Los postulantes fueron impugnados por haber sido servidores públicos en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Los veedores esperan el informe oficial de la Comisión de Constitución para emitir denuncias.
De los siete candidatos a Defensor del Pueblo habilitados para la fase de designación, cuatro están vinculados con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Los observados fueron servidores públicos durante la gestión de Evo Morales y de Luis Arce. Las organizaciones políticas de oposición y plataformas ciudadanas desvirtuaron sus postulaciones en la etapa de impugnación, pero la Comisión Mixta de Constitución rechazó estas demandas.
Los aspirantes que están en la mira son: Francisco Pedro Callisaya Aro, Rubén Julio Estrada Candia, Ramiro Leonardo Iquise Pally y Porfirio Machado Gisbert.
La plataforma ciudadana Otra Bolivia es Posible, como veedora del proceso, denunció a Callisaya por haber ejercido el cargo de director nacional de Derechos Reales hasta febrero de este año; además, por su trabajo como vocal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Sin embargo, los asambleístas del MAS argumentaron que el reglamento de selección del Defensor del Pueblo establece que los funcionarios públicos no estaban impedidos de postular a este cargo, excepto los ministros, viceministros, embajadores y secretarios departamentales o municipales.
“Callisaya tuvo más de tres cartas de impugnación y no fueron atendidas. Es más, en la entrevista salió con un excelente. Se nota que hay un favoritismo”, advirtió el activista Iván Melendes. En la fase de entrevistas Francisco Pedro aprobó la evaluación con “excelente” y mostró dominio en un idioma originario.
Rubén Estrada Candia
En el caso de Rubén Estrada, una plataforma ciudadana volvió a presentar una carta solicitando a la Comisión Mixta de Constitución revisar los antecedentes de este ciudadano, quien trabajó en diferentes ministerios.
Estrada es abogado de profesión y en 2007 ingresó al Ministerio de Trabajo como especialista en asuntos sindicales y legislación laboral; en 2010 pasó al de Gobierno; en 2011 ingresó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, un año después estuvo en el Segip. En 2015 regresó al Ministerio de Trabajo; en 2017 estuvo en el viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales; en 2021 pasó a la Caja Petrolera y este año volvió al ministerio de Trabajo.
El jurista aprobó la etapa de entrevistas con una calificación de “bueno”. En dos criterios consideraron sus respuestas como “regulares”.
El también abogado Ramiro Iquise está vinculado al Estado desde 2009. En 2011 ingresó al Ministerio de Justicia y en 2016 pasó a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto como consultor nacional en programas especiales, donde trabaja actualmente.
Iquise pasó a la fase designación con una evaluación “buena” al igual que Porfirio Machado.
Este último aspirante a Defensor trabajó en el Ministerio de Desarrollo Rural, a través del Senasag donde fue jefe nacional de Asuntos Jurídicos hasta diciembre del año pasado.
Piden reformular evaluación
La primera jornada de entrevistas realizas el martes avanzó sin novedad. Sin embargo, las entrevistas de ayer estuvieron marcadas por desacuerdos en la Comisión de Constitución que impidieron emitir el informe final tras declarar cuarto intermedio.
Los parlamentarios de Comunidad Ciudadana, que forman parte de la Comisión, solicitaron a sus colegas reconsiderar la evaluación de ayer y caso contrario amenazaron con no firmar el informe final que irá a la Asamblea.
Fuente/eldeber.com.bo
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