A noviembre, hay 825 abortos legales en el país; el 45% se deriva de casos de violación

De esa cifra, 269 corresponden a menores de 15 años de edad.

Entre enero y noviembre de este año se practicaron 825 interrupciones legales de embarazo, o abortos; de ellas, el 45% (343) fueron por violencia sexual.

Esos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), del Ministerio de Salud,

La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a LA RAZÓN que de ese total, 269 (el 78%) corresponden a menores de 15 años de edad.

Asimismo, la activista expresó su preocupación por el ascenso en los índices de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes.

Esa cifra superó este año en comparación a 2018, cuando se registró 5.865 denuncias y hasta el 24 de noviembre de este año 10.071 (71%). Ver cuadro

“La violencia sexual es el segundo tipo de violencia en el país luego de la intrafamiliar, varios casos corresponden a jóvenes adolescentes mujeres. Esto lo podemos contrastar con los datos del SNIS, donde manifiestan que en lo que va del año se realizaron 825 interrupciones legales de embarazos; 14 han sido por malformaciones congénitas y 468 por riesgo de salud de la madre”, explicó Sánchez a LA RAZÓN.

Un caso que causó polémica este año fue la vulneración de sus derechos a una menor de 12 años de edad.

La menor sufrió reiteradas violaciones de parte de su abuelastro y quedó en estado de gestación.

Tanto el personal del centro de salud de Chimoré, municipio donde sucedió el hecho, y luego del hospital materno infantil Germán Urquidi, le negaron a su familia la solicitud de interrumpir el embarazo.

Los galenos justificaron la negativa con que la víctima tenía siete meses de gestación y la junta médica del Germán Urquidi consideró que no correspondía la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por la edad gestacional e hicieron conocer que ese procedimiento debió realizarse máximo hasta la semana 22.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, consideró la negativa de los galenos como un acto de “tortura”. Sin embargo, semanas después la niña dio a luz al bebé, pero éste falleció por varias complicaciones en su salud. Luego, la niña fue llevada a un centro de acogida para recibir atención integral y que pueda superar los traumas que le dejaron los hechos.

Desde 2014 rige en Bolivia la Sentencia Constitucional 206/14, que establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en ciertos.

Esa norma contempla como causales violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano), estupro (cuando la víctima es una menor de edad) o cuando la vida de la mujer corre peligro.

El estudio Situación de la interrupción legal del embarazo como DDHH de las Mujeres-2020 develó una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. “Las usuarias que acuden a un establecimiento de salud en estado de gestación producto de una violación sexual y solicitan una ILE, son revictimizadas y sometidas a cuestionamientos por parte del personal de salud”, señala el informe.

Asimismo, señala que solo el 8% de 277 prestadores en salud, 44 centros de salud a escala nacional que fueron consultados, conoce en qué casos procede la ILE, lo que deriva en vulneraciones de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes.

PERSONAL.

También se identificó que en la mayoría de los casos, el personal de salud trata de persuadir a las mujeres para que continúe con el embarazo o negándoles la interrupción.

Asimismo, se observó la ausencia de capacitación, por parte de los gobiernos departamentales y municipales, al personal de salud para efectivizar las ILE.

“Se evidenció que el Órgano Ejecutivo no prioriza ni ejecuta políticas públicas educativas y de salud destinadas a la difusión, protección y atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que puedan contrarrestar o disminuir las tasas de mortalidad por causa de abortos clandestinos, tampoco desarrolla acciones que protejan a las infancias a través por ejemplo de la educación integral en sexualidad”, señala parte del informe.

Por otra parte, se comprobó que no todos los establecimientos de salud cuentan con la infraestructura, el equipamiento, medicamentos e insumos para la realización de este procedimiento.

Finalmente, el estudio recomienda a la Asamblea Legislativa sancionar una ley que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Además del acceso a la salud de calidad, cálida y oportuna para las mujeres.

DEMANDA.

Activistas demandan desde hace varios años legalizar el aborto en Bolivia.

Pues los datos sobre la interrupción del embarazo no deseado estiman que en Bolivia se practican 200 abortos cada día.

También se calcula que cerca de 44.000 abortos incompletos (hemorragias) son atendidos por establecimientos de salud públicos y privados.

A causa de esto, dos mujeres mueren cada día, lo que equivale a 650 muertes por año, que a su vez conlleva a que el aborto sea la tercera causa de muerte de las mujeres en el país.

La activista Lourdes Montero considera urgente contar con un sistema de salud que atienda la interrupción voluntaria del embarazo.

Penalizar los abortos

Observó además que penalizar no disuade a las mujeres de la práctica del aborto.

“El alto número de abortos que ocurren en Bolivia demuestra que la penalización no es efectiva”.

Afirma que “penalizar el aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su salud».

«En el país, más de la mitad de abortos clandestinos son realizados por personas sin la capacidad necesaria», agregó.

Y dijo que cuentan «con procedimientos inseguros y en entornos sin higiene”, agregó.

Considera que el aborto todavía está muy estigmatizado y puede ser una experiencia aterradora para muchas mujeres.

Por todo esto, la legalización del aborto es un tema de salud pública y de derechos humanos.

Fuente/la-razon.com