El presidente de Colombia abrió la posibilidad de abrir libremente el mercado de la cocaína. El ministro de Justicia, Iván Lima, dice que la gestión de Arce está de acuerdo con quitar peso criminal a quienes fueron cooptados por las mafias.
Bolivia no está de acuerdo con el gobierno de Colombia que abrió la ruta de despenalización bajo el rótulo de “regulación” de la cocaína, pero la administración de Luis Arce Catacora sí plantea una política regionalizada, que genere medidas integrales en contra de las mafias internacionales, el lavado de dinero, pero que al mismo tiempo deje de criminalizar a los eslabones más débiles.
“Bolivia definitivamente no está de acuerdo con una despenalización de la cocaína. La posición expresada por el presidente Luis Arce en Nueva York es que no podemos continuar con el actual modelo de guerra contra las drogas que solamente criminaliza a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Esta guerra ha llevado a afectar sus derechos humanos”, declaró el ministro de Justicia, Iván Lima.
Consultado sobre cuáles son esos eslabones más débiles; Lima explicó que “en una organización criminal de narcotráfico no son los grandes los que están en las cárceles de todos los países. No es el banquero que lava dinero, sino la mula que en su cuerpo trafica con drogas. Es esa parte de la organización que está tras rejas y no es el gran narcotraficante, el pez gordo, son aquellos que muchas veces, porque no tienen otra opción, son cooptadas por organizaciones criminales”, aseveró.
¿Puede ser un cocalero un eslabón débil?, se consultó. Lima reiteró que ellos tienen en Bolivia “una posición muy respetable que es el uso tradicional de la coca y su comercialización. No podemos generalizar. No forman parte de una organización de producción de cocaína”, manifestó.
Bolivia, actualmente, recibe apoyo de la Unión Europea para la lucha antidroga, no de EEUU. Colombia, hasta antes del gobierno de Gustavo Petro ha sido un aliado incondicional de la DEA estadounidense.
Luis Arce y su homólogo colombiano se reunieron esta semana antes del foro de la ONU en Nueva York. Discutieron la posibilidad de legalizar la marihuana, un debate que está instalado en la región desde hace varios años. Hace algunas semanas, el diario Washington Post marcó las señales que dio Petro para ajustar la política antidroga, incluida una nueva “regulación” de la cocaína.
Lima explicó que Bolivia perfila una acción conjunta para apuntar a los eslabones que generan mayores recursos a las organizaciones criminales. “Me refiero a quienes ejecutan el lavado de activos, del dinero que llega a las calles de los países industrializados y con mayor consumo de cocaína. Ellos terminan siempre protegidos”, lamentó. Advirtió que si no se cambia el modelo que enfrente a este último nivel “no lograremos políticas que alcancen esos objetivos”.
La estructura criminal más alta trabaja “regionalmente, el narcotráfico produce droga que se transporta a los países del norte y en todo ese camino hay una delincuencia organizada que trabaja de forma transnacional. No tiene sentido que los gobiernos de todos los países no asumamos, de la misma manera una política regional para enfrentar a esas mafias”, dijo.
Arce puso énfasis durante su discurso en los consumidores que están en Estados Unidos y países europeos. “Queda claro que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado y, por lo tanto, existe una imperiosa necesidad de que ese país haga un profundo análisis sobre el cambio de su política”, afirmó el jefe de Estado en la sede de la ONU, que esta semana inauguró su 77 periodo de sesiones.
Altas fuentes del Gobierno boliviano aclararon que la despenalización de la cocaína no es un camino, porque está en el marco de la convención de la ONU, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que es la instancia que determina qué sustancias entran o salen de su lista de sustancias prohibidas.
El Ejecutivo señaló que pretender que la cocaína sea despenalizada es prácticamente imposible. Solamente se ha logrado con la marihuana, y para uso medicinal.
La JIFE se creó en 1961, y la hoja de coca estaba en la lista de sustancias prohibidas. Durante el gobierno de Evo Morales, en 2013 el país se retiró de la convención de Viena para el control de estupefacientes, en una de las estrategias diplomáticas más arriesgadas. Luego, se reincorporó, pero con reserva del artículo en el que se declara a la hoja como veneno.
Bolivia rechazó los apartados del artículo 49 de la Convención sobre Estupefacientes que penalizan el masticado de la hoja de coca y clasifican al arbusto como estupefaciente.
Además, el texto recomendó eliminar “su práctica” (masticado) en un plazo no mayor a 25 años. El veto de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Portugal, Israel, Japón y México no alcanzó para impedir el retorno de Bolivia con la reserva. Se requería el veto de 62 de 184 países.
El 11 de enero de 2013, la ONU informó que la readmisión de Bolivia a la Convención iba a ser efectiva a partir del 10 de febrero de ese año con la inclusión de la reserva al masticado de la hoja de coca. La decisión contó con el apoyo de 168 países y la objeción de 15.
Colombia
En un informe publicado el 16 de septiembre por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó a Bolivia en la lista de países que no combate el tráfico de drogas y “permiten el tránsito o la producción de drogas”. En ese registro aparecen 20 países entre los que se encuentran Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Guatemala y Panamá.
Arce recordó ante el foro que Bolivia aplica una política de “nacionalización” en la lucha contra las drogas y, entre “las propuestas para el mundo” se refirió a la “regionalización” del combate al tráfico ilícito de drogas. En su discurso no se refirió a la producción de coca en territorio nacional.
“Bolivia defiende su modelo y, por eso, asumimos que es el momento de trabajar juntos con Perú y Colombia y con otros países afectados en el tránsito de drogas en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, que sea menos militarizado y más económicamente social”, sostuvo Arce y sugirió crear, desde Naciones Unidas, un mecanismo que vele por la reducción del consumo y ataque al lavado de activos.
Lima estableció que no se puede aprobar o reprobar unilateralmente la labor de los países en la lucha antidroga, sino que tiene que ser una labor en la que todos los países tengan metas, y que se evalúe periódicamente si las cumplieron.
Gustavo Petro, el mandatario colombiano, está empeñado en transformar la política contra las drogas ilícitas. En las dos semanas que lleva gobernando ha enfatizado en dejar de criminalizar a los eslabones más vulnerables de la cadena, los cultivadores de coca, y enfocar los esfuerzos en cerrarle el paso a las organizaciones criminales en las etapas más rentables del negocio. Eso no significa, por lo menos por ahora, una ruptura completa con los aliados ni un cambio inmediato de paradigma, reportó El País de Madrid.
La cabeza antidrogas del gobierno Petro, Felipe Tascón, en un artículo del diario The Washington Post, señaló que “los narcotraficantes saben que su negocio depende de la prohibición. Si lo regulamos como un mercado público, las grandes ganancias desaparecen, al igual que los narcotraficantes”, decía. El periódico estadounidense indicó que la administración en Colombia estaba proponiendo “acabar con la prohibición y lanzar un mercado de cocaína regulado por el Estado”.
La estrategia del gobierno de Colombia para transformar la política antidrogas, que incluye parar las fumigaciones aéreas con glifosato y priorizar la erradicación manual concertada con comunidades, también contempla reforzar los operativos de interdicción aérea y marítima para frenar el paso de sustancias ilícitas. “Es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción que podría solucionar incluso problemas de conflictividad interna armada en la medida que un territorio deja de ser atractivo para exportar cocaína”, explicó el mandatario en un consejo de seguridad en Quibdó (Chocó).
“¡Vergüenza! Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína”, comentó el expresidente colombiano Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter.
Fuente/eldeber.com.bo
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