Las víctimas buscan cómo sustentar los costos de los hospitales, los fallecidos fueron enterrados en el anonimato
Simón Reluz Roque es el nombre del chofer cochabambino que mató a nueve personas e hirió a otras 20 en un hecho de tránsito el lunes 28 de febrero (Carnaval). Este viernes, luego de ser capturado, fue enviado a prisión preventiva en la localidad de Quillacollo; sin embargo, el juez no le obligó a pagar los daños que causó.
“Lamentablemente esta persona manejaba un auto que quedó inservible y además era chuto, entonces nadie se hace cargo de los gastos por las muertes y los heridos, cuatro de ellos están en terapia intensiva, entonces cada uno se está haciendo cargo de sus gastos como pueden”, relató el abogado de las víctimas, Juan Carlos Montaño.
Reluz Roque atropelló a varias personas el lunes en la localidad de Independencia, en ese hecho murieron nueve personas y otras 20 resultaron heridas; el chofer, en total estado de ebriedad, fue aprehendido, pero logró zafarse de las autoridades y escapar. Permaneció oculto por cuatro días y fue encontrado en proximidades del pueblo donde nació, Cantumarca.
Este viernes a las 11:00 se inició su audiencia cautelar, la Fiscalía lo acusó de homicidio en accidente de tránsito, lesiones graves y leves y omisión de socorro. A las 12:30, según relato del abogado Montaño, la audiencia concluyó con la decisión del juez Primero de Instrucción en lo Penal, que lo envió al penal de San Pablo, en Quillacollo, por seis meses.
Asimismo, dijo el defensor de las víctimas que se presentó la apelación de esa decisión porque ellos habían pedido que esté en el penal de El Abra, en Cochabamba, dada la peligrosidad del acusado y porque no existen las suficientes garantías en la cárcel de Quillacollo.
Dijo también que quedó imputada la esposa del acusado y se amplió las investigaciones a otros familiares, porque fueron los responsables de la evasión de Reluz Roque y lo ocultaron durante estos días. La audiencia de la esposa será hasta el domingo.
El fiscal, Grover Trujillo Rojas, afirmó que existen sospechas fundadas para creer que el imputado no se someterá a un proceso voluntario, pues la fuga de este complicó todo el problema.
FUENTE/EL DEBER
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