El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó hoy que seis de cada 10 gobiernos autónomos municipales del país no cuentan con una casa de acogida o refugio temporal para mujeres en situación de violencia, lo cual no garantiza la protección de la integridad física y psicológica de esta población.
Estas cifras, presentadas por la autoridad defensorial en el Primer Encuentro Nacional de Servicios Legales Integrales Municipales ‘Una vida libre de violencias’, son parte del Estado de Situación “Derechos humanos en los GAMs” (2021 – 2022) que contiene los resultados de una verificación defensorial en 122 alcaldías para conocer la atención que brindan dichos servicios.
El documento también establece que el 69,7% de las alcaldías no capacitan a su personal sobre la temática de derechos humanos de las mujeres, aspecto que “puede generar desconocimiento de derechos”.
En este contexto, el Defensor enfatizó que, de continuar con esa situación, “se podría incurrir en vulneración o revictimización de las mujeres en situación de violencia que solicitan la atención y protección de estas instituciones”.
La falta de casas de acogida o refugio temporal, y carencia de capacitación al personal municipal, son dos de las conclusiones sobre la atención que brindan los SLIM a poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con diversa orientación sexual e identidad de género.
Respecto a las niñas, niños y adolescentes, el estudio defensorial también señala que solo el 35,2% de las alcaldías cuenta con centros infantiles para el cuidado de menores de la primera infancia.
En cuanto a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, y el informe señala que solo el 18% de ellos desarrollan campañas de prevención o promoción de sus derechos.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo exhortó a los gobiernos municipales que evalúen este accionar, debido a que estas campañas son el medio idóneo para sensibilizar y socializar en la población la igualdad de derechos, la deconstrucción de comportamientos machistas y la eliminación de los discursos de odio contra esta población.
También solicitó fortalecer los servicios para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. En el primer caso, solo el 12,3% de municipios brinda una atención exclusiva; en el segundo, solo el 23% lo hace de manera única y diferenciada respecto a esa población.
Al finalizar la exposición del documento, el Defensor pidió iniciar un proceso de reflexión sobre la importancia que tiene brindar estos servicios a la población en situación de vulnerabilidad en el marco de sus competencias autonómicas.
Redacción/etob
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