Acoso sexual a niñas y adolescentes indígenas subió un 40% en Tarija

La mayoría de los casos denunciados en las comunidades quedan en la impunidad por las limitaciones que tiene la justicia comunitaria dentro los pueblos indígenas en el departamento

La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), el Defensor del Pueblo y las instituciones enfocadas en la defensa de los Derechos Humanos, aseguran que los casos de acoso sexual a niñas y adolescentes en los pueblos indígenas del departamento subieron entre un 30 y 40 % durante la pandemia y la post pandemia, a comparación de pasadas gestiones.

Esta información fue denunciada por la primera vicepresidente de la Fedjuve, Rosa Colpari, quien señaló que los casos de abuso a menores de edad en la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guazú (APG-IG), en la provincia O’connor, el pueblo Tapiete y Weenhayek, en el municipio de Villa Montes, aumentaron considerablemente por ausencia del Estado y el descuido de los padres y madres de familia.

Según la dirigente vecinal, niñas desde los 10 años y niños con discapacidad, son las principales víctimas de acoso. La mayoría de los casos, aseguró, ocurren en el entorno familiar, en complicidad con los familiares, ya sean los padres o hermanos mayores, que no denuncian estos hechos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o al Ministerio Público.

Colpari, quien fue exresponsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Entre Ríos, explicó que los progenitores de las menores descubren la violencia sexual cuando la madre o la hermana de la víctima perciben el embarazo de la menor. Sin embargo, guardan silencio y no realizan la denuncia a las instancias que corresponde. O, en algunos casos, aceptan una especie de “conciliación” con el agresor.

Los escenarios geográficos del abuso son la casa de la víctima, zonas aledañas a la comunidad por donde ella transita cotidianamente para realizar sus actividades domésticas, unidades educativas y en algunas ocasiones en eventos sociales, culturales y religiosos organizados por personas foráneas a la comunidad.

La directora de Fundación Acción Cultural Loyola regional Tarija (ACLO), Patricia Serrano, explicó en una anterior entrevista que las raíces que llevan en su mayoría a la violencia sexual hacia mujeres, niñas y jóvenes originarias, es el escenario del trabajo doméstico, además, existe una relación entre la actividad doméstica, la colonialidad, el género y la violencia sexual.

Pero también los representantes de ambas instituciones coinciden en que la pobreza está ligada con la violencia sexual, el abuso y la discriminación en la esfera del trabajo doméstico. Mientras más aguda es la pobreza, más expuestas suelen estar las jóvenes y niñas indígenas a la violencia sexual.

Las instituciones públicas, Derechos Humanos y Defensor del Pueblo, registran al año entre 40 y 50 casos de acoso sexual y violaciones a niñas y adolescentes dentro de los pueblos Guaraní, Tapiete y Weenhayek, sin embargo, varias denuncias quedan en la impunidad por diversos factores sociales, económicos y culturales.

José Cejas, miembro de la Defensoría del Pueblo en Tarija, señala que la impunidad es casi normal ante el abuso sexual de las mujeres indígenas en el departamento de Tarija, por la ausencia del acceso a la justicia ordinaria y comunal, como consecuencia de la política patriarcal, despojo de territorio, discriminación y pobreza.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo plantea a las instituciones públicas de los tres niveles del Estado, trabajar en programas de capacitaciones a las familias, implementar promotoras de justicia comunitaria, socializar los derechos de los indígenas en asambleas generales, reuniones y escuelas, que permitan promover la cultura de la denuncia.

Autoridades guardan silencio ante esos hechos

Las autoridades mantienen todavía un distanciamiento para intervenir en los problemas internos de los pueblos indígenas, porque consideran a este sector con autonomía propia bajo la administración del sistema de la justicia comunitaria.

El exasambleísta del municipio de Entre Ríos, Abel Guzmán, asegura que mientras exista un sistema patriarcado de dominio institucionalizado y de subordinación a las mujeres indígenas, el Estado seguirá ausente en proteger los derechos de los pueblos originarios.

Fuente/elpais.bo