El procurador fue parte del Gobierno de Evo Morales y el abogado de los absueltos del caso ve que este puede interferir en el proceso de reparación de daños que exige la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El abogado de los absueltos del caso Terrorismo, Gary Prado, cuestionó este martes que el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, sea quien conduce la reparación de los daños que son exigidos por Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en favor de sus defendidos debido a su vínculo con el Gobierno de Evo Morales, en el que fungió como ministro.
Las declaraciones de Prado surgen después de que la Procuraduría suspendió la reunión a la que convocó a los absueltos del caso para este martes, como parte de informe que está alistando para presentar ante la CIDH, respecto al cumplimiento de las recomendaciones en donde se exige la reparación para los afectados y un proceso contra quienes violaron sus derechos.
“El hecho de que Wilfredo Chávez sea el procurador es un contrasentido porque tienen que ser él quien conduce la reparación de los daños y el procesamiento a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, siendo que él fue el ministro de Evo y era parte de la acusación particular en el caso Terrorismo”, criticó Prado.
El jurista puso en duda que Chávez cumpla con las recomendaciones debido a su vínculo con Evo Morales y su Gobierno, ya que también fue abogado del expresidente, quien reconoció públicamente haber instruido el operativo de 2009 en el Hotel Las Américas, según el reporte.
“Si no se aparta a Chávez no tengo fe en que lo que vaya a hacer Procuraduría sea buscar la verdadera reparación del daño y un verdadero procesamiento penal contra los responsables de los delitos cometidos. Está jugando a aminorar los efectos de los delitos de personas que trabajaron junto con él”, acotó Prado.
La defensa de los absueltos expresó que la Procuraduría suspendió la reunión fijada para este martes, alegando que la carta remitida a uno de los afectados salió a la luz pública y esto afectó a un presunto carácter confidencial de la misma, pese a que en ninguna parte de la convocatoria hace referencia a este tema, es decir, en ninguna parte suscribe que la reunión era secreta.
Este miércoles 11 de enero fenece el plazo para que el Estado boliviano responda a la CIDH sobre el informe preliminar sobre el dicho caso y las ejecuciones en el hotel Las Américas, donde sobresalen cuatro recomendaciones que deben ser cumplidas de manera obligatoria, caso contrario esto conllevará al Estado a un juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones del organismo internacional figura la reparación integral con compensación económica a los afectados y la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes, tema que se prevé que sea abordado en la reunión si es que llega a instalarse en el futuro.
A estas se suman otras dos recomendaciones que se enfocan en impulsar un proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes y adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.
Por último, Prado advirtió falta de voluntad del Estado en resarcir los daños, ya que hasta la fecha no se hizo nada para iniciar las investigaciones y procesar a quienes violaron los derechos de los absueltos, lista en la que figura Evo Morales, así como también expuso que es probable que las autoridades nacionales pidan una ampliación para presentar su informe a la CIDH.
Fuente/unitel.bo
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