En su reporte, la CIDH “concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas”
Después de la denuncia internacional por la violación a los derechos humanos que interpusieron los encarcelados por el extinto ‘Caso Rósza’ -o también conocido como ‘Caso Terrorismo’- contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado convocó a los afectados a una reunión virtual para este 10 de enero.
La fecha de la convocatoria es 24 horas antes de que se venza el plazo para que el Estado boliviano responda a la CIDH sobre el informe preliminar sobre el ‘Caso Terrorismo’ y las ejecuciones en el hotel Las Américas de 2009, situación por la que desde el Ministerio de Justicia se informó que la Procuraduría está elaborando los descargos respectivos.
En su reporte, la CIDH “concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas identificadas en el presente informe”.
Entre las víctimas figuran los extranjeros Elöd Tóásó y Mario Tadic, al igual que los bolivianos Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic, cuya defensa en anteriores ocasiones explicó que buscan que haya una serie de reparaciones que van desde lo moral hasta lo material, por lo que no se descarta abordar el tema de una indemnización.
Este pedido se da por el tiempo de reclusión preventiva y “excesiva” de algunos de los afectados, así como la violación de derechos humanos y abusos como presentar a las víctimas como miembros de una célula terrorista usando la imagen de estos para impulsar libros, publicaciones y otros elementos propagandísticos utilizados por el Gobierno de Juan Evo Morales.
“Asimismo, se informa que el proceso penal iniciado el 2019 por Mario Tadic en la ciudad de Santa Cruz, para la investigación de las torturas denunciadas, ha sido desarchivado y recientemente el Mecanismo Nacional de la Prevención de Tortura ha objetado la Resolución de Rechazo para dar continuidad al proceso”, agrega el documento al que tuvo acceso UNITEL.
Para evitar que el reporte de la CIDH sea remitido a la Corte Internacional de Derechos Humanos -que juzgará al Estado boliviano- debe cumplir una serie de recomendaciones, entre las que figura un juicio en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial.
Esto significaría que el Gobierno asumiría acciones legales contra las exautoridades como el expresidente Morales y otros que tomaron la decisión de las ejecuciones y quienes ejecutaron el operativo.
Fuente/unitel.bo
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