Sobre el dirigente universitario recaen los delitos de usurpación de funciones y de conducta antieconómica. El juez dispuso su detención por 180 días en el penal de San Pedro.
El juez que presidió la audiencia cautelar en contra del dirigente universitario estudiantil Max Mendoza Parra decretó la prisión preventiva por 180 días para el imputado mientras prosigue la investigación preparatoria. La imputación en contra de Mendoza contempla los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas solicitó la medida excepcional que se cumplirá en el penal de San Pedro. La medida se determinó en una audiencia cautelar que se prolongó por casi 5 horas.
Durante la audiencia, las partes acusatorias, entre las que figuran el diputado Héctor Arce y la Universidad Mayor San Andrés, consideran que Mendoza no cumplía los requisitos necesarios para integrar el Presidium que prolongó su mandato entre el 2018 y el 2022. Durante ese periodo, el Congreso Nacional Universitario permaneció interrumpido sin nombrar autoridades que asuman la gestión del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
A raíz de dicha irregularidad, su cargo al frente del CEUB sería considerado como usurpación de funciones y no estaría sujeto al pago de salarios. A esta situación se suma la utilización de recursos del CEUB para viajes tanto al interior como al exterior del país.
Estas acciones incurrirían en los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica con afectación al Estado. El juez instructor consideró que Mendoza no contaba con los requisitos necesarios para cumplir las funciones como Máxima Autoridad Ejecutiva del CEUB.
La defensa del dirigente estudiantil, José Luis Paredes, insistió que Mendoza accedió al cargo mediante una resolución del decimo tercer Congreso de la Universidad Boliviana realizado en mayo de 2018 en Potosí.
Refuta también las acusaciones sobre malversación de los fondos del CEUB. «No hay evidencia de un uso indebido de los bienes de las universidades«, señaló Paredes. «El hecho de ejercer un cargo le otorgó la posibilidad de administrar recursos, lo que no equivale a una mala administración de los mismos», argumentó el letrado.
La exposición del defensor consideró como necesaria la otorgación de un salario a Mendoza por su responsabilidad al frente del Presidium. «Ha realizado mucho trabajo a favor de la universidad y ha ahorrado a la misma lo que se debiera pagar a nueve secretarios», explicó Paredes.
Fuente/eldeber.com.bo
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