¿Quiénes son los propietarios del narco aeródromo «La Cruceña» o «Mundaka»?

Los dueños de la pista intervenida por indicios de narcotráfico aún no fueron convocados a declarar. Según la Fiscalía, algunas de las avionetas incautadas están comprometidas en otros casos.

La propiedad y administración del aeródromo La Cruceña es una incertidumbre dentro de la investigación de narcotráfico que derivó, hace una semana, en la detención de 38 personas y la incautación y secuestro de avionetas, sustancias controladas y armas. Los propietarios aún no fueron convocados a dar su declaración informativa en ningún proceso abierto por supuestos ilícitos en la pista aérea.

Los hermanos Iber León Gorena y María Jesús León de Mundaka son propietarios y operadores del aeródromo privado “La Cruceña” desde octubre del año 2015, cuando consiguieron la certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), luego de cumplir los requisitos técnicos exigidos por las normas.

El apoderado de ambos, Javier Mundaka Morales, esposo de María Jesús, obtuvo una renovación de ese permiso intransferible el 28 de octubre de 2021, oportunidad en la que hizo el cambio de nombre de aeródromo “Mundaka” a “La Cruceña”. La pista está ubicada en el municipio de Cotoca, a 20 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra hacia la localidad de Paurito.

En ese interín hubo supuestamente una incautación de avionetas, armas de fuego, teléfonos satelitales, precursores químicos y otros en noviembre de 2019. El pasado 16 de marzo se abrió otro proceso anticorrupción por incumplimiento de deberes contra los funcionarios que resultaran sospechosos de la liberación de las personas y objetos incautados en el anterior operativo.

Finalmente, la Fiscalía antidrogas intervino el aeródromo La Cruceña el pasado domingo 27 de marzo con el resultado de 38 imputados (dos mujeres entre ellos), que ahora están con detención preventiva en el penal de Palmasola, por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y portación ilícita de armas.

Además, en este operativo se secuestraron y precintaron 66 avionetas, 4.870 litros de gasolina de aviación (avigas) en bidones, vehículos, armas en regular y mal estado y equipos de comunicación. Tanto las personas aprehendidas como los objetos incautados estaban en diferentes hangares.

La Fiscalía informó que algunas de las avionetas “están involucradas” en otros casos abiertos por tráfico de sustancias controladas, tanto en Santa Cruz como en el departamento de Beni. Asimismo, en el operativo se encontraron mesas con material de escritorio que hacen presumir que se cambiaban artesanalmente los códigos de identificación de las aeronaves, se duplicaban y se clonaban.

Los propietarios

Hasta el momento no fueron citados los propietarios de La Cruceña para informar sobre su administración y funcionamiento, a pesar de que la reglamentación de la DGAC (RAB 137) establece que un aeródromo privado es donde “únicamente pueden realizarse operaciones de aviación privada autorizadas exclusivamente por el operador o propietario”. La norma reconoce el carácter de propietario y explotador de la pista, lo que significa operador.

En el más reciente operativo se encontraron por lo menos 40 hangares, y la Fiscalía verificó que la gasolina de aviación se obtuvo “sin cumplir requisitos previos como la solicitud de autorización de la DGSC o plan de vuelo, lo que quiere decir que este combustible era cargado a simple petición para luego levantar vuelo (irregular)”.

El publicista de la familia Mundaka le dijo a la prensa que sus clientes dejaron de ser propietarios de La Cruceña, sin exponer algún documento que lo demuestre. Sin embargo, las dos certificaciones tramitadas por el apoderado Javier Mundaka Morales, la última de octubre de 2021, con validez hasta el 2026, están publicadas en la web de la DGAC formando parte de los 107 aeródromos privados autorizados en el país.

Para obtener la certificación de la DGAC, los hermanos León y el apoderado demostraron la propiedad de las tierras donde se extiende la pista de 580 metros de largo y que está habilitada para el tránsito de avionetas de hasta 5.700 kilogramos.

En contacto con Página Siete, Rodrigo Mundaka León, hijo de los dueños, se comprometió a explicar la actuación de su grupo familiar como propietarios y en el manejo del aeródromo con la mediación de un relacionista público. Sin embargo, no lo hizo y no respondió a ningún requerimiento posterior de este medio.

A la consulta de  Página Siete, las autoridades de la DGAC se rehusaron a explicar las condiciones de operación de La Cruceña y otras similares pistas certificadas por esa institución. La respuesta desde la oficina central en La Paz fue: “La DGAC informará oportunamente una vez que la autoridad competente así lo requiera”.

La autoridad competente es el fiscal Carlos Candia, director de la investigación penal, quien aún no convocó a los propietarios, pero anuncia que lo hará.

¿Los señores Mundaka podrían ser convocados a declarar? “Claro, porque según los documentos que tenemos son ellos los propietarios y van a ser convocados todos: los propietarios de las aeronaves, los propietarios de los hangares, estamos requiriendo antecedentes de todas las personas”, dijo Candia.

Hasta el momento ningún dueño de avioneta o hangar se ha acercado a la Fiscalía para presentar descargos o entregar información.

“Era un aeródromo privado autorizado. Estamos esperando que llegue la certificación (de La Cruceña) para ver cómo era la distribución en el lugar, porque hay hangares y aparentemente cada hangar tiene su propietario, y hay avionetas de distintos propietarios. Vamos a ver si ese es el procedimiento para este tipo de aeródromos, vamos a ver si es correcta esta forma de operar”, explicó Candia.

Los Mundaka

Al momento de tramitar la habilitación del aeródromo La Cruceña, los hermanos Iber y María Jesús Mundaka presentaron certificados de antecedentes limpios, obtenidos en la Fuerza Antidrogas el 30 de marzo de 2021. Es decir, fueron emitidos después del supuesto operativo de narcotráfico de noviembre de 2019.

Además cumplieron, dice la certificación de la DGAC, con todas las normas y reglamentos técnicos de construcción. Ello  implica garantizar accesos, constitución de la pista, marcas y señales, drenajes, comunicaciones, mangas de viento, área de estacionamiento, cerco perimetral, etc.

Los documentos oficiales vinculados a los Mundaka, que se pueden obtener a través de sitios oficiales en la web, solo reportan algunos movimientos cotidianos de sus negocios de importación de mercaderías en Comercial Trópico, Almacenes María (Alma) SRL, Lemyr SRL, la importación de productos farmacéuticos y el negocio inmobiliario.

Un listado de aeronaves de la DGAC, correspondiente a 2016, contiene el dato de que Javier Mundaka Morales también es propietario de dos avionetas Cessna (CP-2943 y CP-2944) rematriculadas con base en Trinidad, Beni.

A la vez, esta persona mantuvo un proceso contencioso tributario con la Aduana Nacional desde 2013, durante ocho años, por omisión de pago de impuestos por la importación de una aeronave Cessna 152 desde Estados Unidos. La deuda se fue acumulando hasta ascender a 155.370 bolivianos y fue “dejada sin efecto” por la Autoridad de Impugnación Tributaria de Santa Cruz en julio de 2021. Rodrigo Mundaka publicó  un artículo de opinión en el diario El Deber que titula “Impuestos a los ricos los hace más ricos”.

Por ahora, en este proceso penal abierto están con detención preventiva varias personas que declararon ser caseros (cuidantes) del aeródromo (miembros de una familia) y serenos de distintos hangares en el recinto, dos pilotos y otras tres personas con antecedentes penales.

La imputación formal menciona que todos los imputados “se han repartido diferentes tareas dentro del grupo dedicado al narcotráfico, en donde algunos realizan las acciones de vigilancia con armas de fuego, cargo de combustible, armado de las avionetas, el cargo de la droga, entre otras acciones (…), pues se presume que se contactaban con personas de otro país para proporcionarles la sustancia controlada”.

Un operativo en la pista quedó en el limbo en 2019

El origen del operativo del pasado 27 de marzo en el aeródromo La Cruceña, en ese momento llamado Mundaka, se remite a otra intervención realizada supuestamente en julio de 2019. Se apunta al exdirector de la Felcn Maximiliano Dávila de supuestamente anular el operativo para favorecer a gente vinculada al narco.

De acuerdo con una publicaciones del periódico El Deber, se trató de un operativo antidrogas que incluyó  incautación de avionetas y otros materiales. Una fotografía acompañó la noticia como evidencia del suceso.

El 14 de marzo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado en el que confirma que la fotografía publicada es real, pero corresponde al 14 de agosto de 2019, cuando se realizó una “inspección general al aeródromo Mundaka (…) con el fin de verificar los requisitos de seguridad operacional aplicables a ese tipo de aeródromos, de acuerdo a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 137, apéndice 8”.

La DGAC dice que en los informes de esa inspección, fechados el 19 y 21 de agosto de 2019, se menciona la presencia de la Felcn en el citado recinto.

Con base en la publicación, la fiscal anticorrupción Marcela Terceros abrió proceso, el 16 de marzo pasado, por incumplimiento de deberes contra los funcionarios que resultaren autores de los hechos: supuesta anulación del caso y liberación de personas y objetos incautados.

El 27 de marzo, la Fiscalía anticorrupción realizó un operativo en el aeródromo La Cruceña, pero luego de una inspección general solicitó el apoyo de la Fiscalía antinarcóticos y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. De ese hecho resultaron arrestadas 38 personas y la incautación de 66 avionetas y sustancias controladas.

En su imputación por tráfico de sustancias controladas contra los 38, los fiscales Carlos Candia y Freddy Guzmán mencionan una intervención en La Cruceña ocurrida el 21 de noviembre de 2019 con el código  SC-SCZ 1900497.

Esperamos la certificación  para ver  la distribución,  aparentemente cada hangar tiene su propietario

Carlos Candia, fiscal

Fuente/paginasiete.bo