El fiscal Junior Flores informó este viernes que la comisión de fiscales, a cargo del caso Gases Ecuador, está ultimando los trámites formales para que la autoridad jurisdiccional emita la orden de aprehensión en contra de la exministra de Comunicación de facto, Roxana Lizárraga, por su presunta “participación directa” en la importación y traslado de armamento no letal de Ecuador a Bolivia en noviembre de 2019.
“La autoridad jurisdiccional para que pueda emitir la orden de aprehensión, justamente a establecido de que primero se haga un oficio a la Dirección de Migración, justamente se haga la publicación de edictos, que son requisitos formales, una vez cumplidos esos requisitos, se emitirá ya el mandamiento de aprehensión”, explicó el fiscal.
Explicó que, tras la audiencia de medidas cautelares de la exministra de Jeanine Áñez, ante su inasistencia injustificada y las pruebas que presentó la Fiscalía, la autoridad jurisdiccional dispuso mediante una resolución la declaratoria de rebeldía.
“La autoridad jurisdiccional del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar ha dispuesto, mediante una resolución debidamente motivada, fundamentada y razonada la declaratoria de rebeldía de esta ciudadana conforme establece ya la norma procesal penal boliviana, establece la publicación de edictos, así como la emisión del mandamiento de aprehensión y otras medidas”, acotó.
Detalló que la Fiscalía solicitó la entrega de la resolución en forma física y mediante ella se activarán los mecanismos procesales para dar con la ubicación de la investigada. Asimismo, se evaluará la activación de mecanismos internacionales.
“Estamos a la espera de la resolución, que se nos entregue de forma física, tomando en cuenta que el Ministerio Público ha pedido en triple ejemplar la resolución y con ello activar los mecanismos procesales para la ubicación de esta ciudadana”, acotó.
En este caso, se investiga la internación irregular de agentes químicos consistentes en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Según las investigaciones preliminares, tras la toma de declaraciones a diferentes testigos presenciales y referenciales se estableció que esta internación irregular se gestó el 15 de noviembre de 2019 en una reunión del gabinete de Áñez y el Alto Mando Militar y policial.
Roxana Lizárraga está imputada y fue declarada en rebeldía por la presunta comisión de delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes, ya que existen indicios de que facilitó que agentes químicos de Ecuador ingresen al país.
Fuente/abi.bo
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