientemente de la auditoría anunciada, toda vez que dicen que las harán, pero estas no se realizan, además que tardan en el tiempo, por tanto, se diluye el problema.
“Sobre la marcha tiene que ser la denuncia ante el Ministerio Público para saldar cuentas con esta persona, ya que la sede del CEUB está en La Paz”, dijo Chávez. Señaló que la comunidad universitaria está comprometida en impulsar el proceso si es que las autoridades “no lo hacen en el curso de esta semana”.
Aclaró que las autoridades están obligadas a presentar la demanda en cumplimiento al “mandato del artículo 286 del Código Penal que establece la obligación de denunciar”.
En 2018 Mendoza ocupó el cargo de presidente de la CUB, puesto que le llevó en 2018 a ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. En ese cargo solo debía estar 30 días, pero ya está cuatro años y recibe un salario de 21.870 bolivianos cada mes.
A esto se suma que fue designado como “miembro del presidium XIII CNU”, un cargo que no existe, pero luego se hizo una “corrección” a través de una resolución con el cargo de secretario nacional.
“Los secretarios nacionales son elegidos en congreso de universidades, cosa que no hubo”, señaló el secretario de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) del CEUB, Carlos Salinas, a Página Siete.
Además que para ejercer ese cargo se debe contar con algunos requisitos, como ser docente con más de cinco años de antigüedad y ejercer cátedra en el momento de ser escogido.
EL CASO MENDOZA INVOLUCRA A VARIAS PERSONAS
El legista Víctor Hugo Chávez en el caso de Max Mendoza sostiene que también cometieron ilícitos los que nombraron y reconocieron a esta persona.
“Están en ilícitos los que han nombrado porque no tenían facultades para hacerlo, en todo caso no había un cargo establecido mediante ley (…). No se pueden inventar un cargo de la noche a la mañana. Entonces, quienes han firmado, todos quienes no han hecho nada par poder establecer que eso es absolutamente ilegal (también son responsables”, dijo
EXPRESIDENTE DE LA CUB TRABAJÓ EN EL CEUB Y FUE TRANSFERIDO A LA UMSS
También salieron a luz posibles ilícitos del expresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Joahn Herbas la Fuente, que asumió funciones en el CEUB e hizo homologar sus años de servicio en ésta para su cargo en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
Herbas prestó servicios por dos años, siete meses y veintiún días, certificado por la Unidad de Calificación de Años de Servicio, tiempo que mediante resolución del Rectorado de la UMSS lo homologa para “efectos de reconocimiento del bono de antigüedad y periodo anual de vacaciones”.
La resolución del Rectorado de la UMSS, suscrito por Juan Ríos del Prado, rector en 2017, contempla una interpretación que no establece la normativa establecida.
“Este hecho es algo irregular, porque la UMSS interpreta a su medida normativa nacional para beneficiar a una persona, toda vez que la normativa refiere al servicio que presta en una institución y hacer reconocer estos en otra”, señaló el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.
En diciembre de 2020, el actual rector, Julio César Medina, designó a Herbas como jefe del Departamento de Servicio de la Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil (DUBE), la instancia que se encarga de la otorgación de becas y otros beneficios a los universitarios.
La RM 632 habla de la certificación de años de servicio, pero en ningún momento refiere que pueda interpretarse para homologar los servicios prestados en una institución en otro trabajo.
“Es probable también que esté figurando con la antigüedad para repuntar el bono de antigüedad en su nueva designación. Eso es cuestionable desde el punto de vista legal y a mí entender existe responsabilidad tanto administrativa como civil contra la mencionada persona (Herbas)”, dijo el abogado Víctor Hugo Chávez.
Este medio intentó comunicarse con Río y Herbas para conocer su versión al respecto, pero no fueron encontrados.
Fuente/lostiempos.com
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