El Mininisterio Público investiga de oficio a cuatro policías por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Uno de ellos ya está con detención domiciliaria.
El Ministerio Público abrió de oficio un proceso penal contra dos efectivos subalternos y dos exjefes antidroga por acatar órdenes para frenar un operativo y así evitar la intervención a cuatro fábricas y un megalaboratorio de droga en Valle Sacta, trópico de Cochabamba. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron que también se incluya en la investigación al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani (el zar antidroga).
“Se ha realizado una ampliación de la investigación con la identificación de cuatro sospechosos que pudieran estar involucrados inicialmente. Se ha estado recibiendo declaraciones testificales”, informó ayer la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales.
Afirmó que la investigación se inició el pasado lunes. Ese día, el expresidente Evo Morales presentó unos audios y denunció que efectivos antidroga protegían al narcotráfico en Valle Sacta; apuntó inicialmente al teniente coronel Erick Terán, exjefe de Umopar Chapare, y luego al coronel José María Velasco, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Se conoció también que están involucrados el capitán Iver De Villegas y el coronel Jaime Arancibia, exjefe nacional de Umopar.
La Fiscalía abrió el proceso por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, dentro del denominado caso Narcoaudios I.
En consecuencia, De Villegas fue aprehendido el jueves y llevado a audiencia de medidas cautelares en Chimoré, donde un juez ordenó su detención domiciliaria, el pago de 20.000 bolivianos de fianza, la presentación cada siete días en la Fiscalía y el arraigo. En cambio, Terán fue citado para que declare el próximo martes en calidad de denunciado.
Ambos oficiales subalternos fueron sindicados en los dos delitos por obedecer órdenes superiores para abandonar las fábricas de droga en Valle Sacta, pese a que Terán se negó a acatar en un primer momento, pero fue amenazado para desistir del operativo, según audios relacionados a la investigación.
“La Fiscalía no sé qué fundamentos tendrá respecto a este tipo penal de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, no se adecúa a la conducta de mi defendido (como) para que la comisión de fiscales pueda realizar alguna imputación formal”, explicó a Página Siete el abogado de Terán, Richard Cayoja. Sospecha que su cliente podría ser aprehendido por este caso.
Por su lado, la fiscal Gonzales no dio a conocer qué actos investigativos se desarrollan contra los exjefes antidroga Velasco y Arancibia. Y no descartó la posibilidad de citar a autoridades que resulten involucradas, así como a Evo Morales, pero a él en calidad de testigo.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, Velasco y Arancibia presuntamente ordenaron a una patrulla de Umopar, comandada por Terán, salir de Valle Sacta sin intervenir las fábricas de droga instaladas en ese lugar. El viceministro Mamani supuestamente dio esa orden, pero no figura en la investigación; tampoco es indagado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, involucrado de manera indirecta.
El diputado del MAS Jhonny Pardo pidió a la Fiscalía ampliar la investigación contra Mamani, ya que hay indicios en su contra. “Tiene que ser ampliada (la investigación), porque la declaración en la prensa que ha hecho el excomandante (Erick Terán) ha mencionado que el viceministro ha estado reunido, entonces tendrá que responder por qué ha estado y por qué ha vertido esa palabra (orden), y su colaborador inmediato también ha mencionado diciendo de que (se) debe salir de ese lugar”, señaló.
El diputado del mismo partido Héctor Arce dijo que si “los informes preliminares demuestran que hay cierta participación del viceministro, tal como se dice, o del ministro, pues nuestro Presidente debe tomar la decisión de manera rápida (sobre el tema)”.
El pasado martes, Erick Terán presentó una denuncia en el Ministerio Público contra el coronel Jaime Arancibia, a quien acusó por cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, concusión, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Detalló que ese oficial dio la orden para que la patrulla de Umopar salga de Valle Sacta, como también el viceministro Mamani y el coronel Velasco; presentó audios y fotografías como indicios de su afirmación.
La fiscal Gonzales aseguró que esa denuncia también está en investigación. Ese proceso fue denominado narcoaudios II.
La oposición considera que hay protección a las autoridades involucradas de parte del gobierno de Luis Arce, por lo se sugirió la conformación de una comisión especial para investigar este tema. También se pidió militarizar el Chapare. “Queremos una investigación exhaustiva a la gente que vive en el Chapare, incluido el expresidente Evo Morales”, señaló el diputado Alberto Astorga.
Citan al exjefe nacional de Umopar, pero no se sabe dónde está
El abogado Richard Cayoja informó ayer que la Fiscalía ya emitió la citación para que el coronel Jaime Arancibia se presente a declarar, en el marco de la denuncia interpuesta por su defendido, el teniente coronel Erick Terán.
“Hemos iniciado la denuncia en la Fiscalía de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, hemos recabado la orden de citación para el coronel Jaime Arancibia y, asimismo, algunos requerimientos que hemos coordinado con el asignado al caso”, refirió el jurista.
Informó que la Policía trata de ubicar a Arancibia para notificarlo con la citación, toda vez que se desconoce su paradero. “Consideramos que el mismo está siendo escondido, se ha escondido de la justicia, porque sabe en el fondo que el mismo, los audios que se revelan, es de él (su voz)”, detalló.
El abogado recordó que en la denuncia contra Arancibia se detalló también la presunta participación de autoridades policiales y de Gobierno (Velasco, Mamani y Del Castillo), a fin de que la Fiscalía amplíe la investigación contra esas personas.
Finalmente, Cayoja cuestionó a la Fiscalía por procesar en un primer caso a su defendido, a quien, dijo, se debería tenerlo como un testigo clave y darle garantías para su seguridad, ya que él tiene conocimiento de lo que ha ocurrido en Valle Sacta el pasado 25 de marzo.
Fuente/paginasiete.bo
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