Cruz se aferra a interinato cuestionado y ven que es pasible de ser procesada

Excedió los tres meses de interinato permitido por ley y el 14 de mayo pasado se cumplieron los seis años del mandato que comenzó en 2016, cuando la Asamblea Legislativa designó a David Tezanos.

Ana María Romero de Campero, Waldo Albarracín y Rolando Villena cuando se cumplió su tiempo no se quedaron ni un día más al frente de la Defensoría del Pueblo. En cambio, Nadia Cruz, que no fue titular sino interina en el cargo, y cuyo mandato que remplazó feneció el 14 de mayo pasado, aseguró que continuará en el puesto hasta que se designe a un nuevo defensor.

Expertos ven que Cruz es pasible de ser procesada por al menos dos delitos. En tanto que analistas consideran que el empantanamiento en la designación del nuevo Defensor parece ser “el mal menor” para el Movimiento Al Socialismo (MAS) y para la oposición.

El lunes, cuando fracasó la tercera votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elegir un titular de la Defensoría, Cruz anunció que no dejará esa institución. Incluso desde el MAS, tras el fracaso de la cuarta votación, pusieron en manos de ella el futuro del interinato.

No obstante, feneció el 14 de mayo el mandato que se inició el 14 de mayo de 2016, cuando asumió David Tezanos -a quien Cruz reemplazó-, quien luego dimitió tras un escándalo.

Expertos observan que en los tres años y casi cuatro meses que estuvo en el cargo, Cruz ejerció al margen del Estatuto del Funcionario Público, del Reglamento al Estatuto del Funcionario Público, de la sentencia constitucional 0218/2004-R11, y desde hace pocos días al margen de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).

“Funcionarios interinos: son aquellos que de manera provisional y por un plazo máximo improrrogable de 90 días ocupan cargos públicos”, detalla el artículo 5 de la Ley 2027. El Decreto Supremo 25749, en su apartado 12, establece que los interinos tienen una duración de tres meses para cubrir puestos vacantes o “para resolver alguna necesidad emergente con duración definida”.

Entre tanto el artículo 219 de la Constitución indica que “la Defensoría del Pueblo estará dirigida por la Defensora o el Defensor del Pueblo, que ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación”.

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera expresó que las normas y la CPE son claras sobre el tiempo de mandato de los interinatos. “Cruz se ha prolongado en el cargo más allá de lo permitido por la ley, ejerce el cargo sin sustento constitucional ni legal”, añadió.

Cruz también tiene en su contra la sentencia constitucional 0218/2004-R11, que reza: “La designación con carácter interino es temporal, nunca indefinida, de modo que tiene que establecer como lapso máximo de la interinidad los 90 días”.

En ese entendido, Rivera y el constitucionalista Julio Veizaga señalaron que la legalidad de Cruz se cumplió ya concluidos los tres meses de interinato, y que desde el 14 de mayo ya ejerce el cargo de manera inconstitucional.

“La Constitución prevé un periodo de mandato para el Defensor del Pueblo. David Tezanos fue designado por un mandato de seis años, renunció y se designó a la delegada adjunta que era la señora Nadia Cruz. El interinato tiene un límite de 90 días. Nadia Cruz sería mantenida en el cargo, lo que carece de sustento constitucional y legal”, dijo Rivera.

Veizaga explicó que Cruz podría ser procesada por los delitos de prolongación del cargo y usurpación de funciones. Además, considera que en el caso debe intervenir la Contraloría para determinar si la autoridad será pasible a ser procesada por cobrar un salario de manera ilegal.

“El interinato es 90 días, pasado ese tiempo están en el marco del ejercicio ilegal de la profesión. (…) Ya no debía quedarse un día más cumplidos los tres meses y ha excedido el tiempo de seis años de la designación de su titular Tezanos”, enfatizó.

El rol de Cruz al frente de la Defensoría del Pueblo fue cuestionado por sectores de la oposición y expertos en derechos humanos. En los últimos 20 días, incluso legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), como el diputado Héctor Arce, reconocieron que la autoridad no goza de credibilidad y está desgastada.

Cultura política

En la Defensoría del Pueblo hubo ocho autoridades a cargo, incluida Nadia Cruz.

De los titulares, la primera Defensora fue Ana María Romero de Campero, designada el 13 de mayo de 1998 y dejó el cargo el 31 de marzo del 2003; estuvo en la institución cuatro años y 10 meses. Waldo Albarracín nombrado el 11 de diciembre del 2003 y cesó el 18 de diciembre del 2008, fungió por el lapso de 5 años.

Rolando Villena empezó funciones el 13 de mayo del 2010 y concluyó el 13 de mayo del 2016, cumplió los seis años establecidos por la Constitución. David Tezanos fue designado el 13 de mayo del 2016 y renunció el 24 de enero del 2019, estuvo dos años y ocho meses.

Cruz fue nombrada interina el 30 de enero del 2019 y cesó en funciones el pasado 14 de mayo.

Gregorio Lanza, exfuncionario de la Defensoría y analista político,  manifestó que Romero, Albarracín y Villena eran personas íntegras y con ética. Añadió que no se prolongaron en el cargo y dejaron sus puestos con los informes correspondientes.

“Ana María, Waldo y Villena eran personas éticas, defensores de los derechos humanos y respetuosos de las normas. Dejaron sus oficinas el día que correspondía. Esto no pasa con la señora Cruz que se prolonga en el cargo de manera ilegal e inconstitucional”, sostuvo.

El “mal menor”

El politólogo Carlos Cordero observó que las tres fuerzas políticas en la ALP no hayan podido llegar a un consenso para dar institucionalidad a la Defensoría, lo que deja entrever -según su lectura- que la permanencia de Cruz en el puesto es conveniente tanto para el MAS como para Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“Da la impresión de que el mal menor para todos es que continúe Cruz; beneficia a sectores del MAS y muestra debilidad en el gobierno de Luis Arce. Hay un sector del MAS que le interesa que Arce se vea desprestigiado. Para la oposición no es conveniente que con sus votos elijan Defensor que defienda los intereses del MAS, es más conveniente una Defensora ilegítima y sin credibilidad”, puntualizó.

El diputado Ramiro Venegas acusó a la oposición de estancar el proceso de designación. Agregó está en manos de ellos poder dar sus votos para elegir un nuevo defensor del Pueblo.

“La oposición tiene que dar una respuesta al pueblo. Si por culpa de la oposición se queda la actual Defensora sería inconstitucional, eso es lo que están haciendo los de la oposición”, subrayó.

Sin embargo, desde CC también indicaron que la responsabilidad en la designación está en manos del MAS y del vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa.

Lanza aseveró que el tema se relaciona con la cultura política que desplegó Evo Morales desde que pisó el poder, de no respetar la Constitución y las leyes. Añadió que Cruz emula al exmandatario en la prolongación en el cargo.  “Max Mendoza y la señora Cruz son de la calidad de Evo Morales, defienden intereses y se prolongan en sus funciones”, enfatizó

“Max Mendoza y Cruz son de la calidad de Evo Morales, defienden intereses y se prolongan en funciones“

Gregorio Lanza, analista

Padilla: “Legisladores incurrieron en incumplimiento de deberes”

La presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, manifestó que la responsabilidad de que no exista un defensor del Pueblo es de los anteriores y actuales legisladores, tanto de oficialismo como de oposición. Además, manifestó que pueden ser denunciados por el delito de incumplimiento de deberes por no designar a su tiempo a  una autoridad titular.

“Le correspondía a la Asamblea Legislativa iniciar el proceso de selección y elección del Defensor del Pueblo en 2019 y no lo ha hecho.  Ahora, el proceso está estancado con los actuales legisladores. La responsabilidad de no elegir a un defensor cae única y exclusivamente en la Asamblea Legislativa. Estos legisladores pueden ser pasibles a ser denunciados por incumplimiento de deberes”, expresó.

Padilla manifestó que tanto el Movimiento Al Socialismo    como Comunidad Ciudadana y Creemos no tuvieron la capacidad de pensar primero en el país.

“Ninguna de las fuerzas políticas piensa en quién es el mejor candidato. En el caso de la oposición piensan en quién les sirve para bloquear la elección, y por parte de MAS su falta de flexibilidad para llegar a consensos y elegir a un candidato neutral”, aseguró.

Fuente/paginasiete.bo