Funcionarios judiciales también despojaron de una grabadora al periodista Marbin Valda por orden del juez Cardozo, y tras la queja del comunicador a la defensora del Pueblo, Vilma Martinez, recuperó el dispositivo electrónico pero advirtió que el registro obtenido durante la apertura de la audiencia fue borrado.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios escritos de Bolivia denunció actos de censura y atropello judicial contra el trabajo de un periodista del diario El Potosí, y exigió la vigencia plena de garantías al trabajo informativo que están señaladas en la Constitución Política del Estado (CPE).
La ANP emitió ese pronunciamiento tras una orden del juez Segundo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Omar Homero Cardozo, que impidió la transmisión de una audiencia de medidas cautelares para cuatro personas acusadas por la muerte de cuatro estudiantes universitarias, según denunció el periódico El Potosí.
Funcionarios judiciales también despojaron de una grabadora al periodista Marbin Valda por orden del juez Cardozo, y tras la queja del comunicador a la defensora del Pueblo, Vilma Martinez, recuperó el dispositivo electrónico pero advirtió que el registro obtenido durante la apertura de la audiencia fue borrado.
Estas acciones de impedimento a la labor periodística, el decomiso de un equipo de trabajo y la eliminación del registro documental de audio representan una abierta censura y son hechos deplorables, expresó la ANP en su pronunciamiento.
La organización de medios impresos lamentó que nuevamente se cometan atropellos en el ámbito judicial donde se espera el cumplimiento y vigilancia de las normas constitucionales.
La ANP recordó la vigencia del artículo 106 de la Constitución que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la comunicación y a la información, y otorga garantías a los trabajadores de medios de información para la obtención, procesamiento y difusión de noticias.
Durante la audiencia, el Juez determinará si los acusados continúan detenidos o asumirán su defensa en libertad, mientras se investiga su participación durante una asamblea estudiantil que se interrumpió tras la detonación de un artefacto de gas lacrimógeno seguida de una avalancha con el saldo de cuatro personas fallecidas y 86 heridas, el pasado 9 de mayo.
Fuente/opinion.com.bo
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