Las plataformas ciudadanas de Cochabamba exigen reabrir las investigaciones por el supuesto fraude electoral de 2019, designar un nuevo fiscal general por consenso y emitir una ley que evite la detención preventiva en casos relacionados a protestas sociales.
Las plataformas ciudadanas de Cochabamba determinaron. el pasado martes, exigir al Gobierno que dé amnistía a los más de 190 presos políticos debido a la falta de un debido proceso y la persecución política que sufren hace dos años, según denunciaron. Una forma de que atiendan esta y otras tres demandas es la convocatoria a dejar de usar la telefónica estatal Entel y migrar a otras empresas como medida de presión.
El activista Alejandro Almaraz en el programa ¡Qué Semana! de Radio EL DEBER denunció que hay un manejo económico «discrecional» de las empresas estatales y cuyo dinero hasta podría ser usado para pagar los sueldo de policías que están reprimiendo sin medida en Santa Cruz y en el país.
«Si el Gobierno quiere salvar Entel, debe decretar amnistía para los presos políticos y con su mayoría parlamentaria poner en vigencia una ley que le ponga punto final a la detención preventiva como instrumento de represión política», dijo Almaraz.
Desde Entel en Cochabamba, los funcionarios afirmaron que los ingresos que se generan están destinados la Renta Dignidad y al Bono Juancito Pinto por lo que mostraron su preocupación ante esta convocatoria.
«Es una situación muy preocupante y vamos a recabar más información. Creo que no son bolivianos esos cívicos y representantes de algunas organizaciones que manifiestan que migren a otra telefónica y llama la atención la actitud y vamos a tomar las acciones que amerita el caso», manifestó uno de los encargados de Entel.
Debido a la ausencia de los cívicos cochabambinos en las protestas que pedían libertad, justicia y democracia, las plataformas ciudadanas se articularon y en un cabildo plantearon cuatro exigencia al Ejecutivo.
La primera medida tiene que ver con reabrir las investigaciones por el supuesto fraude electoral de 2019 para encontrar a los autores. «Hay que enjuiciar a quienes ocasionaron ese fraude que nos ha precipitado a la situación tan delicada que estamos viviendo en Bolivia», sostuvo Almaraz.
También piden amnistía general de manera inmediata para los presos políticos, luego la aprobación de una ley que declare la «inaplicabilidad» de la detención preventiva con casos relacionados a la protesta social.
Finalmente, piden designar un nuevo fiscal general del Estado por consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Otra de las observaciones que hizo el activista Alejandro Almaraz es la falta de pronunciamiento y silencio que guarda el alcalde Manfred Reyes Villa ante la coyuntura de violencia que vive el país.
«Hay un silencio azul porque no es un silencio indiferente, no es como los silencios que no dice nada, este un silencio que dice mucho porque Manfred Reyes Villa ha sido un referente de la oposición por mucho tiempo y por eso lo ha elegido la gente y no para el pavimentado de calles para eso no se necesita un líder, es suficiente un contratista», cuestionó.
En pocas palabras sostuvo que Reyes Villa «se pasó al oficialismo, con cierto disimulo» y que el tiempo mostrará las causas de esta actitud de la autoridad electa.
Fuente/eldeber.com.bo
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