El asambleísta departamental por la alianza Unidos, Luis Lema Molina, brindó un informe detallado sobre la situación que atraviesan los campos de gas emplazados en Tarija, además de los ingresos percibidos por la renta petrolera, partiendo de que esta radiografía demuestra una tendencia a la baja en ambos indicadores.
Comenzando con la producción de gas del campo Margarita-Huacaya, detalló que su pico fue en 2015, con 11,96 metros cúbicos por día (mmcd) y al 2021 esto se redujo a 8,35 mmcd. En cuanto al campo Sábalo, de 18 mmcd disminuyó a 9,89.
Ahora bien, con relación al campo San Alberto, del 2013 cuando se producía 10,94 mmcd, a fines del 2021 su producción descendió casi un 80%, a solo 2,42.
“Nuestra producción de gas en el departamento, ha decaído del 2015 al 2021, prácticamente un 43%. Hemos monetizado para saber cuánto de ingresos por regalías recibíamos en el pico máximo (2013-14) $us 509 millones o 3,500 millones de bolivianos, el 2021 ha caído a $us 71 millones, ha habido un descenso de ingresos del 86% por regalías, el ingreso total del 2009 al 2021 ha sido de $us 3,452 millones”, manifestó.
A la luz de estas cifras, el asambleísta y expresidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), concluyó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), incluyendo las políticas públicas en torno a los hidrocarburos, no consiguieron mantener el nivel de reservas, frente a la creciente dinámica extractivista.
“Por eso estamos así, también se observa una drástica declinación de nuestros megacampos, esto tiene una relación directa con la poca importancia que se le dio a la exploración de nuevos yacimientos y a los bajos resultados de la exploración”, añadió.
elAPUNTE
Un péndulo en la economía
Lema refirió que el Gobierno Nacional destina a Y.P.F.B. la suma de Bs. 59.952.602.907 que significa un 20% del Presupuesto General del Estado (PGE).
Afirmó que la estatal tiene 3,4 veces más presupuesto que los 327 Municipios del país y 10 veces más presupuesto que las 14 universidades públicas de Bolivia. Por otro lado, el asambleísta recomendó unificar criterios para solicitar al nivel central del Estado que licite la certificación de reservas
Fuente/elperiodico.com.bo
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