Comunidad Ciudadana y un experto ven que el Gobierno improvisa la lucha contra el narcotráfico y expone la vida de los uniformados que van poco equipados a enfrentarse con grupos “armados hasta los dientes”.
Las sillas de los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y Wálter Huayhua, además del voluntario del Gacip, David Candia, permanecerán vacías en sus hogares en estas fiestas de fin de año porque los cuatro hombres fueron acribillados por presuntos narcotraficantes -según reportes preliminares -mientras estaban en el ejercicio de sus funciones.
Y no son las únicas víctimas en las filas de la Policía Boliviana, ya que este 2022 por lo menos cinco uniformados también fueron gravemente heridos en emboscadas de gente ligada al narcotráfico en el trópico de Cochabamba. Este último dato fue confirmado por informes policiales.
Mientras, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, asegura que tiene “la mejor gestión de los últimos años”, parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) y expertos califican el trabajo de esa cartera como una de las más deficientes del gobierno del presidente Luis Arce, carente de estrategia y planificación para realizar los operativos y que expone la vida y seguridad de los policías frente a agentes del narcotráfico provistos de equipamiento, tecnología y recursos que el Estado no da.
Los hechos
Era la tarde del feriado 21 de junio, día declarado por el Gobierno como jornada festiva para la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño; Santa Cruz se sacudió con el reporte de dos policías y un voluntario del Grupo de Acompañamiento Civil a la Policía (Gacip) ejecutados en la zona del Urubó del municipio de Porongo.
El entonces comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informaba que por lo menos se encontraron 17 casquillos de armas largas calibre 5,56 y 7,62, las que se habrían empleado para asesinar al sargento mayor Eustaquio Olano, al sargento primero Alfonso Chávez y al voluntario José David Candia, del Gacip.
Los tres hombres habrían sido rodeados por los sicarios, quienes los ubicaron en un triángulo y a una distancia de 80 metros, los ejecutaron a tiros. Un mes después, la noche del 22 de julio, en el municipio de Shinahota del trópico de Cochabamba, una turba de campesinos emboscó a un grupo de policías de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) cuando aprehendía a dos mujeres que trasladaban 70 paquetes de pasta base de cocaína. La turba violenta no sólo impidió que las mujeres sean detenidas, también atacó con furia a los policías a quienes apedreó y golpeó con palos a tal punto que a uno de ellos le provocaron un traumatismo craneoencefálico.
Además de casi matarlos, la turba robó las pertenencias personales de los policías como billeteras, celulares y hasta sus armas de reglamento. La droga desapareció junto con las aprehendidas y el Ministerio de Gobierno no volvió a informar del tema.
El tercer caso, que alarmó a la población, pasó el 16 de diciembre, cuando un contingente de 10 policías del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Umopar, que realizaba un trabajo de investigación en la lucha contra el narcotráfico, fue emboscado en el Parque Noel Kempff.
Del hecho, el policía Wálter Huayhua recibió cuatro disparos de bala y perdió la vida. En la emboscada también murió el colombiano Eduardo Alfonso Suárez, cuyos restos no fueron reclamados por nadie ante lo cual anunciaron que serían sepultados en Santa Cruz.
Análisis
Jorge Santistevan, abogado y militar en retiro, identificó unas cuatro falencias que tiene el Estado para afrontar la lucha contra el narcotráfico, factores que influyen directamente en el desempeño de los policías.
“Hay un bajo nivel del uso de tecnología para realizar un seguimiento estrecho de las actividades, otra debilidad es que la fuerza antidroga no tiene la capacidad de autonomía para desplazarse por aire, tendría que pedir apoyo de la Fuerza Aérea y ésta no está incluida en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
Otra falencia que citó el experto es que los policías destinados a la lucha contra el narcotráfico no reciben una adecuada capacitación para mejorar sus tácticas de lucha, no tienen incentivos económicos por el riesgo que involucran estas operaciones.
En otro factor negativo que cita es que operadores del narcotráfico utilizan organizaciones sindicales para camuflarse y tener presencia dominante en algunas regiones como el trópico de Cochabamba, donde precisamente fueron emboscados cinco policías, o la extensa Amazonia boliviana. “Hay una pésima política de conducción táctica que se debe a que la Policía realiza unilateralmente sus operaciones sin el apoyo de la Fuerza Aérea o del Ejército. Ellos no pueden sostener esta lucha solos”, dijo Santistevan.
“El narcotráfico tiene mejor equipamiento que los policías, usan municiones del mismo calibre que usa la OTAN”.
Jorge Santistevan
Fuente/paginasiete.bo
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