De Achacollo a Ancieta, la cúpula del MAS quedó libre por el caso Fondo Indígena

El exfiscal Ánghelo Saravia en su momento consideraba a Aramayo testigo clave del caso Fondioc. Ahora, varios implicados quedarán en la impunidad.

Luego de la muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, se conoció que toda la cúpula de exautoridades y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) quedaron en libertad, unos con medidas sustitutivas y otros con libertad irrestricta, dentro del caso por el desfalco millonario a la institución indígena.

El exfiscal Ánghelo Saravia estuvo al frente de las investigaciones del caso Fondo Indígena (2015-2016) y recordó que consideraba a Aramayo como un testigo clave, pero ahora con su muerte muchos implicados quedarán en la impunidad.

“Él, como exdirector, sabía y conocía a quienes les autorizaron firmar convenios de los proyectos fantasma. Ahora, con la muerte del señor Marco Antonio Aramayo, muchos van a quedar impunes, porque se fue el testigo clave, quien sabía cómo se ha desfalcado el Fondo Indígena y a este señor lo han privado de libertad, lo amordazaron para que no diga quiénes son los responsables”, señaló Saravia a Página Siete.

Achacollo (2010-2015): la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue procesada por este caso y estuvo detenida desde agosto de 2016 a diciembre de 2017. Salió del penal tras beneficiarse con la detención domiciliaria. Pero le revocaron la medida en diciembre de 2019 y volvió a salir de prisión con arresto domiciliario en julio de 2020.

A diferencia de Aramayo que enfrentó más de 250 denuncias, la Fiscalía abrió un solo proceso contra la exministra que sigue en fase de investigación, pese a que ella, en su calidad de ministra, fue presidenta del Directorio del Fondo Indígena y benefició con proyectos a decenas de dirigentes de organizaciones sociales. Muchos de esos proyectos no fueron ejecutados.

Zapata (2012-2013): Daniel Zapata asumió la Dirección del Fondo Indígena en representación de la Asamblea del Pueblo Guaraní. El ejecutivo no se presentó a declarar ante la Fiscalía, en marzo de 2015; por ello se ordenó su aprehensión y posteriormente lo declararon rebelde.

Desde aquel año a la fecha, la Fiscalía y la Policía no lograron dar con el paradero de Zapata. La exautoridad fue implicada en daño millonario al Fondo Indígena por 153 proyectos que no fueron iniciados y otros no se concluyeron. El proceso fue abierto a demanda de la Contraloría General del Estado.

Choque y el pueblo fantasma: según las investigaciones, el Fondo Indígena transfirió a la cuenta bancaria del exsenador Jorge Choque Salomé seis millones de bolivianos para la ejecución de siete proyectos de forraje con semilla certificada en los municipios de Collana, Ayo Ayo, Sica Sica, Patacamaya, Umala, Calamarca y Colquencha, pero algunas obras no fueron concluidas y tampoco se presentaron los descargos por los gastos. Fue aprehendido y procesado en 2015, pero un juez dispuso que asuma defensa en libertad.

Luego, en 2020, Rafael Quispe, en su condición de director del Fondo Indígena, pidió la revocatoria de las medidas sustitutivas de Choque, para que sea encarcelado por inventar la existencia de un pueblo con el fin de recibir recursos. Sin embargo, el exsenador asume defensa en libertad.

Senadora Merino: la senadora  Felipa Merino, del MAS, también fue procesada por el caso Fondo Indígena en 2015, por tres proyectos observados. Merino fue beneficiada con medidas sustitutivas aquel año.

Huanca y las ovejas cara negra: Felipa Huanca, excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz,  fue sindicada en 2015 por recibir 99.528 bolivianos para la ejecución del proyecto Ayni, de fortalecimiento orgánico, cuando era secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa”. En ese entonces, se conoció que Huanca entregó ovejas cara negra “truchas” y de contrabando con recursos de la institución indígena. Huanca asumió defensa en libertad y aseguró que manejó con transparencia esos recursos.

En febrero de 2020, en el gobierno transitorio, se reactivó el proceso; Huanca fue aprehendida e imputada; sin embargo, una instancia judicial dispuso su libertad pura y simple. Ahora, Huanca es cónsul de Bolivia en Perú.

Melva Hurtado: la expresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín al gobierno del MAS, Melva Hurtado, fue procesada y encarcelada por este caso, en diciembre de 2015. Salió de la cárcel con medidas sustitutivas en 2017.

Juanita Ancieta: la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Juanita Ancieta, también fue implicada en 2015 por la recepción de más de ocho millones de bolivianos para dos proyectos. La dirigente devolvió casi cinco millones de bolivianos y aseguró que el resto del dinero fue ejecutado. La investigación en su contra no prosperó.

Otros casos

Tras dos años de prisión, Julia Ramos, exministra de Justicia,  salió de prisión en diciembre de 2017, para cumplir con el arresto domiciliario por el caso Fondo Indígena. Además de Ramos, se beneficiaron de similar medida el exdirigente campesino Damián Condori y Félix Becerra, exdirigente del Conamaq.

En enero de 2020, la Fiscalía informó sobre el inicio de una investigación contra el exministro de Economía y candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, por presuntos hechos irregulares en el Fondo Indígena durante el gobierno del MAS, pero a la fecha no prosperó el caso.

Lidia Patty, exdiputada,  también fue denunciada por proyectos inconclusos del Fondo Indígena, pero la demanda no avanzó.

Proyectos fantasma

• Contraloría En febrero de 2015, la Contraloría General del Estado concluyó que 153 proyectos no fueron iniciados y otros no se concluyeron,  pese a recibir financiamiento del Fondo Indígena. Remitió el caso al Ministerio Público porque detectó un presunto daño de 71 millones de bolivianos.
• Interventora En septiembre de 2015, el informe de la interventora Larisa Fuentes identficó otros 30 proyectos “fantasma”, además de 713 proyectos que recibieron recursos económicos y que vencieron los plazos de ejecución. Estimaron que habría un daño de más de 102 millones de bolivianos.

Fuente/paginasiete.bo