Fiscal general insiste en que Añez debe ser juzgada por la vía ordinaria y exige inicio del juicio oral

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se refirió a los casos Sacaba y Senkata y la resolución de incompetencia que dos tribunales resolvieron para negarse a enjuiciar a la expresidenta por la vía ordinaria

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que el Ministerio Público no ve otra vía que la ordinaria para juzgar a la expresidenta Jeanine Añez por los casos Sacaba y Senkata, por lo que exigió el inicio “inmediato” de los juicios orales en ambos procesos.

“Se ha sustentado con pruebas contundentes la responsabilidad penal de la señora Jeanine Añez”, remarcó Lanchipa y además aseguró que fue “una sorpresa” la declaración de incompetencia que dos juzgados que se resolvieron en los casos Sacaba y Senkata.

“Se concluye que la decisión asumida apartándose de los antecedentes se encuentra al margen de los principios de legalidad y transparencia constituidos en la Constitución Política del Estado”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.

La autoridad dijo que las comisiones de fiscales han activado los recursos de apelación correspondiente para que los ”tribunales departamentales de Justicia de La Paz y Cochabamba, advertidos de estas arbitrariedades por parte de los tribunales de sentencia, dejen sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida y en consecuencia se de inicio al juicio oral público”.

En ese marco, el fiscal general del Estado argumentó que “el análisis sobre la competencia jurisdiccional para el conocimiento y procesamiento de este caso ha recorrido todo el sistema de impugnación judicial, adquiriendo de esta manera la calidad de cosa juzgada material”.

“Por tanto, la determinación asumida al respecto por esos dos tribunales es de cumplimiento obligatorio para las autoridades de primera instancia”, señaló.

Fojas cero

En ese contexto, Lanchipa deslizó que los tribunales cuestionados pretenden llevar “a fojas cero” los procesos en La Paz y Cochabamba.

“Justicia o impunidad. ¿Qué es lo que se pretende con estas decisiones? ¿Que el caso retroceda a fojas cero? ¿Que todo el trabajo investigativo sea desechado? ¿Que las víctimas tengan que peregrinar nuevamente por justicia?”, se cuestionó el fiscal.

Juicio ordinario

“El Ministerio Público en cumplimiento de los principios que rigen la función fiscal y teniendo una decisión firme de la justicia boliviana para el procesamiento ordinario de estos hechos, manifiesta su censura a cualquier forma ilegal que busque la paralización o demora de un proceso de investigación que tiene una demanda histórica con el país, con su sociedad, y particularmente con las víctimas gravemente heridas, y sobre todo, con las familias, padres, madres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, que perdieron a sus seres queridos”, dijo Lanchipa.

Compromisos

Asimismo, puso en mesa que el Estado boliviano tiene “compromisos y obligaciones con la comunidad internacional” y ese marco “se realiza un seguimiento minucioso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del GIEI Bolivia” sobre este caso derivado de la crisis de 2019.

Lanchipa aseguró que “existen precedentes de fallos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyéndose en lineamientos y jurisprudencia consolidada, de que los Estados miembros no pueden utilizar como excusa o justificación para la no investigación o enjuiciamiento de hechos constituidos en violación de derechos humanos, la vigencia de estructuras judiciales que requieren de autorización de carácter político u otros obstáculos formales que denigren el acceso a la justicia de sus ciudadanos”.

De esa manera, el fiscal rechazó un juicio con privilegios para Añez, que llegó al Gobierno de transición cuando Lanchipa ya era fiscal general.

Proceso contra jueces

Al término de la conferencia de prensa, Lanchipa confirmó que la Fiscalía “analizará y tomará las acciones legales correspondientes para que la emisión de toda resolución manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes sea objeto de investigación y se definan responsabilidades”.

En su juicio, este camino es imperante “más aún cuando dichas determinaciones, de forma arbitraria e ilegal, pretenden dejar en la impunidad graves violaciones de derechos humanos con víctimas pertenecientes a la sociedad civil y en vigencia de un sistema democrático de derecho”.

Fuente/unitel.bo