Entre las VÍCTIMAS RESCATADAS hay 5 hombres, 4 mujeres y 7 menores de edad, todos de nacionalidad Boliviana.
La Plata, Buenos Aires (Argentina)
La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado “Dirección trata de personas y operaciones complejas”, rescató a 16 bolivianos en una quinta de la plata, tras un allanamiento en la localidad de Ángel Etcheverry, Pdo. de La Plata (Quinta de Cultivos), rescato a 16 victimas, (5 masculinos mayores, 4 femeninas mayores y 7 menores de edad) – todos de nacionalidad Boliviana.
El acusado es CIMAR MUÑOZ TARIFA, boliviano, 33 años, Dom. calle 232 entre 38 y 44 de Echeverry partido de La Plata, DNI 94.578.809.
Personal de esa Dirección procedió al ingreso del predio ubicado en “calle 232 entre 38 y 44 de Echeverry partido de La Plata”, donde se identifico al imputado como CIMAR MUÑOZ TARIFA.
Tras llevar a cabo un relevamiento en el lugar se pudo establecer que los trabajadores efectivamente desempeñaban sus funciones en pésimas condiciones laborales, como asi las viviendas que habitaban poseían deplorables condiciones de salubridad.
La presente investigación se inicio a raíz de la denuncia radicada en Sede Judicial por la señora MARÍA SOLEDAD ELICHABE – Directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución Ante el Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en relación a una presunta situación de explotación laboral infantil llevada adelante por el propietario de un establecimiento hortícola de la localidad de Ángel Etcheverry, partido de La Plata.
A raíz de la pesquisa se constató que el imputado explotaría laboralmente a nueve personas mayores de edad y a cuatro menores de edad, (extranjeros) los cuales se domiciliarían en su lugar de trabajo, en varias casillas de madera y nylon, y en una construcción de mampostería antigua semi derruida, que se encontraría implantada en el interior del establecimiento, las cuales se hallarían en pésimas condiciones de higiene y salubridad.
Asimismo se logró establecer que el empleador los obligaria a trabajar en situaciones riesgosas, exponiéndolos a una instalación eléctrica precaria, y no les proveería de los elementos de seguridad ni la ropa de trabajo adecuada.
A su vez se logró acreditar que los menores serian forzados a trabajar en el cultivo de vegetales y en el arado de surcos, quienes no sólo serían sometidos a maltratos físicos y psicológicos, sino que además se los privaría de una escolarización adecuada.
Se estableció además que el sindicado no les proveería a sus empleados de agua potable, obligándolos a consumir agua de una perforación, expuesta a la contaminación de los diferentes agroquímicos que se utilizan en el predio, como así tampoco instalaciones sanitarias dignas, obligándolos a convivir con animales domésticos que duermen en el interior de las viviendas, las cuales tienen pisos de tierra y se encuentran infectadas con cuevas de ratas y otros roedores.
FUENTE/INFODIEZ
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