Reunión de emergencia tras la imputación por el paro de los 36 días: “El gobierno masista insiste en criminalizar las luchas de Santa Cruz”

La tarde de este jueves, la Coordinadora por la Defensa de la Democracia se encuentra reunida para tomar determinaciones

“El gobierno masista insiste en criminalizar las luchas de Santa Cruz.  Esta vez amplió la imputación a otros líderes del Comité Interinstitucional por el paro que exigía la realización del censo”, publicó en sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Él junto a los líderes del Comité Interinstitucional por el Censo -ahora Coordinadora por la Defensa de la Democracia– fueron imputados por varios delitos, como dieron a conocer este jueves 19 de octubre.

“Hemos sido imputados, con un proceso completamente ilegal por denunciantes que no han estado ni siquiera presentes en Santa Cruz, cuando el pueblo cruceño asumió la responsabilidad de exigir un derecho constitucional, que era el Censo de Población y Vivienda”, manifestó Rómulo Calvo, expresidente cívico en conferencia de prensa antes de la reunión.

Calvo percibe que este proceso judicial es una “cortina de humo” para desviar la atención de la agenda política de temas de gestión del Gobierno, entre los que menciona, la economía, el narcotráfico

“Las dictaduras, cuando menos respaldo ciudadano tienen, se vuelven más violentas y duras. Estamos ante el final del masismo autoritario. Mi solidaridad con Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, José Luis Santiesteban y Reinerio Vargas, con quienes unimos fuerzas y defendimos, junto al pueblo cruceño, nuestro derecho a un censo bien realizado y oportuno”, termina el post de Camacho.

“No estamos viviendo en democracia, este es un Gobierno dictador que instrumentaliza la Justicia”, señaló Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm, sobre la denuncia interpuesta por Marcelo Mayta, dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

Los supuestos delitos, de los cuales los acusan son: terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; atentado a la libertad del trabajo y desórdenes o perturbaciones públicas.

“Estamos realizando, como abogado, una defensa técnica y esperamos que esta imputación formal sea rechazada, sea anulada; o, por último, la defensa sea realizada en libertad”, manifestó el jurista José Luis Santistevan, quien recordó que existen actas de las reuniones y mesas técnicas que los representantes del Comité Interinstitucional mantuvieron con representantes del Gobierno.

“No hay ninguna causal, no hay ninguna objetividad para decir que ni el gobernador ni el señor rector, ni el señor vicerrector, ni mi persona, ni el expresidente del comité pro Santa Cruz hubiéramos cometido estos delitos”, agregó el abogado.

Santistevan manifestó que la denuncia ya lleva un año y que en la lista de testigos figuran personas que desconocen el censo; indicó que la lista de testigos fue propuesta por los demandantes y que incluyen al alcalde cruceño y a la ministra de la Presidencia, como algunos de los testigos principales.

“No hay materia judiciable. Lo que nos sorprende es que quien lleva adelante, aparte de la fiscal, es la Ministra de Transparencia. Es decir, el poder político manejando la justicia, judicializando las demandas sociales y las políticas de Estado”, cuestionó.

Durante la conferencia de prensa que brindaron en conjunto las primeras autoridades de la Uagrm, Vargas añadió: “Yo le digo al fiscal, al ministro, al presidente, que son unos cobardes. No les tenemos miedo. Hagan lo que les dé la gana, no nos vamos a callar”.

También indicó que la Coordinadora por la Defensa de la Democracia continuará luchando por la restitución de la democracia en el país.

“Esta mesa, con todos estos miembros, es un reflejo de la institucionalidad cruceña. Podemos tener diferencias, pero nos sentamos, conversamos, coordinamos acciones, lo cual es una necesidad en este momento, y por ese motivo es que estamos acá sentados: hay una emergencia, hay una situación injusta y la institucionalidad se ha sentado nuevamente a coordinar acciones”, expresó Fernando Larach, presidente del Comité pro Santa Cruz, quien estuvo reunido con los representantes de la Coordinadora. Aclaró que solo hablaría de las imputaciones a los líderes cruceños.

Larach indicó que este proceso “es una persecución política más, orquestada por el Movimiento Al Socialismo, utilizando al órgano judicial, en este caso al Ministerio Público”.

Sobre la posibilidad de llamar a una Asamblea de la Cruceñidad fue cauto y señaló que primero conversará con los representantes de la Coordinadora y manifestó que la emergencia en la que se encuentra Santa Cruz ya lleva 18 años, desde que el MAS asumió la administración del Gobierno.

Parlamentarios

Por su parte, la diputada Laura Rojas (Creemos) calificó esta imputación como: “Una clara afrenta a Santa Cruz, es una persecución política”, en referencia al pedido de realización del censo.

“Le decimos al Gobierno que se dediquen a trabajar y que dejen de perseguir, de secuestrar y de amedrentar”, agregó la legisladora.

El diputado Hernán Hinojosa (MAS) sostuvo que solo se está haciendo justicia, porque hubo perjuicio económico. “Debe ser sancionado, de acuerdo con la norma”, señaló, y descartó que se trate de una persecución política.

Lissa Claros, diputada de Comunidad Ciudadana, por su lado, retó a la Justicia a ir por aquellos legisladores que hicieron huelga de hambre por pedir la realización del Censo de Población y Vivienda, y criticó que la “Justicia está manipulada y sometida”. Percibe que esta medida en contra de los líderes cruceños es “persecución política”.

“Se evidencia que en nuestro país no hay el derecho a la libre protesta”, señaló la diputada María René Álvarez (Creemos), quien ve que existe una “persecución política”.

Fuente/eldeber.com.bo