¿Pena de muerte?¿cadena perpetua? Piden modificar políticas criminales y rehabilitar feminicidas

Bolivia registra 11.963 denuncias de violencia en el primer trimestre de este año. Esta cifra es superior a la de la gestión pasada que reportó 11.153 casos.

En lo que va del año ya suman 23 mujeres asesinadas en territorio nacional y la crueldad de los crímenes es cada vez mayor. Solo en el último mes se registraron tres asesinatos en La Paz y Potosí que estremecieron al país por la brutalidad con la que actuaron los feminicidas. Ante esa ola de tragedias, surgen propuestas que exigen al gobierno que endurezca las sanciones por estos delitos con sentencias como la pena de muerte, cadena perpetua o la castración química, sin embargo, la organización de familiares de víctimas de feminicidios de Bolivia propone que se modifiquen las políticas criminales de forma urgente para detener la escalada de violencia y se apueste a la rehabilitación de los acusados por este crimen.

La representante de la organización de familiares de víctimas de feminicidio en Bolivia, Michelle Shaw, en entrevista con ANF explica que si bien hay planteamientos para reabrir el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para feminicidas y violadores en el país, no están sencillo de concretarse debido a que la Constitución Política del Estado establece que no existe ese tipo de condena, y que además esta figura no es sustentable porque la mayoría de los instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos, se suscriben como defensores de la vida, entre ellos la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

“La Constitución y los tratados internacionales como el Pacto de San José impiden que se aplique la pena de muerte en el país”, remarca Shaw a tiempo de recordar que la pena máxima en el país, para delitos graves, es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Ante esa situación, Shaw afirma que desde la organización que representa trabajan en una propuesta para que el gobierno frene la ola de violencia y feminicidios, y entre ellos plantean la modificación de las políticas criminales. Explica que las autoridades, principalmente de Régimen Penitenciario, deberían segmentar a los presos en las cárceles, es decir separar a los reos considerados peligrosos (asesinos, violadores, feminicidas e infanticidas) en un espacio diferente a otros prisioneros que están encarcelados por delitos de bagatela.

Fuente/noticiasfides.com