La muerte del exdirector del Fondioc ha desatado una ola de pedidos de que se establezcan responsabilidades de los operadores judiciales, del Ministerio Público y de Régimen Penitenciario.
En los siete años que permaneció con detención preventiva luego de denunciar el desfalco del Fondic, Marco Antonio Aramayo compareció ante 84 jueces y 91 fiscales en los 259 procesos que se instalaron en su contra. Su muerte desató una ola de críticas y pedidos de que se establezcan responsabilidades de los operadores del sistema judicial, de la Fiscalía y de Régimen Penitenciario.
En el berenjenal de procesos abiertos contra Aramayo desde 2015, no hay un registro oficial de los jueces y fiscales que llevaron adelante los procesos en los nueve departamentos del país. Sin embargo, el propio acusado anotó los nombres de cada uno de los 91 fiscales y 84 jueces ante los cuales compadeció, según confirmó el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI).
Marco Aramayo falleció, tras varios días en coma, el pasado 19 de abril después de haber estado en medio centenar de cárceles y carceletas del país. Tras las denuncias de torturas, ensañamiento y retardación en su caso, el Consejo de la Magistratura apunta al Ministerio Público y éste a las autoridades judiciales. Todos anunciaron investigaciones, pero hasta el momento no presentan ningún resultado.
“Ya se ha solicitado al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia que se identifique a las autoridades jurisdiccionales y fiscales que hubiesen intervenido en el caso, que se establezcan responsabilidades. (…) No es permisible que en nuestro país una etapa preliminar, que debiera durar 20 días, dure más de un año. Esa ya es una vulneración y una afectación”, declaró hace unos días la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados exigió al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público una investigación detallada. Al pedido se han sumado organismos internacionales, como Human Rights Watch.
La bancada de Comunidad Ciudadana anunció una denuncia penal contra operadores del Ministerio Público, Régimen Penitenciario y Órgano Judicial.
Jueces ante “la papa caliente”
A fines de 2014, luego de que Página Siete publicara una serie de reportajes que desvelaron la existencia de proyectos fantasma en el Fondo Indígena, la Contraloría General del Estado (CGE), por orden del gobierno de Evo Morales, revisó 500 proyectos y halló irregularidades e indicios de tipo penal en 153.
El antecedente era el informe que, en su calidad de director del Fondioc, presentó Aramayo en 2015 denunciando que los dirigentes masistas Juanita Ancieta y Rodolfo Machaca habían pedido a nombre de Evo Morales 300 mil bolivianos del Fondioc para su posesión en Tiwanaku y otras irregularidades en adjudicación y ejecución de proyectos de dirigentes indígenas y autoridades del MAS. El denunciante se convirtió en acusado y fue detenido en 2015 por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El caso Fondo Indígena se abrió en enero de 2015 inicialmente en el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz. De entrada, cuatro jueces se excusaron, entre ellos Cinthia Delgadillo.
Por lo tanto, la causa recayó en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal y fue asumido por la jueza Lía Cardozo, quien fue retirada del cargo por una denuncia de consorcio. En 2016, el caso Fondo Indígena pasó entonces al juez Enrique Morales, que también fue destituido por denuncias en su contra.
Cuando la abogada Wiat Belzu fue designada jueza segundo de Instrucción en lo Penal, el caso llegó a sus manos y ella determinó dar detención domiciliaria a las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, que estaban detenidas preventivamente. Belzu fue destituida por “varias faltas disciplinarias y procesos penales en contra”, según publicó el Consejo de la Magistratura el 17 de mayo de 2019.
La causa pasó entonces al juez primero Anticorrupción, Alan Zárate, quien otorgó en 2020 la libertad pura y simple a la dirigente Felipa Huanca.
En el interín, los procesos contra Aramayo se multiplicaban y se abrían en todo el país: “Comenzaron con un caso y 153 juicios. La interventora (del Fondo Indígena) Larisa Fuentes se inventó 86 y Eugenio Rojas, 20. Total: 259 juicios. Hicieron avanzar 86 procesos; de ese total, sufrí 28 cautelares. Avanzaron un juicio en Tarija, uno en Santa Cruz, tres en Oruro, dos en Cobija, el resto está paralizado”, escribió en 2020 Aramayo, fallecido el pasado 19 de abril.
En una revisión a los edictos y publicaciones sobre los procesos saltan decenas de nombres: el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, Ariel Serafín Gutiérrez, que emitió una de las tres sentencias contra Aramayo, la jueza Albania Caballero, de Santa Cruz, y el juez anticorrupción de El Alto Ricardo Pinto.
Con la apertura del caso Fondo Indígena se conformó en 2015 una comisión de fiscales por instrucción del entonces fiscal general Ramiro Guerrero y del fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco.
La comisión estaba integrada por Elsi Villafranqui Endara, Gregorio Blanco Tórrez y Anghelo Saravia. Este último pronto quedó solo y siguió el caso hasta que fue destituido y detenido en 2016, acusado de extorsión.
Después de la muerte de Aramayo, el exfiscal Saravia reiteró las denuncias que realizó contra Guerrero y Blanco por las irregularidades y manipulaciones en la investigación.
“Era un caso complejo y siempre estaba monitoreado por el fiscal general y el fiscal departamental, me decían a quién aprehender, ‘a este sí, a este no’, decían, entonces yo tenía que hacer peripecias para que la señora Achacollo sea citada a declarar por el desfalco”, afirmó el exfiscal que actualmente cuenta con detención domiciliaria con salida laboral.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, cuestionó que exista una “persecución múltiple” por un mismo hecho en el caso de Aramayo e informó que ha solicitado informes a los tribunales departamentales.
El Consejo de la Magistratura anunció también que se revisará cada uno de los procesos. El Ministerio Público informó que eran 95 los procesos activos contra el exdirector del Fondioc, de los cuales tres tenían condena.
Algunos de los operadores de justicia que siguieron el caso
- Apertura El caso Fondo Indígena se abrió en enero de 2015 inicialmente en el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz.
- Cardozo La causa recayó en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal y fue asumido por la jueza Lía Cardozo, quien fue retirada del cargo por una denuncia de consorcio.
- Morales En 2016, el caso Fondo Indígena pasó entonces al juez Enrique Morales, que también fue destituido por denuncias en su contra.
- Belzu Cuando la jueza Wiat Belzu asuminó el caso, determinó dar detención domiciliaria a las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, que estaban detenidas preventivamente. Belzu fue destituida por “varias faltas disciplinarias y procesos penales en contra”, según publicó el Consejo de la Magistratura el 17 de mayo de 2019.
- Zárate La causa pasó entonces al juez primero Anticorrupción Alan Zárate, quien otorgó en 2020 la libertad pura y simple a la dirigente Felipa Huanca.
- Jueces También procesaron a Aramayo: el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, Ariel Serafín Gutiérrez, que emitió una de las tres sentencias, la jueza Albania Caballero de Santa Cruz y el juez anticorrupción de El Alto Ricardo Pinto, entre muchos otros.
- Fiscales Anghelo Saravio siguió el caso hasta que fue destituido y detenido.
El fiscal Guerrero inició el caso
El Ministerio Público centró sus acciones investigativas en contra del exdirector Aramayo y dirigentes, pero no asumió acciones contra los miembros del directorio, donde participaban además de Nemesia Achacollo otros cuatro ministros.
Blanco era el fiscal departamental
Blanco fue acusado en 2017 por el entonces diputado Rafael Quispe por incumplimiento de deberes. “No hizo cumplir los plazos procesales en el caso Fondo Indígena, el cual se investiga desde 2015”, dijo entonces el denunciante.
Fiscal Anghelo Saravia
Anghelo Saravia fue el fiscal que llevó adelante la investigación del caso Fondioc y de muchos de los procesos específicos contra Aramayo. Fue el único que quedó de la comisión de fiscales conformada.
En 2016, Saravia fue acusado de extorsión y detenido. En 2020 fue sentenciado a cuatro años de cárcel y ahora goza de detención domiciliaria.
Jueza Wiat Belzu, cuestionada
La jueza segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, que benefició con la detención domiciliaria a las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, acusadas por el caso Fondo Indígena, tenía relación con el MAS desde 2008, cuando fue asesora de la brigada parlamentaria de La Paz.
En 2019, Belzu fue destituida por “faltas disciplinarias y procesos penales”
Fiscalía justifica retardación
La Fiscalía General del Estado negó retardación de justicia en los casos contra Marco Antonio Aramayo. “Para disipar cualquier situación, el fiscal general del Estado dispuso que se realice un seguimiento y revisión de los procesos y de identificarse algún tipo de incumplimiento, obviamente activaremos el régimen disciplinario”, dijo el secretario Edwin Quispe.
5 directores en Régimen Penitenciario
La muerte de Marco Antonio Aramayo, que estaba detenido preventivamente, puso en la mira a la Dirección de Régimen Penitenciario. Surgieron denuncias, avaladas por el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), sobre torturas al exdirector de Fondioc durante su periplo de siete años en más de 50 cárceles y carceletas del país.
La defensa legal de Marco Antonio Aramayo aseguró que las torturas psicológicas y físicas que sufrió el exdirector del Fondo Indígena y que derivaron en el deterioro de su salud y su muerte son responsabilidad “directa” de Régimen Penitenciario, que nunca se ocupó de la salud de la exautoridad.
No obstante, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, culpó al fallecido Marco Antonio Aramayo de “indisciplina” con relación al tratamiento médico que se le había prescrito.
“Los especialistas correspondientes le han dado un tratamiento, pero también hay una referencia ahí en el tema de la historia clínica, donde refleja una indisciplina en el tratamiento”, sostuvo Limpias.
Pero también pesan sobre la entidad denuncias de torturas físicas y psicológicas contra el denunciante, que datan desde su detención en 2015.
En ese tiempo, Régimen Penitenciario tuvo cinco directores generales: Jorge López Arraya; Samuel Villegas, posesionado el 4 de abril de 2019 por el entonces ministro Carlos Romero; el coronel Wilfredo García Mujica, que fue nombrado en el 22 de noviembre de 2019 por el ministro de la transición Arturo Murillo y que fue sustituido en marzo de 2020 por el coronel Clemente Silva Ruiz. En el gobierno de Luis Arce asumió el cargo Juan Carlos Limpias, quien se desempeña aún como director general de Régimen Penitenciario. Días después de la muerte de Aramayo, dijo que se le dio todos los permisos para que salga del penal a hacerse atender por médicos.
En una carta de 2020, Aramayo escribió: “Dos policías escoltas se ensañaron conmigo. Desde la puerta del penal me encadenan y me llevan hasta el cruce de Senkata. Me pide 100 dólares para quitarme las manillas. Yo me niego… Iba con la mochila en la espalda, las manillas en la espalda. Llego a Cochabamba seis horas después. Mis manos estaban adormecidas y sangrando mis muñecas; me pide plata y me enmanilla con las manos adelante, hasta Montero”.
Fuente/paginasiete.bo
Mas Historias
Tarija: Influencer abuso por última vez de su víctima el 1 de diciembre
Detención preventiva de dos meses para presunta proxeneta de menores de edad que prostituía en la cárcel de morros blancos
El trágico giro en la vida de Mario: un camión robado, un viaje lleno de obstáculos y una bala maldita